El exsecretario de Seguridad de Tabasco pidió reservar su declaración patrimonial; comité estatal lo avaló por unanimidad y argumentó riesgos a la vida del exfuncionario, hoy prófugo
Pedro Villa y Caña
Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco en el gobierno del hoy senador Adán Augusto López Hernández, y acusado de ser el jefe del grupo criminal La Barredora, reservó por cinco años su declaración patrimonial.
En el expediente de reserva SSyPC/CT/RES/023/2024 del Comité de Transparencia de la SSyPC de Tabasco —cuya copia posee EL UNIVERSAL—, se indica que se clasificó la declaración patrimonial de Bermúdez —presuntamente el Comandante H— al argumentar que si se hiciera pública estaría en riesgo su vida.
Tras esta clasificación, fechada el 9 de abril de 2024 —tres meses después de haber presentado su renuncia al cargo—, la declaración patrimonial del exsecretario estatal, quien hoy se encuentra prófugo, será pública hasta 2029.
“RESUELVE: PRIMERO.— Se confirma la clasificación de reserva parcial del expediente número SSyPC/CT/RES/023/2024, derivado de las Obligaciones Comunes de Transparencia (…) por tanto, la calificación en su modalidad de reserva parcial se hará por un periodo de cinco años, mismo que empieza a contar a partir de la fecha de la suscripción de este acuerdo.
“Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de Transparencia, en la sesión especial, de fecha 09 de abril de 2024”, se indica en la resolución.
Argumentan peligro
En la página 14 de la resolución del Comité de Transparencia de la SSyPC estatal se afirma que publicar los nombres de los elementos policiales que han hecho su declaración patrimonial “potencializa” un riesgo inminente a la vida de los mismos, pues, se indica, se podría facilitar su identificación y ubicación.
La clasificación de la declaración patrimonial del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, está fechada el 9 de abril de 2024, tres meses después de que presentó su renuncia al cargo. “La divulgación de la información representa un riesgo real”, argumentó el Comité de Transparencia de la SSPyC del estado.
“Publicar los nombres de los elementos policiales que han realizado su declaración patrimonial potencializa un riesgo inminente a la vida de los servidores públicos. Pues al formar parte de esta institución policial, se facilita su identificación y ubicación”, se expone.
Entre los argumentos para reservar la declaración del exsecretario se recurrirá, detalla, a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la cual se indica que podrá considerarse como “reservada” aquella información que revela datos que podrían ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción del Estado, sus planos o uso de tecnología, información y producción de los sistemas de armamento y otros sistemas militares, incluidos los de comunicaciones.
“La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o la seguridad del Estado”.
“Delincuentes pueden coaccionar o sobornar a policías”, afirman
El Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad de Tabasco afirma que la información contenida en la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública referente al personal que labora en esta institución policial debe ser “excluida” del escrutinio del público al afirmar que, de difundirse, grupos de la delincuencia organizada o grupos “deseosos de vulnerar el orden y la paz” podrían coaccionar o sobornar a los elementos policiacos.
“Información que por mandato de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es considerada como reservada, cuya información debe de ser excluida del escrutinio al público en general. Pues, con ello, se permitirá hacer un seguimiento a los servidores públicos con funciones operativas, o que generaría que la delincuencia organizada o los grupos deseosos de vulnerar el orden, la paz en el Estado, coaccionen y/o sobornen a los elementos, con la finalidad de obtener ventaja sobre las estrategias operativas”, se establece.
Al recurrir al artículo 139 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la resolución advierte que sancionará de dos a ocho años de prisión y de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización a quien “divulgue de manera ilícita información clasificada de las bases de datos o sistemas informáticos a que se refiere esta ley”.
En este sentido, se indica, se “genera la obligatoriedad” de reservar la información contenida en las bases de datos del Registro del Personal con funciones operativas, adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, es decir, entre ellos, a Hernán Bermúdez Requena, a quien hoy se le vincula con el grupo criminal de la entidad La Barredora y se encuentra prófugo de la justicia mexicana.
