Ciudad de México. Intercam y CIBanco, bancos señalados por el gobierno estadounidense como presuntos facilitadores de lavado de dinero para organizaciones criminales y que están intervenidos, no tienen restricciones para operar con el resto de los participantes del sector financiero, personas físicas o morales e incluso fideicomisos en el país, dio a conocer la Asociación de Bancos de México (ABM).
La ABM informó que ayer, su Comité de Asociados, mantuvo una reunión extraordinaria, en la que también participaron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México, la Procuraduría Fiscal de la Federación, los representantes legales y los interventores de CIBanco e Intercam.
“No existe restricción alguna para que cualquier banco, intermediario, persona física o moral o fideicomisos nacionales puedan realizar operaciones con estas instituciones, ahora o incluso después del 21 de julio de 2025, por lo que podrán seguir operando con instituciones financieras distintas de las de los Estados Unidos de América. Esto incluye operaciones en las cuales CIBanco e Intercam Banco actúen como fiduciario”, indicó la ABM en un comunicado.
El miércoles de la semana pasada, el Departamento del Tesoro, por medio de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), señaló a Intercam, CIBanco y Vector como instituciones que presuntamente facilitan lavado de dinero a organizaciones criminales. Estas instituciones no podrán realizar operaciones con ningún intermediario del país vecino a partir del 21 de julio.
La ABM indicó que, durante la reunión del lunes, su presidente, Emilio Romano dijo que las autoridades mexicanas han reiterado que la acción de FinCEN se limita exclusivamente a los dos bancos ya mencionados, y bajo el marco de coordinación binacional que existe, no se han planteado medidas adicionales o hacia otras instituciones bancarias.
“Los asesores legales presentes en la reunión y los interventores señalaron que las medidas emitidas por FinCEN entrarán en vigor el 21 de julio de 2025 y aplican únicamente a las transacciones que los bancos antes señalados efectúen con entidades financieras de los Estados Unidos de América, así como con las empresas de servicios monetarios (MSBs, por sus siglas en inglés) que operen sustancialmente en ese país”, detalló el organismo.
FinCEN define a las empresas de servicios monetarios como firmas que transmiten, convierten o intercambian dinero, tales como Western Union o MoneyGram, casas de cambio y algunas procesadoras de pago.
Clientes deben continuar con sus pagos
En el comunicado, las autoridades reiteraron al público que deben continuar con sus obligaciones ante los bancos, es decir, pagar sus deudas.
“Las autoridades reiteraron que todas las obligaciones contractuales vigentes — incluyendo llamadas de margen, cumplimiento de colaterales, contratos derivados y demás créditos— se mantienen en vigor y deben cumplirse conforme a los términos pactados”, apuntó.
Luego de las acusaciones hechas por el Tesoro, el gobierno de México dijo no haber recibido pruebas.
El jueves a medio día, la CNBV anunció que intervino administrativamente a Intercam y CIBanco, y a las 19:00 horas de ese mismo día, hizo lo mismo con Vector, que en México opera como Casa de Bolsa.
Respecto a la intervención decretada a los bancos, la ABM puntualizó que esta “tiene carácter operativo y temporal. El objetivo es garantizar la continuidad de las operaciones cotidianas de las instituciones, así como salvaguardar el interés de los ahorradores y clientes, y del sistema financiero en su conjunto, manteniendo su gestión administrativa y operativa”.
Bancos operan con normalidad
La ABM declaró que mantiene “una comunicación permanente y fluida con las autoridades nacionales e internacionales y con los clientes de la banca, y continuará canalizando las inquietudes del gremio ante los reguladores correspondientes.
“La banca mexicana opera con normalidad, responsabilidad, firmeza y en estricto apego a la legalidad, y México cuenta con un sistema bancario robusto, con una regulación sólida y alineada a los más altos estándares internacionales en prevención de operaciones ilícitas”.
