La iniciativa resalta que extinción de los órganos constitucionales autónomos del Proyecto de Decreto no transgrede las obligaciones de México, establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o T-MEC.
Juan Carlos Cortés / Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados presentó el predictamen para la desaparición de órganos autónomos como Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), entre otros.
Esto, pese a que la Comisión había acordado que sería hasta el 15 de agosto cuando se llevaría a cabo la dictaminación de la iniciativa para desaparecer a los siete órganos autónomos, que también incluye a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
La iniciativa de la bancada de Morena detalla que la desigualdad social es una constante en México, por lo que es obligación del Estado mexicano construir y reconstruir los derechos fundamentales colectivos desde un enfoque capaz de racionalizar los recursos públicos y así permitir una mayor inversión en políticas y programas sociales capaces de contribuir a atender y, posteriormente erradicar esa desigualdad.
También explica que, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), los recursos económicos de los que dispongan la Federación, las entidades federativas y municipios, deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez con la finalidad de satisfacer los objetivos a los que estén destinado.
Además, agregan que los órganos autónomos carecen de legitimidad democrática.
“Aunque la realidad es que en México los órganos constitucionales autónomos carecen de legitimidad democrática, pues fueron creados como respuesta a la venta de paraestatales y a las recomendaciones de los organismos internacionales para ‘descentralizar’ a la Administración Pública Federal (APF) mexicana.
“Sin embargo, la creación de estos organismos no ha implicado un verdadero proceso de descentralización, sino de desconcentración administrativa”, detalla el documento.
También expone que desde su creación y hasta 2024, se les ha asignado a los organismos, que se pretenden extinguir, la cantidad de 32 mil 313 millones 546 mil 205 pesos y, en la mayoría, se ha presentado un incremento anual en su presupuesto.
Asimismo, la iniciativa resalta que extinción de los órganos constitucionales autónomos del Proyecto de Decreto no transgrede las obligaciones de México, establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o T-MEC.
