Graciela Teruel, Pablo Gaitán, Gerardo Leyva, Edgar Martínez, y Víctor Pérez
El pasado 13 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de la medición de la pobreza multidimensional 2024. Con ello, asumió una labor que, hasta 2023, correspondía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
En sus comunicados previos, la presidencia del INEGI afirmó que esta transición preservaría la metodología desarrollada y utilizada por el CONEVAL, lo que permitiría dar seguimiento a la evolución de la pobreza y sus distintos indicadores. Sin embargo, tras la publicación de los resultados, se ha podido observar que existen elementos que requieren un análisis más detallado de la fuente de información y/o de la forma de aplicar la metodología de medición multidimensional de la pobreza para preservar la continuidad y comparabilidad de sus resultados.
En esta nota presentamos algunos de los resultados más relevantes difundidos por el INEGI y desde un espíritu constructivo, señalamos los puntos de duda. Despejar estas dudas no solo aumentaría la claridad de la información, sino que también potenciaría su valor para el diseño y la evaluación de políticas públicas orientadas a reducir la pobreza en México.
¿Qué nos dicen los datos de pobreza que presentó el INEGI?
México fue uno de los primeros países del mundo en adoptar una medición de la pobreza con enfoque multidimensional y basado en derechos. Esto significa que la definición vigente, además de considerar el ingreso, incorpora la evaluación del ejercicio de seis derechos sociales: educación, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda y acceso a una alimentación nutritiva y de calidad.
Bajo este marco, se considera que una persona está en situación de pobreza cuando su ingreso es inferior a lo mínimo indispensable para cubrir sus necesidades alimentarias y no alimentarias —estimado para 2024 en $4,565 pesos mensuales en zonas urbanas y $3,297 pesos en zonas rurales— y, simultáneamente, presenta al menos una carencia social que limita el ejercicio pleno de dichos derechos. Si, además, su ingreso es insuficiente para cubrir las necesidades alimentarias —$2,355 pesos mensuales en zonas urbanas y $1,801 pesos en zonas rurales— y acumula tres o más carencias sociales, se le clasifica en pobreza extrema.
En 2024, de una población cercana a 130 millones de personas, INEGI estima que 29.6% (38.5 millones) vivía en pobreza y 5.3% (7 millones) en pobreza extrema. Aunque estos niveles son preocupantes, la atención pública y mediática se ha centrado en los cambios registrados entre 2018 y 2024, por su relevancia como balance del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En ese lapso, las estimaciones de INEGI —y del ya extinto CONEVAL— indican que la pobreza en México se redujo en 12.3 puntos porcentuales y la pobreza extrema en 1.7 puntos porcentuales, reducciones inéditas para un periodo similar desde que se empezó a publicar ese indicador en 2008, y que sólo son superadas por las registradas tras la recuperación de la crisis económica de 1994, cuando la medición se basaba únicamente en el ingreso.
¿Cómo se logró reducir tan rápidamente las cifras de pobreza?
Al tratarse de un indicador multidimensional, la disminución de la pobreza puede explicarse por tres vías que, además, pueden interactuar entre sí: incrementos en los ingresos de los hogares, mejoras en las carencias sociales, o cambios en las fuentes de información y metodologías utilizadas. Entre 2018 y 2024, la información de la ENIGH muestra que el ingreso de los hogares creció 22.2% en términos reales —equivalente a alrededor de 4% anual—, un aumento notable considerando la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19 y el contexto internacional adverso que hubo durante este periodo. Este incremento se ha explicado principalmente por el alza en los ingresos laborales (18%) y en las transferencias (49%).
Dentro de los ingresos laborales, los sueldos y salarios aumentaron 23% y los ingresos por negocios propios 22%; mientras que jubilaciones y pensiones crecieron 43%. Parte de este aumento podría asociarse a políticas como el incremento del salario mínimo, que también elevó el valor de la pensión mínima garantizada (y, por tanto, el ingreso por jubilaciones y pensiones). Sin embargo, dado que la mayoría de la fuerza laboral se encuentra en el sector informal y solo una fracción de los trabajadores formales percibe el salario mínimo, esta política difícilmente explica por sí sola el incremento observado en los sueldos y salarios de los hogares.
