La consejera Carla Humphrey pide que se ordene investigación para detectar quién compartió documentos de la Comisión de Fiscalización y dentro de la Unidad Técnica respectiva para que sancionados conocieran el rumbo del debate
Eloísa Domínguez
CDMX — La democracia en México no puede ir a procesos electivos simulados, con uso de recursos públicos dispersados de diversas formas digitales contra la voluntad del voto ciudadano como ocurrió el pasado 1 de junio, cuando nuevos juzgadores ganaron por la vía del llamado ‘acordeón’ que amerita una sanción por más de diez millones de pesos contra 118 juzgadores al ser parte de conductas fuera de la ley electoral.
Carla Humphrey, consejera presidenta de la Comisión de Fiscalización, expuso que antes de llegar a este debate en el Consejo General del Instituto, los nuevos juzgadores que ya obtuvieron su constancia mayoría hicieron llegar a este instituto quejas contra un proyecto sancionatorio que, se presume, estaba en la confidencialidad.
Humphrey Jordan pidió que se abra una investigación contra estas filtraciones, y, en su caso, se den las vistas necesarias a las autoridades competentes con el fin de frenar estas conductas que atentan contra la integridad y legalidad del procedimiento sancionador electoral”.
La consejera electoral detalló que la Unidad Técnica de Fiscalización realizó un trabajo exhaustivo respecto al comportamiento de los candidatos al Poder Judicial de la Federación y también de las entidades donde se celebraron estos comicios que cometieron faltas en la transparencia y clara rendición de cuentas para su promoción, sobre todo en plataformas digitales.
“Con base en éstas, y otras faltas, la UTF propone sancionar a nivel federal por un monto global de $10,364,410.04 millones de pesos, que se desagrega por cargo”, se expone además en los documentos a debate del Consejo General del INE.
“Estamos ante el cierre de la fiscalización del primer Proceso Electoral Judicial en la historia democrática de México. Fiscalizamos más de siete mil 700 candidaturas, analizamos más de siete mil 300 informes de campaña y auditamos un universo de casi 900 millones de pesos en ingresos y egresos; un esfuerzo sin precedente, con plazos inéditos y reglas de reciente creación.
“Del total de observaciones formuladas, hoy se propone la imposición de sanciones por más de 10 millones de pesos a nivel federal y ocho millones a nivel local”, detalló la funcionaria electoral.
Indicó que a nivel federal el 83 por ciento de estas sanciones se concentran en magistraturas de tribunales, colegiados de Circuito, en juezas y jueces de Distrito. A nivel local, Chihuahua y el Estado de México destacan peor la concentración del 35.9 por ciento del total sancionado.
Derivado de este procedimiento, el Consejo General aprobó este lunes sanciones económicas contra 118 personas juzgadoras que ganaron cargos judiciales, al acreditarse que “fueron beneficiadas por los llamados ‘acordeones’: listas impresas y digitales que promovían candidaturas específicas, lo cual constituye propaganda ilegal”, de acuerdo con el proyecto sancionador.
Las multas, equivalentes al 10 por ciento del tope de gasto de campaña según el cargo, oscilarán entre 22 mil y 146 mil pesos.
Cabe destacar que este monto será ajustado con base en la capacidad económica de cada sancionado, conforme a información del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Las sanciones serán dobles si los nombres de los candidatos aparecieron tanto en acordeones físicos como digitales.
Los consejeros se enfrentaron a una investeeigación de 61 tomos de diligencias en los que se acreditó que hubo 336 ‘acordeones’ físicos con al menos diez modelos distintos, así como sudifusión enpáginasco en cadenas de mensajería.
Pese a que en el Consejo General la votación estuvo claramente dividida, porque cinco votos se oponían -Uuc-kib Espada, Norma Irene de la Cruz, Jorge Montaño, Rita Bell López Vences y Guadalupe Taddei- no ven por ninguna parte la forma de identificar a responsables de la “habilidad” para crear esta simulación de elección judicial, la mayoría se impuso para dar continuidad, incluso,a la investigación, que además arroja que los candidatos que no ganaron y sí estuvieron en esas listas de guía, también serán sancionados con el 5 por ciento del monto que fue ubicado de la falta administrativa.
Fiscalizar, dijo Carla Humphrey, en el siglo XXI con herramientas del siglo XX ya no es una opción. Hoy respondemos con hechos, con dictámenes documentados, con evidencia, con visitas de verificación, como lo dije, con requerimientos al SAT, a las CNBV y plataformas como Google y Meta.
“Pero el desafío no termina aquí, apenas comienza. Por eso es urgente la reforma reglamentaria, la cual hemos trabajado a la par del proceso electoral judicial y que se presentará en primer lugar a consejerías electorales y después, por supuesto, a partidos políticos.”
Y llamó al Tribunal Electoral a evaluar los dictámenes de fiscalización de quien ejerza su derecho impugnar respecto de quienes aspiran a integrar su propio cuerpo jurisdiccional.
“Quien aspira a juzgar debe ser la o el primero en respetar la ley. Quien quiera interpretar el orden jurídico debe haberlo cumplido desde el primer acto de su postulación. No se puede construir legitimidad desde la omisión ni desde la simulación. Por eso, estas sanciones no solo son necesarias sino indispensables”, dijo la consejera con lo que abrió otro gran debate de más de tres horas.
