Un 74% del armamento ilegal entra por el norte de la frontera. Las autoridades mexicanas mapean las principales rutas, mientras EE UU recorta personal y presupuesto a la agencia dedicada a su control
EL PAIS
Las tiranteces en materia de seguridad entre México y Estados Unidos en la segunda era de Donald Trump parecen beber de las fallas de México, de acuerdo a la lógica del vecino del norte, que pocas veces se mira el ombligo. El fentanilo y la migración son un problema, no así el tráfico de armas. EE UU envía cada año a México alrededor de 200.000 armas, según cálculos de los analistas, cantidad que evidencia el desinterés en combatir la venta ilegal de armas, cuyo destino son los carteles del narcotráfico, clasificados como terroristas por el mismo Trump.
De los estados de Arizona, California y Texas parten las principales rutas de trasiego de armas, que detectó la Administración mexicana entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, según un informe que presentó la Secretaría de Seguridad Ciudadana al Congreso. Por estas vías llega al menos el 74% de armas ilícitas a manos del crimen organizado. Estos datos empatan con los del Departamento de Justicia de EE UU, que, en su último informe sobre el tema, reveló los mismos puntos de procedencia y predominancia, con un agregado, Nuevo México. Menos presupuesto al norte del río Bravo y mayor laxitud en la operación de seguridad apuntan a una conclusión: el combate del tráfico de armas no está en la agenda del Gobierno estadounidense, dicen los especialistas.
El conocimiento que tienen ambas Administraciones sobre el trayecto ilícito del armamento detona en un aluvión de incógnitas. ¿Cuántos agentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), se han desplegado en los puntos detectados? ¿Cuántos operativos de revisión realizan las autoridades estadounidenses? ¿Cuáles son las cifras de decomisos en esos puntos?, ¿Cuál es la estrategia del gabinete de seguridad mexicano para combatir este delito? Los cuestionamientos saltan y confirman a Estados Unidos como el remitente del armamento con el que se cometen crímenes en México.
“Cuando Estados Unidos venga a decirle a México tienes que hacer más contra los carteles, el argumento debe ser: tenemos cinco años diciendo que las armas vienen de Texas y no vemos un reforzamiento de las acciones de control, no hay más presencia, no hay más retenes”, refiere Alejandro Celorio, el funcionario que coordinó la estrategia legal de México para llevar a juicio a una decena de fabricantes y distribuidores de armamento de Estados Unidos. El abogado pone el dedo en la llaga. La información sobre las rutas le sirve a México para sustentar su narrativa sobre la omisión del Gobierno estadounidense para frenar el contrabando de armas, también para trazar una estrategia, pero nada más. EE UU tiene en sus manos la implementación de medidas para impedir el paso de armamento a territorio mexicano. Las armadoras, dice, están bajo el cobijo de las leyes estadounidenses, que impiden utilizar en un juicio la información sobre la trayectoria que siguen las armas ilícitas.
El Departamento de Justicia de EE UU reveló en su último informe de enero, que de 2022 a 2023, los datos de rastreo colocaron a Arizona, California y Texas como las fuentes de distribución del 73% del armamento recuperado en México y rastreado hasta un comprador. Los números coinciden con los del informe que la Secretaría de Seguridad Ciudadana entregó al Congreso mexicano el 3 de julio, producto del intercambio de información entre la Sedena y la Fiscalía General de la República (FGR). El informe mexicano también ha revelado el decomiso de 5.869 armas de fuego, 31.000 cargadores, más de 1.2 millones de cartuchos y 289 granadas.
Las cifras no cambian. Desde enero, el Departamento de Justicia estadounidense ubicó a Texas como el principal punto de ingreso para el armamento ilegal con el 43%, seguido de Arizona, con el 22%, exactamente igual que el reporte mexicano que abarca un periodo de seis meses, de noviembre a mayo. Los Estados receptores tampoco son distintos. El 82% del armamento incautado entre 2022 y 2023, de acuerdo con el informe de EE UU, fue localizado en entidades con presencia de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, organizaciones que Trump ha clasificado como terroristas. Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, son los destinos más recurrentes de la artillería. “El Gobierno de Estados Unidos sabe muy bien [de dónde vienen las armas] pero no lo acepta”, dice Celorio. El experto sostiene que la información sirve para mantener vigente el problema y, eventualmente, para nutrir otros posibles procesos judiciales que México interponga contra las armadoras.
John Lindsay Poland, coordinador del proyecto Stop US Arms to Mexico, coincide: la ubicación de las rutas del tráfico de armas refuerzan la responsabilidad y la negligencia de EE UU. “El combate al tráfico de armas no está en su agenda”, dice el activista. Las decisiones del principal socio comercial de México parecen tener un fondo más profundo. “Si realmente [Donald Trump] quiere eliminar a los carteles, debe enfocarse en el flujo de armas y está haciendo lo contrario”, lanza Poland. El investigador profundiza: “[Trump] está reduciendo la capacidad de EE UU para detener el tráfico ilícito de armas que llegan a los carteles”. El magnate ha trazado un plan para recortar el presupuesto de la ATF. Esto incluye simplificar y flexibilizar la verificación de antecedentes para comprar armas. El mandatario estadounidense pretende eliminar a unos 540 inspectores de la corporación, dos tercios del total, y reducir un 25% el presupuesto para la ATF. El plan incluye la revisión de un puñado de normativas y la destrucción de registros de propietarios de armas de fuego pasados 20 años.
La información de trazabilidad es escasa, pero su exposición es un acierto, coinciden los especialistas. El tema debe permanecer vivo porque confirma la procedencia de las armas y abona a un eventual argumento jurídico que dificulte al Supremo estadounidense emitir un fallo a favor de las armadoras. Con todo eso, el escenario es adverso. Celorio descarta un embate legal de México vía Texas. “No creo que el Gobierno de México vaya a demandar en Texas, es un Estado muy conservador”, apunta Celorio.