En el caso de las transferencias, el crecimiento fue aún más pronunciado: según la ENIGH, los ingresos por programas sociales aumentaron 158%, y dentro de ellos, las pensiones no contributivas registraron un incremento sin precedentes de 585%. Si bien estos montos son considerables, su efecto en la reducción de la pobreza debe matizarse: la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se orientó a la universalización de las transferencias, lo que eleva los ingresos de la población en general, pero limita su impacto focalizado sobre quienes viven en pobreza. De hecho, análisis preliminares del área de pobreza del EQUIDE estiman que la contribución directa de los ingresos por programas sociales captados en la ENIGH 2024 es de alrededor de 2.5 puntos porcentuales, es decir, aun cuando se quitaran todos los ingresos por programas sociales, la pobreza subiría de 29.6% a 32.1%.
Otro elemento relevante son los cambios en el porcentaje de la población con cada una de las carencias sociales, que según el INEGI mostraron un comportamiento mixto entre 2018 y 2024. Se registraron reducciones menores en rezago educativo (-0.4 puntos porcentuales) y en calidad y espacios de la vivienda (-3.1 pp); disminuciones más significativas en acceso a la seguridad social (-5.3 pp), servicios básicos en la vivienda (-5.5 pp) y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad (-7.8 pp); y, en contraste, un aumento muy importante en la carencia por acceso a los servicios de salud (+18 pp). No obstante, en conjunto, el porcentaje de la población con al menos una carencia social —condición necesaria para ser clasificado como pobre— se redujo en 6.6 puntos porcentuales, contribuyendo así a la disminución del indicador de pobreza.
Con base en la información presentada hasta este momento, y considerando que proviene íntegramente de los datos publicados por el INEGI, se observa una mejora relevante en los indicadores de bienestar de la población mexicana entre 2018 y 2024. Sin embargo, aunque el balance general es positivo, es necesario subrayar que persisten algunas dudas en torno al diagnóstico ofrecido por el INEGI, tanto por la naturaleza de la fuente de información utilizada, como por ciertas decisiones metodológicas adoptadas para estimar los indicadores reportados.
¿Qué vemos desde el EQUIDE?
En el EQUIDE, al igual que muchos otros grupos de investigación, hemos seguido de cerca la medición de la pobreza en México desde sus inicios, monitoreando los cambios implementados a lo largo del tiempo, analizando sus implicaciones y proponiendo mejoras para fortalecer el diseño de políticas públicas orientadas a su reducción. Como en otras ocasiones, estamos examinando con detalle los distintos elementos que intervienen en la medición y hemos compartido observaciones con diversas instancias sobre aspectos que consideramos necesario aclarar en torno a la manera en que el INEGI ha asumido las funciones previamente desempeñadas por el CONEVAL.
Aunque el INEGI sostiene que ha mantenido la metodología de CONEVAL, hemos identificado ciertos ajustes técnicos que representan cambios respecto a ejercicios anteriores. Algunos derivan de modificaciones en la fuente de información —la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)—, mientras que otros provienen de decisiones adoptadas para dar continuidad a los indicadores que antes publicaba el CONEVAL.
Uno de los cambios más notorios se encuentra en el indicador de acceso a servicios de salud, donde se modificaron las preguntas y las opciones de respuesta, implicando modificaciones de fraseo (concepto), orden, flujo de la entrevista y agregando opciones de respuesta de preguntas clave. Si bien, como ha señalado el propio INEGI, estos ajustes buscan mejorar la captación de información ante cambios en la operación del sistema de salud, también transforman la naturaleza de los datos recabados y ponen el foco para el análisis de su comparabilidad con mediciones previas. Cambios de este tipo dificultan discernir en qué medida las variaciones observadas reflejan mejoras reales en las condiciones de vida o simplemente responden a mejoras en los instrumentos de medición.
