Esto no lo dijeron García Luna ni Calderón. Tampoco Isabel Miranda de Wallace, María Elena Morera o Alejandro Martí. Lo expresó fuerte ayer en Palacio Nacional el fiscal Gertz, ante la presidenta Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Lo copio y pego, sólo para el registro: “El delito de secuestro, después del de homicidio, es el delito más grave que puede sufrir cualquier persona.
En este caso particular (el de Israel Vallarta), hay seis personas que sufrieron un secuestro. Esos secuestros se llevaron a cabo antes de que hubiera una diligencia, evidentemente ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión. Es una obligación moral, es una obligación ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro, y nosotros vamos a proceder a través del recurso de apelación en la defensa de esas víctimas y del derecho que tienen a la reparación del daño”.
Algunos, desde el quehacer periodístico, no hablamos de obligaciones éticas y morales, sí de un compromiso con el registro y el procesamiento de la información. En el caso Vallarta registramos víctimas de secuestro desde un principio. Veinte años después, la FGR subraya el hecho esencial de esa historia siniestra: la existencia de víctimas de Vallarta y su grupo. Sólo para el registro.
