La Unidad de Inteligencia ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el congelamiento de todas las cuentas bancarias y de inversiones de León Manuel Bartlett Álvarez y de Julia Abdalá Lemus, hijo y pareja, respectivamente, de Manuel Bartlett Díaz, ex director de la Comisión Federal de Electricidad, quien está siendo solicitado por el gobierno de los Estados Unidos por su presunta participación en el caso del asesinato de Enrique Camarena Salazar, ocurrido el 9 de febrero de 1985 en Guadalajara, Jalisco.
En la que sería una de las primeras acciones del nuevo titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, ratificado esta semana por la Cámara de Diputados, el organismo solicitó el bloqueo inmediato de las cuentas de la familia Bartlett, lo que confirmaría la existencia de una investigación abierta desde el gobierno federal en torno al también exsecretario de Gobernación y exgobernador de Puebla, y quien después de haber colaborado en el gobierno de López Obrador, se encuentra retirado de la vida política.
Fuentes cercanas a la familia del político poblano, confirmaron que tanto León Bartlett como Julia Abdalá han sido ya notificados del congelamiento de cuentas, por los que ambos consultaron a varios despachos de abogados en busca de iniciar una defensa legal ante la medida dictada por la UIF que les cancela el acceso a sus recursos.
Apenas el pasado 16 de julio a Manuel Bartlett Díaz se le vio entrar al Palacio Nacional, luego de varios meses de no aparecer en público. Su llegada al edificio donde despacha la presidenta Claudia Sheinbaum desató toda clase de especulaciones, a tal grado que al día siguiente le preguntaron a la mandataria en su conferencia matutina si había recibido al ex director de CFE y ella aclaró:
“Sí vino a ver una persona que trabaja en consejería (jurídica), el que fue su Jurídico durante su periodo. Me informaron que vino a eso, aquí trabaja mucha gente, no sólo la presidenta, trabaja toda la Secretaría de Hacienda, una parte de Consejería Jurídica, entonces cuando vienen a ver un asunto, pues entran por Palacio Nacional y van a ver a una u otra persona. Ahora, no tiene nada de malo, absolutamente nada de malo. Que le hayan hecho una campaña al licenciado Bartlett. Él llegó, entró a ver y fue a ver a una persona, para un asunto particular”, dijo la presidenta en tono molesto.
El pasado 7 de agosto el periodista Raymundo Rivapalacio publicó en su columna “Estrictamente Personal”, que “las autoridades mexicanas ya fueron advertidas: Manuel Bartlett va a ser acusado en Estados Unidos por haber autorizado que le informaran a Rafael Caro Quintero, uno de los jefes del extinto Cártel de Guadalajara, que Enrique Camarena Salazar era un agente de la DEA infiltrado en esa organización criminal. Ese aviso llevó a su muerte en 1985 y su participación en el crimen, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, no se detuvo ahí. Bartlett también ayudó a que Caro Quintero no fuera detenido en México, por lo que pudo fugarse del país”.
Según el mismo Rivapalacio, “las autoridades mexicanas ya le informaron a Bartlett de su situación en Estados Unidos”, y la verdadera razón de su visita a Palacio, de acuerdo con el periodista, fue que lo citó la consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, quien le habría informado de su situación y de la presentación de grabaciones de las torturas a Kiki Camarena y a su piloto Alfredo Zavala, por parte de los fiscales estadounidenses ante la Corte del Juez Frederick Block, en Brooklyn, en donde habría también pruebas de su presunto involucramiento en el asesinato del agente de la DEA.
La acción de la UIF en contra de la familia Bartlett, confirmaría que ya se le abrió también una investigación por parte del gobierno mexicano o que dicha decisión también pudo haber sido solicitada por las autoridades del Departamento de Justicia, en razón de las investigaciones que ellos tienen abiertas en contra del político mexicano.
Hace ya 40 años del caso Camarena y desde entonces las autoridades de la DEA tienen la mira puesta en Bartlett Díaz, a quien consideran una pieza clave en el asesinato de su agente a manos del Cártel de Guadalajara. El entonces secretario de Gobernación, en el sexenio de Miguel de la Madrid, es visto como la parte que le falta a la agencia antidrogas para cerrar su llamada “Operación Leyenda”, la investigación a través de la cual lograron documentar cómo fue el secuestro, tortura y asesinato del “Kiki” en febrero de 1985.
Las presiones de Estados Unidos para que México extradite al político poblano se incrementaron a raíz de que Rafael Caro Quintero, uno de los asesinos intelectuales del agente de la DEA, llegó finalmente a EU, entregado por el gobierno de la presidenta Sheinbaum en febrero pasado, luego de 6 años en los que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se negó a extraditarlo y rechazó varias peticiones del Departamento de Justicia. Con Caro ya en prisión y a punto de empezar su juicio, solo les faltaría Bartlett para cerrar un caso que, para la Agencia antidrogas estadunidense se volvió un asunto de “honor” y de justicia para su agente caído.
