“Buenas tardes, mi nombre es Marisela Escobedo Ortiz, madre de Rubí Marisol Frayre Escobedo y… le he perdido el miedo a todo”; así inicia el documental que narra la trágica historia de esta mujer en la búsqueda de justicia por el feminicidio de su hija de 16 años cometido en 2008. Dos años después, Marisela fue asesinada arteramente frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua donde mantenía una protesta, un caso de extrema impunidad que duele profundamente.
Este año se cumple una década de la desaparición de Alejandro Guadalupe, hijo de Ceci Patricia Flores que fundó el Colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Marco Antonio otro de sus hijos se mantiene desaparecido desde 2019.
María Herrera, conocida como Doña Mary, mantiene la búsqueda de sus cuatro hijos. Raúl y Jesús fueron víctimas de desaparición forzada en Guerrero en 2008 y Luis Armando y Gustavo en Veracruz en 2010. Doña Mary fue reconocida como unas de las 100 personas más influyentes del mundo en 2021 por la revista Time.
Esas mujeres son solo algunas de cientos de madres que diariamente recorren brechas, senderos inhóspitos, ministerios públicos o crematorios para indagar el paradero de sus seres queridos. Desgarradas por el dolor y en medio de la indiferencia social y la indolencia de las autoridades también buscan verdad, justicia y reparación.
Realizan su labor inmersas en un ambiente hostil de discriminación estructural por su género y por alzar la voz. Además, dedican sus pocos recursos económicos a la búsqueda en detrimento de sus propias condiciones de vida digna y salud. 16 de ellas han sido asesinadas desde 2011.
Ese diagnóstico lo recoge el informe Desaparecer otra vez. Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México publicado por Amnistía Internacional que mediante 600 entrevistas documenta las consecuencias económicas y sociales que padecen.
Entre las violaciones a derechos humanos cometidos contra madres, hermanas, tías o hijas están la discriminación estructural por su condición de mujeres y el peligro intrínseco que conllevan sus tareas que derivan en asesinatos, desapariciones, amenazas, ataques y extorsiones.
Este reporte pionero subraya los daños en la salud física y mental como la depresión o el insomnio; también identifica afectaciones al núcleo familiar que se agudizan por la ausencia de un sistema de cuidados que hace incompatible la búsqueda de sus familiares con sus roles de cuidadoras en el hogar.
Mi querida Rosario Ibarra de Piedra murió a los 95 años sin saber el paradero de su hijo Jesús Piedra que tenía 20 años cuando fue víctima de desaparición forzada en 1974. Ella fundó el Comité Eureka para exigir la presentación con vida de cientos de personas que desaparecieron en tiempos de cruenta represión política.
El más reciente crimen contra una madre buscadora ocurrió en Jalisco. María del Carmen Morales y uno de sus hijos fueron asesinados en su domicilio en abril. Como parte del colectivo Guerreros Buscadores buscaba a otro de sus hijos, desaparecido en 2024. Esto debe parar.
Amnistía Internacional recomienda a las autoridades que, para avanzar en la protección de las mujeres buscadoras incorporen la perspectiva de género, garanticen sus derechos humanos y frenen la estigmatización y revictimización.
No podemos normalizar ni las desapariciones ni la soledad y dolor de todas ellas. Ninguna madre debería vivir rota buscando los restos de sus seres amados.
@ClauCorichi