El ejemplo del acceso a servicios de salud es ilustrativo: aplicando criterios apegados a la metodología de CONEVAL, el porcentaje de población con carencia sería de 44.1%; sin embargo, el INEGI adoptó un criterio que clasifica como no carentes a quienes reportan tener afiliación o acceso a “servicios médicos en un centro de salud, hospital o Instituto de Salud Público (Federal o Estatal)”, con lo que la estimación baja a 34.2%.
Algo similar ocurre con la medición del acceso al agua en la vivienda de la ENIGH 2024. Mientras que la metodología de CONEVAL consideraba carentes a quienes obtenían el agua de un pozo, río, lago, arroyo, pipa, acarreo desde otra vivienda o llave pública/hidrante, el INEGI clasificó como carentes únicamente a las personas en viviendas sin agua entubada, independientemente de que su fuente sea un pozo, pipa o de otra vivienda. Bajo el criterio de CONEVAL, 16.3% de la población (21.2 millones de personas) presentaba esta carencia, mientras que con el criterio del INEGI la proporción se reduce a 3.5% (4.5 millones de personas).
En ejercicios previos, cuando se actualizaban indicadores cuya comparabilidad era relevante, el INEGI mantenía en el cuestionario tanto la versión original como la nueva, lo que permitía estimar el impacto del cambio. En esta ocasión, la versión original no se incluyó, impidiendo precisar la medida en que las variaciones en la pobreza multidimensional responden a cambios reales en las condiciones de vida o únicamente a modificaciones en la manera de preguntar.
Otra fuente de preocupación es el acelerado crecimiento de los ingresos corrientes de los hogares en un contexto de bajo o nulo crecimiento económico. A diferencia de lo ocurrido en las ENIGH de 2016, 2018 y 2020, los ingresos de los hogares en 2022 y 2024 crecieron más rápido que los estimados en la Cuenta del Sector Institucional de los Hogares de las Cuentas Nacionales, lo que ha cerrado la brecha entre ambas fuentes del propio INEGI. Esto sugiere una mejora en la captación del ingreso por parte de la encuesta. Dado que las cifras de las Cuentas Nacionales suelen ser más consistentes y robustas, esto implicaría que una parte relevante de la reducción de la pobreza responde a mejoras en la medición del ingreso y no necesariamente a aumentos reales en el ingreso de los hogares.
Asimismo, el análisis de la distribución de los ingresos por sueldos y salarios en la ENIGH 2024 revela dos comportamientos atípicos respecto a 2016, 2018, 2020 y 2022: un aumento notable en la proporción de personas que reportan ingresos entre 10,000 y 12,500 pesos, y una disminución en los ingresos inferiores a 1,000 pesos. Estos patrones no se observan en otras fuentes del propio INEGI, como la ENOE, por lo que sería recomendable que la nueva área responsable de la medición de la pobreza examine si estos cambios afectan las estimaciones y presente una justificación técnica sobre la comparabilidad de las cifras recientes con las de periodos anteriores.
Más allá de simples detalles técnicos o diferencias de criterio, las anomalías detectadas en el volumen y la distribución de los ingresos captados por la ENIGH 2024 pueden alterar el diagnóstico sobre los cambios observados en la pobreza. Por ello, su esclarecimiento por parte del INEGI y de la nueva área responsable de la medición de la pobreza resulta fundamental para fortalecer la credibilidad y la rigurosidad de las estadísticas de pobreza, en un contexto en el que ninguna otra instancia puede fungir como contrapeso efectivo, como lo fue en su momento el CONEVAL.
El propósito de esta nota es visibilizar elementos que permitan contar con un diagnóstico preciso y confiable sobre la magnitud y las características de la pobreza en México, condición indispensable para evaluar hasta qué punto las políticas económicas y sociales han cumplido su objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población, o si es necesario introducir ajustes que permitan avanzar en la promesa de poner primero a los pobres.
Análisis de especialistas de la Universidad Iberoamericana son presentados a nuestros lectores cada 15 días en un espacio que coordina el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericanas, CDMX
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Quienes escriben este articulo forman parte del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide)
