La reforma fue aprobada en lo general y en lo particular; el dictamen fue turnado al Ejecutivo para su promulgación
Anayeli Tapia Sandoval
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y de la Ley General de Población. La minuta fue remitida al Ejecutivo Federal para su promulgación.
La minuta incorpora la creación de la Plataforma Única de Identidad, que permitirá consultar, validar y gestionar la Clave Única de Registro de Población (CURP), ahora con datos biométricos. Esta herramienta será utilizada por las autoridades encargadas de las labores de búsqueda de personas desaparecidas.
En lo general, las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada fueron avaladas con 438 votos a favor, 38 en contra y cero abstenciones. En lo particular, se registraron 417 votos a favor, 60 en contra y cero abstenciones.
Por su parte, las reformas a la Ley General de Población obtuvieron en lo general 340 votos a favor, 104 en contra y 24 abstenciones; en lo particular, 345 votos a favor y 129 en contra.
La iniciativa, presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, fue considerada de urgente resolución. Sin embargo, su aprobación generó cuestionamientos entre organizaciones civiles y especialistas en derechos digitales y protección de datos personales, quienes han advertido posibles riesgos de vigilancia y uso indebido de información sensible.
CURP biométrica y Plataforma Única
Según lo aprobado, la CURP se convertirá en el documento nacional de identificación obligatorio, válido en formato físico y digital. Contendrá nombre completo, fecha de nacimiento, sexo o género, nacionalidad, huellas dactilares y fotografía. Toda persona mexicana o extranjera con estancia regular en el país deberá contar con ella.
La versión digital será gestionada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y su uso será obligatorio para la autenticación de identidad en trámites públicos y privados.
La Secretaría de Gobernación será responsable de integrar los datos biométricos a la CURP, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.
Por otro lado, la nueva Plataforma Única de Identidad permitirá realizar búsquedas automatizadas y alertas en tiempo real sobre personas desaparecidas, mediante la interconexión con registros del Sistema Nacional de Búsqueda, bases de datos forenses, registros administrativos y fuentes privadas como servicios de salud, transporte, educación y telecomunicaciones.
El acceso a esta plataforma estará limitado a autoridades competentes, bajo supervisión del Ministerio Público y en coordinación con las comisiones de búsqueda. Se prevé que la información solo pueda consultarse con autorización legal y para los fines establecidos en la ley.
La iniciativa también incluye sanciones administrativas para autoridades o particulares que impidan el acceso a la información, o que usen indebidamente la plataforma, con multas de hasta 20.000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
En un plazo de 180 días, los estados y municipios deberán armonizar su normativa sobre cementerios, crematorios y panteones, con la obligación de registrar digitalmente los cuerpos inhumados, cremados o trasladados, e integrar esta información al Sistema Nacional de Búsqueda.
Además, las fiscalías deberán remitir informes mensuales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detallando el número de personas desaparecidas, carpetas de investigación abiertas y acciones emprendidas para su localización.
Organizaciones alertan riesgos
Diversas organizaciones de la sociedad civil, como R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, han manifestado preocupación por el impacto de la CURP biométrica en los derechos humanos.
La ONG advierte que la creación de una base de datos biométrica masiva, centralizada y obligatoria, administrada por la Secretaría de Gobernación, podría facilitar prácticas de vigilancia estatal, así como exponer a la población a riesgos de seguridad informática, discriminación y exclusión social.
Según R3D, la obligación de presentar esta identificación para realizar cualquier trámite o acceder a servicios públicos y privados vulnera el derecho al consentimiento libre e informado, ya que las personas se verán forzadas a entregar sus datos biométricos para ejercer sus derechos más básicos, como la educación, la salud o el trabajo.
La organización también ha advertido que, aunque el sistema ha sido presentado como una herramienta para la búsqueda de personas desaparecidas, su implementación podría extenderse a otros fines, sin garantizar controles suficientes sobre su uso y resguardo. “El sistema masivo de bases de datos centralizadas permite que sean aprovechadas para otros fines”, señaló la ONG en un comunicado.
Asimismo, colectivos de víctimas, como grupos de Madres Buscadoras, han expresado reservas sobre el alcance real de estas reformas para casos de desapariciones ocurridas en años anteriores, argumentando que los mecanismos propuestos podrían ser útiles en casos recientes, pero no atienden adecuadamente las búsquedas de larga data.
