La asociación civil Global Action on Gun Violence interpondrá en representación del gobierno mexicano los juicios en contra de los fabricantes de armas
FORBES
México paga 300 mil dólares a la asociación civil Global Action on Gun Violence (GAGV) para que interponga litigios en contra de los fabricantes de armas de fuego europeos, estadounidenses y mexicanos, así como haga lobby político para prohibir el tráfico de armas usadas por el crimen organizado en la República Mexicana.
El tercer contrato realizado entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Global Action on Gun Violence fue firmado una semana antes de que la Corte Suprema rechazara una demanda de México en contra de los fabricantes de armas estadounidenses.
Mauricio Ibarra Ponce de Leon, Cónsul General de México en El Paso, Texas, y Jonathan Lowy, presidente y fundador de Global Action on Gun Violence, fueron los encargados de establecer cada una de las estrategias que seguirán para frenar el tráfico de armas desde Estados Unidos a México.
Los abogados de Global Action on Gun Violence están encargados de la implementación de litigios en contra empresas de armas de fuego en Estados Unidos, México y otros países de Europa.
Según el acuerdo en poder de Forbes México, los litigantes del organismo civil interpondrán denuncias en contra de fabricantes, distribuidores, comerciantes, ferias de armas, vendedores fantasma y mercados de armas en internet.
En agosto de 2022, la asociación comenzó a trabajar de la mano con el despacho de abogados Hilliard & Shadowen LLP, quien ayudó al gobierno de Mexicano a interponer una denuncia en tribunales de Estados Unidos en contra de 11 fabricantes, distribuidores y comerciantes de armas.
El 5 de junio de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó una demanda presentada por el gobierno de México en contra de los fabricantes de armas estadounidenses.
Los juristas estadounidenses rechazaron la acusación de que las empresas fomentaban la violencia de los cárteles al facilitar el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos hacia México.
La demanda, presentada en 2021, buscaba una compensación de 10 mil millones de dólares por los daños causados por la violencia relacionada con el narcotráfico, argumentando que las prácticas comerciales de las empresas armamentísticas habían alimentado esta violencia.
Con el nuevo acuerdo, los defensores del Global Action on Gun Violence se comprometen a redactar y presentar escritos legales y participarán como perito representando al gobierno de México en los procedimientos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de los Estados Americanos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Otra de las estrategias de Global Action on Gun Violence es realizar una serie de campañas de concientización entre actores clave de Estados Unidos, incluyendo senadores, miembros del Congreso, legisladores estatales y agencias de seguridad.
A los congresistas se les instará para prohibir las demandas de México, así como se les advertirá sobre los problemas más amplios relacionados con el tráfico de armas y asesorará sobre otros asuntos bilaterales derivados del tráfico transfronterizo de armas hacia México, detalla el contrato firmado el 27 de mayo de 2025.
Los abogados de Global Action on Gun Violence deben presentar informes y materiales de apoyo de cómo la industria armamentística estadounidense genera tráfico de armas hacia México y violencia armada, así como redactar informes sobre las consecuencias del tráfico de armas, precisa la documentación.
Los asesores del Global Action on Gun Violence capacitarán y apoyarán a funcionarios del gobierno de México para que difundan mensajes clave sobre la política estadounidense de armas y respondan a problemas relacionados con la industria armamentística.
La capacitación contempla cómo se produce el tráfico de armas de Estados Unidos a México, cómo las empresas armamentísticas estadounidenses contribuyen al traslado ilegal de armamento, así como cómo las leyes estadounidenses de armas facilitan el trasiego.
Los funcionarios presentarán un resumen de las leyes estadounidenses sobre armas, los regímenes de aplicación de la ley, la Segunda Enmienda y la Ley de Protección al Comercio Lícito de Armas.
El Global Action on Gun Violence enseñará a los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores cómo responder a tiroteos para brindar recursos a víctimas y sobrevivientes, cómo identificar señales de alerta, como extremistas y elementos criminales.
Los defensores ayudarán en el desarrollo de videos, infografías y folletos sobre el tráfico de armas de Estados Unidos a México, así como realizarán investigación jurídica sobre la designación de organizaciones terroristas extranjeras en México y el impacto de dicha designación.
Una de las últimas estrategias fue fortalecer la colaboración entre el gobierno de México y otros países de América Latina y el Caribe para promover acuerdos destinados a combatir el tráfico de armas desde Estados Unidos y emprender otras acciones.
