José Luis Jara
Recuerdo que, de niño, jugábamos a las adivinanzas como quien juega con la lógica y el corazón. Una de ellas —no sé si el pueblo sediento la recuerde— decía:
“Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. El que no me lo adivine es un burro cabezón.”
De ahí nos saltábamos a otros juegos, todos ellos inocentes, nacidos en esas conciencias tempranas donde creíamos que el agua era para todos, que a nadie se le niega un vaso de agua. La enseñanza bíblica es clara, profunda y conmovedora: “Dad de beber al sediento, dad de comer al hambriento…”. Quizás aún la repite el pueblo creyente, como acto de fe y de justicia elemental.
Esa adivinanza infantil encierra una sabiduría olvidada: reconocer al otro como igual. Tal vez, en el fondo, también nos advertía que el agua no debe ser objeto de codicia, sino causa común. Pero en Sonora, esa conciencia ha chocado de frente con una realidad donde el poder ha hecho del agua una herramienta de dominio. Una historia donde el líquido vital ha sido expropiado por quienes confunden gobierno con propiedad, soberanía con saqueo.
Aquí comienza el recuento de las familias y empresas que se han beneficiado con los planes hídricos más famosos en la historia de Sonora.
El agua corre hacia el poder
Por siglos, el agua en Sonora no ha fluido al ritmo de la lluvia ni ha seguido la lógica de la gravedad —de la montaña al mar—, sino que ha obedecido las rutas dictadas por los intereses del poder. En esta tierra de desiertos fértiles y ríos saqueados, los planes hídricos han servido menos para asegurar el derecho humano al agua y más para garantizar privilegios. Basta con seguir el cauce de las grandes obras hidráulicas del siglo XX y XXI para descubrir a sus verdaderos beneficiarios: consorcios agroindustriales, dinastías políticas y corporaciones mineras que han bebido del recurso común como si fuera un bien hereditario.
Ríos para sembrar fortuna
En los años 40 y 50, con la construcción de presas como la Álvaro Obregón y la Adolfo Ruiz Cortines, nació una nueva aristocracia agraria en el sur de Sonora. No fueron los pueblos originarios ni los pequeños ejidatarios quienes se beneficiaron con los grandes distritos de riego del Valle del Yaqui y del Mayo, sino las familias Obregón, Almada, Encinas y Bours. Bajo la bandera de la modernización agrícola, esas tierras se llenaron de canales y sembradíos de trigo que alimentaban más al dólar que al maíz del pueblo. El agua de la nación se convirtió en riego para el negocio familiar, mientras el discurso revolucionario aún hablaba de justicia social.
La tecnificación selectiva
Décadas después, con la tecnificación del riego y la liberalización del campo en los años 80 y 90, el patrón se repitió. La modernidad hídrica no tocó a todos por igual. Los beneficios se concentraron en agroexportadores como Videxport, Grupo Alta, Agrícola Belher, y otros consorcios de Caborca y del sur del estado. Las familias de siempre, ahora con nombres empresariales más pulidos, accedieron a créditos, subsidios y concesiones. Mientras tanto, los pequeños agricultores veían cómo se secaban sus norias o eran multados por no llenar correctamente los formularios de CONAGUA. El agua, ya entonces, era un privilegio con nombre y apellido.
Acueductos para el desarrollo… selectivo
El siglo XXI trajo consigo los megaproyectos hídricos, y con ellos, los conflictos. El Acueducto Independencia, inaugurado bajo el pretexto de garantizar agua a Hermosillo, terminó beneficiando principalmente a la industria automotriz —como Ford— y a los parques industriales de la capital. Las inmobiliarias también hicieron su agosto: crecieron las colonias del norte, se multiplicaron los fraccionamientos de lujo, mientras las colonias populares siguieron dependiendo de pipas. Todo esto, pese al rechazo legal y moral del pueblo yaqui, que vio cómo se le arrancaba el agua ancestral sin consulta ni compensación. Así se consagró el trasvase del despojo.
El litio y el agua: la nueva fiebre
Hoy, con el Plan Hídrico Sonora 2023–2053, la historia se repite con nombres nuevos. El discurso dice que el agua es para el pueblo, pero la infraestructura apunta a los pozos donde se proyecta explotar litio. Se instalan desaladoras en Guaymas y Empalme, no sólo para calmar la sed urbana, sino para alimentar parques industriales, maquilas y desarrollos turísticos. Grupo México sigue concentrando millones de metros cúbicos anuales, incluso después del ecocidio de 2014 en el río Sonora. Ni multa ni reparación efectiva. Al contrario: el Estado le asegura continuidad hídrica.
Agua para pocos
Mientras tanto, comunidades indígenas y campesinas enfrentan escasez, contaminación y vigilancia. Sus pozos son clausurados por “exceso de uso”, sus trámites se entrampan en la burocracia, sus voces no son escuchadas en las “mesas técnicas del futuro hídrico del estado”. El lenguaje oficial lo dice todo: “conectividad estratégica”, “eficiencia para la inversión”, “uso productivo del recurso”. El agua ya no es vida: es un insumo. No es derecho: es vector de utilidad.
Conclusión
El agua en Sonora ha sido repartida por tuberías de poder. No es el azar, ni la necesidad colectiva, la que determina quién accede a ella. Son los intereses de familias, empresas y gobiernos los que han moldeado el mapa hídrico del estado. Y si no se rompe con este modelo extractivista, la sed será cada vez más política, más injusta, más peligrosa.
Al llegar a este punto, me sorprendí musitando una súplica como si fuera un conjuro antiguo. Tal vez necesitemos recordar la voz de Hammurabi, aquel rey de Babilonia que escribió las primeras reglas de justicia social. O quizás baste con volver a las palabras de Jesús, en el evangelio según San Mateo:
“Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber…”
Que ese mandato moral sea el principio de una política del agua con rostro humano, capaz de calmar, al fin, el sufrimiento del pueblo sediento.
