Fue detenido junto a cinco servidores públicos por presunto traslado forzado de personas a otra ciudad
EL UNIVERSAL
Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que el Juez Oral Penal, Carlos Omar Montoya Cárdenas, pese a los medios de prueba presentados, determinó emitir auto de no vinculación a proceso en contra del ex comisario de policía de Hermosillo, Manuel Emilio Hoyos y otros cinco funcionarios que presuntamente participaron en el traslado de personas a otras ciudades en contra de su voluntad.
El pasado 7 de agosto, fueron detenidos junto con el ex mando policiaco, Ángel Aly Adzdu “N”, Francisco Guadalupe “N”, Pánfilo “N”, José Ángel “N” y Luis Mario “N”.
Horas después, se les otorgó libertad condicionada, pago de garantía económica, restricciones para salir de su distrito judicial y restricción a acercarse a las comandancias, testigos o víctimas.
Se solicitó ampliación de término para presentación de pruebas por parte de la defensa y se fijó el día 12 de agosto para la audiencia, donde el juez resolvió la no vinculación a proceso.
La Fiscalía de Sonora emitió un pronunciamiento de inconformidad e insistirá en que se castigue a los implicados en el caso de traslados forzados.
Como es del conocimiento público, los señalados fueron imputados por la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de privación ilegal de la libertad equiparada, así como abuso de autoridad, inició la explicación de la Fiscalía de Sonora.
Lo anterior, se remonta al día 21 de mayo de 2025, cuando se realizó un traslado masivo de personas en aparente situación de calle, sin su consentimiento, de la ciudad de Hermosillo a diferentes puntos del Sur del Estado, esto contemporáneo a las Fiestas del Pitic.
En este sentido, se presentaron ante el Juez datos de prueba para acreditar que dicho traslado no se realizó al amparo de ningún programa de carácter social impulsado por el municipio, toda vez que existe informe de autoridad rendido por la Directora General del Sistema DIF del municipio de Hermosillo, quien afirmó que dicha dependencia no fue la encargada de realizar el programa “Camino a casa” los días 21 y 22 de mayo del año 2025; mismo que consiste en trasladar a personas en situación de calle a su ciudad de origen.
Por lo anterior, los imputados y su defensa no demostraron un mandato de autoridad que solicitara su colaboración por alguna dependencia para la realización del mencionado traslado.
De hecho, fueron expuestas ante el Juez las entrevistas rendidas ante el agente del Ministerio Público donde la Titular del DIF Hermosillo amplió su informe de autoridad y, de manera categórica, negó su participación en la realización y ejecución del mencionado programa “Camino a casa” en la fecha de los hechos delictivos.
Asimismo, se expuso la entrevista del Director de Asistencia Social del DIF Municipal quien corroboró lo afirmado por su superior jerárquica, en el sentido que no participaron en la realización y ejecución del traslado de personas.
Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción expuso al Juez los registros de oficios signados por Manuel Emilio “N” en su carácter de Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de la ciudad de Hermosillo donde comisionaba elementos en fecha 21 de mayo para la realización del mencionado traslado que tendría salida de la ciudad de Hermosillo hacia el sur del Estado.
De igual manera se expuso ante el Juez señalamientos directos por parte de las víctimas hacia los policías municipales que en contra de su voluntad realizaron su traslado, a los que se suman los correspondientes a los propios subordinados hacia sus superiores jerárquicos, quienes señalaron que éstos le ordenaron la realización del traslado.
También, se especifica que los señalamientos antes descritos, además de realizarse de forma expresa, fueron practicados mediante la diligencia de reconocimientos de personas por fotografía, lo que no da lugar a ningún tipo de equivocación en su identificación.
Los anteriores datos de prueba fueron desestimados por el Juez Carlos Omar Montoya Cárdenas, quien determinó la no vinculación de los imputados a proceso.
Por lo anterior, la Fiscalía Anticorrupción si bien respeta la resolución del juez, no la comparte y con datos de prueba que no fueron admitidos en audiencia, insistirá en la pretensión punitiva del Estado, para que estos hechos no queden impunes.
