No hay investigación en contra del exgobernador de Tabasco y líder de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández. Lo dijo ayer la presidenta Sheinbaum en su mañanera del pueblo.
Formuló su declaración luego de que se confirmara oficialmente que Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad de Adán en sus tiempos de mandatario, tiene una orden de aprehensión por vínculos con el crimen organizado y anda prófugo en el extranjero. Ya lo busca la Interpol.
Adán Augusto gobernó Tabasco de enero de 2019 a agosto de 2021, para, de allí, brincar a la Secretaría de Gobernación y a la precandidatura presidencial de Morena.
Luego de afirmar que su gobierno no lo investiga, la Presidenta pidió al Gabinete de Seguridad que explique cómo esta persona, que hoy están buscado, tiene una orden de aprehensión y cómo fue este proceso. De Adán no dijo nada más. No le hace que Bermúdez haya sido el líder de La Barredora, una organización criminal que bañó de sangre Tabasco.
No le hace tampoco que reportes de inteligencia militar, citados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, revelen que, en una conversación telefónica celebrada en 2020, se hayan referido al gobernador como aliado del líder delictivo de ese grupo, sin dar el nombre.
Mucho menos que el mismísimo gobernador morenista de esa entidad, Javier May, haya acusado a Bermúdez de estar involucrado con La Barredora. La insistencia en las preguntas hizo que la mandataria declarara: “Nosotros no protegemos a nadie. De parte nuestra no hay ninguna acusación. Si la Fiscalía tuviese algo, pues que se investigue…”.
Adán ha mantenido silencio absoluto a pesar de que el asunto Bermúdez lo salpica feamente.
* El abogado de Ovidio, Jeffrey Lichtman, también fue tema. La Presidenta escuchó consejo. No demandó directamente al defensor del narco que la calificó como “relaciones públicas” de las organizaciones criminales. Le pasó el asunto a Ernestina Godoy: “Se lo dejo a la Consejería Jurídica. La verdad es que, para mí, ya no es tema”, subrayó.
* Sheinbaum, por cierto, sigue la retórica de polarización que instaló su mentor. Las críticas que le hacen la oposición o los “comentócratas” las califica de “antipatrióticas”. Ayer no fue la excepción: “La oposición en México casi lleva un adjetivo. Se llama ‘antipatriota’. Ellos desean que nos pongan el 30% de arancel en vez de apoyar a México, en vez de decir que es injusto… No defienden a México. Lo que quieren es que le vaya mal al gobierno. No importa si le va mal al pueblo, no importa si le va mal a los empresarios”.
* Es obvio que México no está de acuerdo con el arancel de 17% al jitomate mexicano que nos impuso Trump. Va a impactar a los productores. De todas maneras, se va a seguir exportando. No hay manera de sustituirlo.
El impacto también va a perjudicar a los consumidores de EU. Dos de cada tres tomates que llegan a las mesas de los estadunidenses o se consumen en las calles de ese país fueron cultivados en México, según el gobierno mexicano.
El gobierno de Sheinbaum confía en que se alcance un acuerdo en la mesa de negociaciones que se tiene con el gobierno de Estados Unidos de aquí al 1 de agosto. Ya se prepara una serie de acciones para apoyar a los productores de tomate. La Presidenta espera poder anunciarlas la próxima semana.
Son principalmente los productores de Florida los que han buscado que se ponga arancel al jitomate mexicano.
* Están duros los trancazos en Coahuila. El PAN denunciará a Ricardo Mejía Berdeja por “narcopolítico” ante la FGR, anunció el diputado local del azul Gerardo Aguado. El legislador criticó duramente el paso de Mejía por la Subsecretaría de Seguridad federal y lo acusó de mantener vínculos con operadores criminales. Recordó que durante la campaña de Mejía a gobernador de Coahuila, su operador financiero fue Salvador Llamas. Según el panista, este hombre tenía vínculos con el narco y fue asesinado en Jalisco.
* Poder Ciudadano, organización civil, celebró que la SCJN haya admitido a trámite el juicio de inconformidad interpuesto contra la elección de Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García como magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“Marca un precedente histórico al abrir la posibilidad de revisión constitucional sobre los resultados de una elección judicial, función que había estado vedada a cualquier escrutinio externo”.
El asunto fue turnado a la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán. “Impugnamos la validez de la elección por considerar que el proceso estuvo viciado de origen y manipulado desde estructuras partidistas”, puntualiza Poder Ciudadano.
