Contra lo que maquina el régimen que se apresta a chatarrizar las instituciones electorales, la consejera presidente del INE, Guadalupe Taddei, supone bien: “La confianza ciudadana es nuestra legitimidad”, como tituló su artículo de ayer en MILENIO.
Su optimismo contrasta con la visión cuatrotera de un instituto plagado de instancias prescindibles, al que achaca la patraña de organizar las elecciones “más caras del mundo”.
“El INE no es una institución del pasado”, escribió Taddei, “es un pilar de la democracia presente y un garante para el futuro”.
Pero el presidente de la comisión que redactará la iniciativa de reforma, Pablo Gómez, afirma que “los sistemas políticos envejecen”, por más que Taddei piense que al INE se debe “fortalecerlo, modernizarlo y acercarlo aún más a la ciudadanía…”.
Aunque desde 2022-2023 —y con Pablo Gómez como escribano— López Obrador pergeñó una estalinista reforma que rechazaron los diputados e invalidó la Suprema Corte (por su desaseo legislativo), la esencia de su maldad se perfila en la que presentará la presidenta Sheinbaum, se supone, en los primeros meses de 2026.
Con el cuatroteísmo a estas alturas, no sorprende tanto la amenaza de tan destructiva idea como que algunos consejeros electorales no reparen en que su sobrevivencia se debe a que el morenismo los necesitaba para imponer la fraudulenta “elección popular” de jueces, magistrados y ministros.
Para los amnésicos, Taddei recuperó que “en solo 25 años han gobernado este país cinco presidentes de la República, representantes de tres distintas fuerzas políticas. Esa alternancia pacífica, ejemplar en muchos sentidos, ha sido posible gracias a la confianza ciudadana en las elecciones y en quien las organiza”. Es por eso que “la transición política se institucionalizó, se consolidó una etapa de estabilidad democrática”, y el INE de hoy “es el corazón técnico y ciudadano de la democracia mexicana”.
Pues ese corazón está por infartarse, entre otras razones por la convicción expresada por Gómez y sus camaradas de que se trata de hacer valer el peso de sus mayorías inconstitucionales que el INE y el Tribunal le concedieron.
Entre otras barbaridades, la esencia de la iniciativa original —como lo analizó hace dos años Integralia, de Luis Carlos Ugalde— comprende extinguir o reducir la representación proporcional en el Congreso (de la que Gómez, el PT y el Verde han sido beneficiarios); extinguir los órganos electorales locales (Oples), incluidos los del Tribunal; que el gobierno pueda cacarear sus preferencias durante las elecciones; que a los partidos se les niegue o reduzca el presupuesto en años no electorales (aunque sin financiamiento público serán más vulnerables al dinero sucio), y deja las coaliciones en duda porque no es claro cómo se compaginaría el sistema de listas con las alianzas entre partidos, lo que implicaría la desaparición de las coaliciones.
Lo que se avecina, pues, es la dictadura de las mayorías, variante de todo el poder para los mexico-soviets…
