Julio Brito A.
Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Minero, derrochó importante suma de dinero sindical para financiar un mal logrado documental en contra -una vez más- de Grupo México, repitiendo clichés ya conocidos. El hoy diputado morenista Gómez Urrutia avienta la piedra desde la página de Facebook de algo que se llama Sindicato Minero “Los Mineros”.
El líder de los Mineros siempre encuentra manera de malgastar las cuotas sindicales, ese que viene del trabajo de los verdaderos mineros. Cuando no son sus videos, es la promoción de su autobiografía o la contratación de alguien que se anime a hacer preguntas o hacerle notas por encargo. Para lo único que Napito nunca tiene dinero es para los mineros que siguen en la lucha auténtica por sus derechos y que para colmo tienen que hacerle el juego cuando se le ocurre usarlos como masa de maniobra.
Será por eso que cada vez más trabajadores mineros hacen votos para que el líder sindical deje de alimentar sus fobias y se dé un tiempo para escuchar las necesidades de la base. No vaya a ser que el líder minero le pinte otra raya al tigre de las incongruencias de la 4T y la transformación con su insistencia en ser paradigma de viejo sindicalismo mexicano: nepotismo, control arbitrario, riqueza excesiva y opacidad.
REGULACIÓN.- En el tablero económico de la Ciudad de México, la gentrificación se ha convertido en un factor que trasciende lo social y se instala en el terreno de la competitividad urbana. Los “Diálogos de Ciudad contra la Gentrificación” impulsados por el gobierno capitalino buscan diseñar políticas para contener el alza de rentas y ampliar la oferta de vivienda asequible. En este contexto, la voz de los anfitriones y de las plataformas de hospedaje es relevante para la toma de decisiones.
En el caso de Airbnb, los números son los que atraen la atención del sector privado: los 26 mil alojamientos temporales activos en la CDMX representan apenas el 0.7% del parque habitacional, pero en 2023 generaron más de 22 mil millones de pesos en derrama económica y más de 46 mil empleos. Además, ha retenido y entregado más de 650 millones de pesos en impuesto al hospedaje desde 2017. Estos flujos sostienen a una cadena de valor que incluye desde microempresas de limpieza y mantenimiento hasta restaurantes, transporte y proveedores locales.
El Bando 1, promulgado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con su propuesta de limitar a 50% las noches disponibles al año, podría provocar tres efectos inmediatos: pérdida de ingresos para anfitriones (en su mayoría mujeres y adultos mayores), contracción del consumo en negocios de barrio y la caída en la recaudación fiscal. A esto se suma el riesgo de mercado: el desplazamiento de la oferta hacia plataformas no reguladas o canales informales, sin estándares de calidad ni beneficios tributarios para la ciudad.
Desde la perspectiva empresarial, el mensaje es claro: la regulación no debe frenar un modelo que ha demostrado capacidad de generación de valor local y atracción de visitantes nacionales e internacionales. La apuesta debe ser por una normativa diferenciada que distinga entre anfitriones individuales —que ven en la plataforma una vía de autoempleo— y corporativos que gestionan edificios completos para renta temporal.
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