Saúl Arellano
De acuerdo con el INEGI, al cierre del 2022 se tenía un registro de 397 unidades de servicios periciales o servicios médicos forenses en todo el territorio nacional. De ellas, 31 corresponden a unidades de servicios periciales de las coordinaciones estatales de la FGR, y 174 a unidades estatales de servicios periciales. 63 más corresponden a unidades estatales de servicios médicos forenses, mientras que 160 Unidades estatales combinan ambas actividades, es decir, tanto servicios periciales como servicio médico forense. La entidad de la república que concentra un mayor número de unidades es Jalisco, con 44, mientras que las que registran menor número son Yucatán, con cuatro, Ciudad de México con dos, y Puebla, Aguascalientes y Colima, donde hay solo una unidad en cada una de ellas.
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Es evidente que el número no determina la calidad de los servicios que se prestan, y que seguramente las unidades, como en el caso de la Ciudad de México, concentran una cantidad importante de personal, recursos y equipo, si se compara, por ejemplo, con el estado de Tlaxcala, donde hay 19 unidades, pero donde también disponen de menor cantidad de personal adscrito.
Por otro lado, en cuanto a los laboratorios de que dispone cada entidad federativa, destaca que de los 1,004 que hay en todo el país, La FGR concentra el mayor número, con 517; seguido de los estados de Tabasco, Chiapas, Guanajuato, Michoacán y Morelos. Destaca asimismo que el Estado de México tiene solo 13 laboratorios y que la Ciudad de México tiene únicamente 8 laboratorios para brindar servicios periciales a la que sigue siendo la ciudad más poblada del país.
Es importante señalar que, en el año citado, había en el país únicamente 13,827 personas trabajando en servicios periciales o de servicio médico forense. De ellas, el 12.6%, es decir, 1,737 personas estaban adscritas a la FGR, mientras que el 87.4%, es decir, 10,090 personas, estaban adscritas a las Unidades Estatales. Es interesante observar que del total de las personas que trabajan en esos servicios, 7,097 son hombres y 6,730 son mujeres.
Asimismo, otro dato relevante es que 10,951 son personas peritas, y de ellas, 5,672 son hombres y 5,279 son mujeres; 2,083 personas son personal de apoyo administrativo; 319 son personal directivo; 139 son personas oficiales secretarias; 116 son personas trabajadoras sociales mientras que 222 tienen otras actividades u ocupación.
Estos datos permiten sostener que este tipo de servicios está completamente desbordado. SI se piensa sólo en el número de personas no localizadas o desaparecidas en todo el país, habría apenas una persona perita para cada 11 de las personas en la condición señalada. Agréguese a ello los miles de casos de accidentes de tránsito, lesiones, violencia familiar, disputas en juicios familiares, daños civiles, y la larguísima lista de eventos para los que se requiere la intervención de los servicios periciales, y la cifra de personal allí empleado se revela como absolutamente ínfima.
Del total de personas peritas en las unidades estatales, 22.8% son especialistas en criminalística; 16.7% lo son en medicina forense; 9.9% en psicología forense; 6.5% en química forense; 5.5% en valuación de bienes y servicios: 5.4% en tránsito terrestre; 4.4$ en dactiloscopía forense; 2.6% en balística forense; 2.1% en documentos cuestionados; mientras que, en informática, retrato hablado, topografía y odontología forense, se tiene un 1.4% en cada uno de esos campos.
Del total de personas peritas, 1,958 se concentran en la Ciudad de México; de ellas, 674 laboran en la FGR y 1,314 en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En el Estado de México se tienen apenas 893 especialistas; en Jalisco 454; en Tamaulipas 449; y en Baja California, 316; en todas las demás entidades de la República, hay menos de 300 peritos en cada una de ellas.
Para seguir dimensionando la crisis por la que atraviesa el país, basta con señalar que en las entidades más pobladas los presupuestos de que se dispone para servicios periciales sean muy bajos: en el Estado de México, se erogaron apenas 371.1 millones de pesos en 2022 en servicios médicos forenses y servicios periciales; en la Ciudad de México, 133.7 millones de pesos; mientras que en Jalisco se erogaron 336.8 millones de pesos, en Puebla 117.9 millones y en Veracruz 112.8 millones de pesos.
La crisis forense en México es estructural y profundamente preocupante; y en ese contexto, el caso de la Ciudad de México, puede ser tomado como emblemático, pues tanto su personal como su presupuesto resultan totalmente desproporcionados frente al volumen de delitos, litigios civiles y demandas judiciales que requiere su intervención técnica.
En una ciudad con alrededor de nueve millones de habitantes y una carga de violencia multifactorial esta asignación presupuestaria es un reflejo del abandono institucional y de la falta de prioridad política hacia esta función estratégica del Estado.
Sin duda, la titular de la Fiscalía, la maestra Bertha María Alcalde Luján, se enfrenta a un sistema forense debilitado, precarizado y saturado. El desafío es monumental: revertir décadas de descuido y abandono requiere de un esfuerzo que sume capacidades y recursos, tanto de la sociedad civil como de la academia, para revertir estructuralmente la situación.
En un contexto donde el marco jurídico exige rigor científico, imparcialidad y objetividad en el despliegue de las pericias judiciales, no puede pensarse en una auténtica justicia sin peritajes confiables, ni verdad y reparación del daño a las víctimas, sin capacidad técnica.
Investigador del PUED-UNAM
