En los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía cancelaron 1 mil permisos para importación de combustibles, otorgados por los gobiernos de sus antecesores –Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto–, pues se detectó un esquema de corrupción para introducir gasolinas que se identificaban falsamente como otros aceites y naftas, que después se denominó como el huachicol fiscal. Adicionalmente, a lo largo del sexenio, fueron cancelados otros 265, por las mismas características de ilegalidad.
Uno de esos permisos cancelados es el de la empresa Ingemar, presuntamente vinculada al decomiso histórico de huachicol en ferrotanques –ocurrido el 7 de julio pasado, cuando fueron asegurados 15 millones de litros de combustible ilegal–, caso se liga al panista Ernesto Ruffo Appel, y cuyo permiso para importación fue reactivado porque ganó un amparo en tribunales del viejo Poder Judicial. Ello, aunque el exgobernador ha declarado que no corresponden a su empresa esas importaciones.
Fuentes consultadas por Contralínea indican que las empresas implicadas –entre las que sí estaría Ingemar, de acuerdo con información de inteligencia–, carecen de sitios de almacenamiento. Por ello, además de investigar el modus operandi del tráfico de combustibles, las autoridades federales indagan en este caso si las compañías estaban utilizando indebidamente los ferrotanques como una especie de área almacenamiento, lo que no sólo es ilegal sino representa un riesgo extremo en materia de seguridad.
La cancelación de los 1 mil 265 permisos a lo largo del sexenio de López Obrador no sólo se enfrentó a resistencias de las empresas involucradas, sino también a redes de intereses y presiones desde Estados Unidos. Además, las fuentes consultadas agregan que hubo mucha complicidad del Poder Judicial, para amparar a trasnacionales y empresas locales, para que continuaran con las importaciones ilegales de combustibles.
Y ahora que la oposición y que presuntos implicados en el tráfico ilegal de combustibles intentan imponer la idea de que se toleró ese delito –como recientemente lo hizo el general Eduardo León Trawitz, quien se mantiene prófugo de la justicia por su probable responsabilidad en este delito y que desde Canadá dice que no se combatió el huachicol en el gobierno de AMLO–, vale la pena recordar que fue en el gobierno pasado cuando incluso se prohibió temporalmente la importación de combustibles para frenar el modus operandi de empresas e incluso trasnacionales.
El 23 de octubre de 2023, el entonces presidente López Obrador emitió un decreto para suspender de forma temporal las importaciones de 68 productos derivados de hidrocarburos –entre ellos, gasolinas y diésel industriales–, con el objetivo de combatir a fondo el huachicol fiscal.
Esto es que, además de cancelar permisos a empresas como Valero, Shell y Trafigura, el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación prohibía la importación de aceites derivados del petróleo, gasolinas de uso industrial, naftas, ceras, benzol, vaselinas [ver: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5706285&fecha=23/10/2023#gsc.tab=0 ].
De acuerdo con ese decreto, el gobierno federal realizó revisiones extraordinarias en puntos de internación de combustibles al país para conocer cómo operaba el mercado ilegal, mismas que “demostraron que sólo el 25 por ciento de las mercancías analizadas correspondían a gasolina y diésel que cumplían con la normativa vigente, mientras que el 75 por ciento eran otras mercancías cuyo volumen de importación registrado no tiene justificación, pues excede aproximadamente en 40 veces el volumen que usa la industria nacional como materia prima”.
Otro hallazgo que se reportó en el decreto es que, de acuerdo con los estudios elaborados por el gobierno, “se detectó que el mercado ilegal de combustibles durante 2021 ascendió a 47 millones de barriles, y que la pérdida para el fisco federal por mercado ilegal de combustibles fue de 64 mil millones de pesos derivado del producto de importación que se ingresa al país como contrabando, sin pagar los impuestos correspondientes”.
Y ya con cálculos actualizados a 2023, basados en la demanda y el crecimiento de la economía y del parque vehicular, se estimó que “de resolverse la problemática del mercado ilícito de combustibles y del contrabando de gasolina y diésel, se tendría un incremento en la recaudación fiscal de más de 91 mil 400 millones de pesos anuales por el correcto pago del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios”.
Asimismo, se reportó que en materia de combate al robo de combustibles (huachicol), a diciembre de 2022, se habían generado ahorros por más de 231 mil millones de pesos. Y por ello se establecía la suspensión temporal de las importaciones, pues “el Estado mexicano estima[ba] urgente la ejecución de acciones adicionales que permitan tener certeza de que las mercancías que se importan y que se utilizan para realizar actividades que cumplen con las especificaciones establecidas en la normativa en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y de protección al medio ambiente, para evitar un riesgo inminente de exposición a la población a altos índices de contaminación ambiental, en aire, agua y suelo, en perjuicio del interés general”.
El pasado 11 de julio pasado, el general en retiro Eduardo León Trauwitz, exsubdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex, dijo en el programa Aristegui Noticias que él personalmente entregó información sobre las redes dedicadas al robo de hidrocarburos al equipo de transición del expresidente López Obrador, pero en vez de desarticularlas, dicha información fue utilizada para “maximizar el robo” de hidrocarburos.
Trauwitz –acusado de participar en el mercado ilícito de combustibles y haber permitido que las alertas del sistema Scada, de Pemex, sonaran y sonaran por horas en vez de atacar la ordeña de los ductos, delitos por los cuales se pide su extradición– dijo: “me reuní con Rocío Nahle, confiando en la nueva administración, fui a su oficina de transición ahí en Reforma y me llevé muchísima información, creyendo que iba a poder terminar con el robo de hidrocarburos”.
Al respecto, la ahora gobernadora de Veracruz indicó en sus redes sociales: “desde el exilio, Eduardo León Trauwitz –quien fue el encargado de la seguridad y salvaguarda de Pemex con Peña Nieto– declara que nos entregó información en transición. Sólo una vez vi al personaje cuando fue a verme con un empresario para ofrecer productos de seguridad. Ahí nos dijo que en alta mar era ‘común’ el robo de hidrocarburos y que existían los llamados piratas; delito que en el gobierno anterior se eliminó por completo. No nos entregó ninguna información relevante. Le pregunté que por qué renunciaba y dijo que se iba a Panamá. Hasta ahí”.
Como se recordará, desde el 8 de enero de 2019: López Obrador señaló al general Trauwitz por relación con el robo de combustibles. Durante su conferencia matutina, el entonces presidente de México señaló: “él estaba a cargo y ahora se está haciendo una investigación integral, conjunta de todas las dependencias. Él está en una lista de personas que se investigan con relación a esto, sin que haya todavía nada definitivo, la investigación corre porque se está investigando a todos los que tuvieron que ver con este proceso”.
Y fue hasta el 17 de diciembre de 2021, cuando autoridades de Canadá detuvieron al general Trauwitz, con el objetivo de iniciar su proceso de extradición a México. Desde entonces es acusado de su presunta participación en la red que permitía el robo de combustible desde el interior de Pemex.
