Muy pocos saben que Terrence Terry C. Cole, el actual administrador de la DEA, fue director regional (acting regional director) de esa agencia para México, Canadá y Centroamérica desde la embajada de Paseo de la Reforma hasta su retiro en 2020, y que en 2025 lo volvió al activo el presidente Donald Trump, que lo designó administrador general de la agencia.
Coincidió con los dos primeros años de gobierno de López Obrador y él, que había participado en la localización y destrucción de una veintena de laboratorios de fentanilo, que el presidente negó siempre que existieran en México, tuvo fuertes desencuentros con él que desde Palacio Nacional hizo públicos al declararle la guerra a la organización y en particular a Cole, al que descalificó, desconoció y hasta canceló en 2019 el hangar que tenían en el AICM desde los noventa, donde también operaban la CIA y el FBI.
En realidad, el conflicto surgió por la diferencia de criterios: mientras López Obrador repetía que en México no se producía fentanilo, Cole y los suyos localizaban y destruían narcolaboratorios en territorio nacional; mientras el presidente repetía el eslogan oficial de abrazos y no balazos, Cole detectaba cómo se extendía y diversificaba el crimen organizado y aumentaba la producción de ese opioide letal y su traslado a Estados Unidos, donde en un año llegaron a morir cien mil adictos sin que allá tampoco se hiciera mucho para evitar el consumo.
Cole llegó a decir públicamente que aquí los cárteles de la drogas trabajaban de la mano con funcionarios corruptos del gobierno mexicano en altos niveles, lo que López Obrador negó siempre, exigiendo pruebas.
Y no vaya a ser que ahora, con Cole ya como máximo jefe de la DEA y los narcotraficantes mexicanos bajo proceso en EU como testigos colaboradores, empiecen a surgir las pruebas que López Obrador y ahora la presidenta Sheinbaum han exigido, con toda razón, de esa complicidad narcotraficantes-autoridades mexicanas.
RETALES
1. COMPLICIDAD. Fue un estercolero la sesión del miércoles en el Tribunal Electoral, que dio por legales las elecciones del Poder Judicial. Los tres alineados al régimen rechazaron la propuesta de anulación del magistrado Reyes Rodríguez, apoyado por Janine Otálora, y ya todo quedó atrás, aunque no en el olvido;
2. BROCHA. Vidulfo Rosales, que por una década se manejó como abogado de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, ayer los botó para irse a trabajar con el nuevo presidente de la Corte, Hugo Aguilar; y
3. BIS. Podría ser inminente la repetición del operativo que George W. Bush anunció y lanzó contra el dictador de Panamá, Manuel Noriega, el 20 de diciembre de 1989, pero ahora cambiando fechas y nombres: Trump por Bush, Venezuela por Panamá y Noriega por Maduro.
Nos vemos el martes, pero en privado