Cuando concluyó el sexenio de López Obrador, se habló mucho de que Manuel Bartlett Díaz sería enviado, por órdenes del ex presidente, como embajador de México en París, con la idea de que concluyera en la llamada Ciudad Luz, donde él vivió en distintas etapas de su vida, además de darle la inmunidad diplomática. Pero por alguna razón su nombramiento nunca llegó y hoy, a juzgar por las acciones que está tomando la UIF en contra de los Bartlett, difícilmente llegará, y es más probable que, dentro de las peticiones y exigencias del gobierno de Trump, la Presidenta no tenga otra opción que ceder y entregarlo a las autoridades estadounidenses.
Notas indiscretas…
Y hablando de Trump y de su gobierno, sigue el “desvisadero” de políticos mexicanos a los que se les están cancelando sus visas estadounidenses, mientras se les detiene al intentar cruzar la frontera y se les informa que ya son “personas non gratas” para su país o que están siendo objeto de investigaciones. Esta semana, le tocó el turno a la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas, y a su esposo, el notario Oscar Mario Hinojosa Ramírez, quien fue director de la Policía Judicial de Tamaulipas en el gobierno del priista Tomás Yarrington. Esta semana, cuando ambos intentaron cruzar la frontera, como solía hacerlo habitualmente, pero los agentes de Migración les pidieron pasar a un cuarto y ahí les comunicaron que ya no eran bienvenidos a Estados Unidos y les cancelaron su visa. Según información de periodistas tamaulipecos y que confirman también fuentes en Estados Unidos, el pasado martes la alcaldesa morenista y su esposo intentaron cruzar, como lo hacían habitualmente hacia Laredo, Texas, en donde, como muchos mexicanos que radican en la frontera, ellos vivían del lado de la Unión Americana. Pero en esta ocasión los agentes estadounidenses al revisar sus documentos les pidieron pasar a una oficina donde fueron interrogados y al final se les informó que no podían ingresar a territorio estadounidense y que sus visas habían sido canceladas por su gobierno. La alcaldesa de Nuevo Laredo acababa de ir a Nueva York, en donde participó en un evento de la ONU en el que la presentaron como representante de los alcaldes mexicanos, por lo que su sorpresa cuando le fue negado el acceso fue mayúscula. Otro caso fue el de la alcaldesa de Mexicali, la también morenista Norma Alicia Bustamante, a cuyo esposo, Luis Samuel Guerrero, también lo retuvieron en la garita de Calexico para interrogarlo y le informaron que su visa sería retenida y cancelada por las autoridades estadounidenses. Aunque en los medios de la capital de Baja California se afirmó que también a la presidenta municipal le habían cancelado la visa, ella informó en un comunicado que sólo había sido a su esposo al que le retuvieron y cancelaron la visa, sugiriendo que ella aún la tiene vigente. Tal vez es cosa de que intente cruzar para que se entere que tampoco ya es bienvenida a los Estados Unidos…A propósito de visas y extradiciones, ahora que se envió a un segundo grupo de capos y sicarios mexicanos a Estados Unidos, circuló una información de que uno de los extraditados, José Francisco Gómez Mendoza, había recibido “pagos millonarios” en contratos de obra pública por parte del gobierno del morenista Américo Villarreal en Tamaulipas. A Mendoza y a su pareja los relacionaron, en esa información con JF Construyendo y Megamax, dos empresas que habrían sido utilizadas para recibir dichos contratos de obra pública del gobierno tamaulipeco. Ayer el gobierno de Américo Villarreal, a través de su Secretaría de Obras Públicas, aseguró que “la información es falsa y que no existe prueba alguna ni evidencia documental de que se le hayan otorgado contratos a Gómez Mendoza. “La administración estatal aclara que no existe ningún vínculo contractual ni societario con dicho individuo. Además, el gobierno del Estado precisa que la Secretaría de Obras Públicas ha señalado en reiteradas ocasiones que ninguna de las personas incluidas en la lista de extraditados forma parte del padrón de contratistas del Estado, menos José Francisco Mendoza Gómez”, dijo la administración tamaulipeca en un comunicado. Incluso, mencionan que el dueño de la empresa JF Konstruyendo, S.A. de C.V., a quien vinculan a la persona extraditada, informó el pasado jueves a través de su representante legal, José Francisco García Flores, en conferencia de prensa, que no tiene relación alguna con Mendoza Gómez y mostró documentación que acredita su legalidad. “Esta información dolosa nos ha causado un gran daño moral a la familia y a la empresa”, dijo el empresario. Por su parte, el portal Artículo 7, autor de la presunta investigación, emitió una fe de erratas en la que reconoció que la información publicada fue incorrecta y ofreció una disculpa pública a la empresa y a sus audiencias…Los dados cierran semana con Escalera. Buen fin y descanso para los amables lectores.
