Aunque el año entrante no habrá elecciones federales en México, la actividad político-electoral nacional podría costar 25 mil 896 millones de pesos, acorde con el anteproyecto presupuestal para el Instituto Nacional Electoral (INE), sin contar al Tribunal Electoral ni el financiamiento a los seis partidos políticos nacionales.
Los 18 mil 159 millones que solicitará el INE no consideran sólo lo necesario para su operación, sino una cantidad precautoria de 3 mil 119 millones para organizar consultas populares en caso de que se diera luz verde a un ejercicio de esa naturaleza.
En lo que toca a las prerrogativas de los partidos, éste sería el único monto no sujeto a recortes, pues se calcula con base en una fórmula establecida en la Constitución, tanto para gastos ordinarios como para campañas proselitistas, por lo que se les asignarán 7 mil 737 millones de pesos distribuidos entre las seis fuerzas políticas nacionales.
Después de varios meses de análisis fue elaborado el anteproyecto de Presupuesto 2026 del INE, el que en los próximos días será sometido a consideración del Consejo General y, posterior a ello, se enviará al Ejecutivo a fin de ser incluido en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026. Es decir, la última palabra respecto al monto aprobado para la actividad político-electoral la tiene la Cámara de Diputados.
El documento base prevé una partida de 9 mil 311 millones de pesos para el pago de la nómina del instituto, de alrededor de 20 mil trabajadores en todo el país; a su vez, la cartera institucional de proyectos costaría 2 mil 499 millones.
En esta cartera se incluyó un total de 304.1 millones de pesos para empezar a organizar –desde septiembre– el megaproceso electoral federal de 2027; asimismo, 264.9 millones para coordinar elecciones locales, aunque en este caso sólo habrá una, en Coahuila, para renovar su Congreso.
Según el anteproyecto de presupuesto, los 18 mil 159 millones que pedirá el INE significan una cifra menor en 7.57 por ciento respecto a lo ejercido este año; sin embargo, en aquel periodo fueron autorizados 6 mil 219 millones para organizar la elección judicial del pasado 1º de junio. La nómina del INE cuesta actualmente 8 mil 817 millones, contra 9 mil 311 que se pedirían para el año entrante, considerando los efectos inflacionarios.
Para la actualización del padrón electoral este año se consideraron alrededor de 200 millones y para el entrante piden 337 millones, en el contexto de una estrategia de actualización digital, incluido el reforzamiento del formato de la credencial para votar.
Además de la nómina, los gastos más altos del INE tienen que ver con la organización de comicios y el Registro Federal de Electores.
Su estructura descentralizada se lleva buena parte de los recursos, esto es, mil 339 millones para las 32 juntas locales (una por cada entidad federativa) y 5 mil 606 millones para las 300 juntas distritales.
En tanto, para la operación de la presidencia del Consejo General se solicitarán 65 millones y para las oficinas de las consejerías, 248 millones, mientras que para los servicios de informática serían 763 millones, por mencionar algunas áreas del instituto.
