Redes sociales operan con rosarios en la mano y amenazas en la boca.
Rosalina Mazari Espin, vestida de azul celeste y una bolsa Tom Hilfiger, tres veces diputada por el PRI, intercepta a Daniel Martínez Terrazas, diputado panista, en el lobby del Congreso del Estado de Morelos. Están a punto de hablar de uno de los mandamientos del Dios católico: “No matarás”.
Hay sesión en el pleno ese mediodía del 12 de junio y Rosalina está a la caza de representantes populares. Lo lleva a un salón que le han facilitado, donde cabildea en contra de la despenalización del aborto junto a una treintena de señoras católicas y un puñado de hombres. Uno lleva un rosario colgando del cuello.
Le habían dicho que ese día se votaría la despenalización del aborto en el pleno aunque no estaba en la agenda. En camionetas trasladó a algunas personas, otras viajaron por su cuenta. Llegaron de Zacatepec, Puente de Ixtla, Emiliano Zapata, Xochitepec, Amacuzac. Primero el grupo estuvo en las gradas, pero luego la priista entró al área de las curules y, mientras se realizaba la sesión, cabildeó con quien pudo. Son 20 congresistas: 1 del PRI, 1 de Nueva Alianza, 1 del Partido Verde, 1 de Movimiento Ciudadano, 2 del PT, 4 del PAN y 10 de Morena. Habló con 12.
Les dijo: “Al votar a favor del aborto se van a hacer cómplices de la delincuencia organizada porque se van a poner al mismo nivel del que mata, el que roba, el que delinque”. Les advirtió: “Deben trascender como legisladores con nuestros valores éticos y religiosos, porque lo que decidan tendrá consecuencias en las próximas décadas”. Cuando busquen el voto, se pueden arrepentir, les dijo.
Mientras tanto, frente al Congreso, otro grupo católico, 40 Días por la Vida, hacía un rosario ante una virgen de Guadalupe impresa en una lona.
En México, 24 de 32 entidades legalizaron el aborto. En septiembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo legalizó y ordenó a los congresos locales modificar sus códigos penales.
La abogada Ninde MolRe, directora de la organización Abortistas Mx, que impulsa tácticas legales sobre el aborto, considera que hay una variedad de expresiones derechistas políticas y religiosas que, de forma abierta o soterrada, recurren a “estrategias en todo el país, tanto en estados penalizados como no penalizados” para impedir su legalización u obstaculizar –si lo aprobaron– su acceso consentido, seguro, informado y gratuito.
Algunas estrategias para obstruir la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo son amedrentar a representantes populares y los rezos o mítines afuera de los congresos estatales, como en Morelos. En estados donde se legalizó, congresistas de derecha dificultan su acceso a través de la eliminación de las causas por las que una mujer puede abortar; como sucedió en San Luis Potosí, quitaron el de salud en riesgo después de la semana 12; reducen el periodo de gestación permitido, como en Chihuahua; o no suprimen la criminalización de quienes abortan o acompañan los procedimientos abortivos en los códigos penales locales.
La gente antiabortista acosan al personal de salud de instituciones públicas o privadas que realizan abortos o coaccionan a mujeres y personas gestantes con embarazos no deseados para que no los interrumpan.
Dentro de las instituciones de salud pública hay personal que se niega a participar o dar información o criminaliza a las personas que abortan, como sucedió en Yucatán; o intencionalmente les infringen dolor durante los procedimientos abortivos, como ha ocurrido en Hidalgo. Buscan que el aborto sea, ante todo, castigo.
Evangélicos que bloquean el acceso al aborto seguro
Son varias las organizaciones antiaborto que existen en México. Está Provida, la Unión Nacional de Padres de Familia, Mater Filus, Instituto para la Rehabilitación de la Mujer y la Familia. “Y otras expresiones que no están constituidas como asociaciones formales pero sí vinculados con iglesias”, dice MolRe.
A la directora de Abortistas Mx le preocupa la tendencia creciente –y peligrosa por no ser visible– de evangélicos que, tras la desaparición del PES, se han acomodado en otros partidos o cargos públicos desde donde ejercen el bloqueo. Otras personas antiaborto actúan a título personal y por omisión.
En Morelos, congresistas de distintos partidos de la actual legislatura se negaron a acatar, por ocho meses, el ordenamiento del Juez Noveno de Distrito, Guillermo Amaro Correa, de suprimir el delito de aborto voluntario del Código Penal en Morelos, derivado de un amparo ganado por la organización feminista Grupo Información Elegida (GIRE).
Tania Osiris Cabrera, coordinadora de la Campaña Aborto Legal Morelos, que reúne a una decena de colectivas feministas, dice que en su estado pesa la influencia que tiene el obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro, por ser el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. “Además del poder que tiene el obispo, hay un sector empresarial que apoya a este movimiento antiderechos, pues hemos visto lonas por toda la ciudad y eso requiere recursos”.
La Iglesia Católica tiene sus propias estrategias antiaborto en Morelos. Además de rechazarlo desde el púlpito, ha realizado jornadas de oración, marchas e incidido en la actividad legislativa. El sacerdote Israel Tapia, de la vertiente antiabortista de la Diócesis de Cuernavaca, dice que han convocado a la gente de sus parroquias para que busquen a sus congresistas y no lo legalicen:“Rezan afuera del Congreso o de las oficinas de los diputados. Yo he visto casos en el Congreso de gente que va y manifiesta, por decir algo: ‘Puente de Ixtla a favor de la vida’, ante el diputado que representa aquel distrito electoral”, dice.
Hostigamiento, criminalización y violencia digital, el sello antiabortista
Una docena de mujeres y un hombre rezan el rosario en la banqueta frente al Congreso de Morelos. La virgen de Guadalupe pende de una lona amarrada entre dos postes en la que se lee: “Rezamos por el fin del aborto, 40 Días por la Vida”.
La plegaria se realiza el 4 de junio, día en que congresistas de la Comisión de Puntos Constitucionales y la de Salud, después de tres intentos fallidos por falta de quorum, aprobaron atender la orden del Juez Noveno de Distrito de suprimir el delito de aborto consentido, para que fuera votada en sesión del pleno.
La señora Josefina Martínez coordina el rezo del rosario. Es corredora de bienes raíces y dice que oran al exterior de hospitales públicos de Cuautla, Emiliano Zapata, Yautepec y Cuernavaca, y que lo hacen en más de 100 ciudades del país. “Después de las jornadas de oración, hay vidas salvadas, personas que se convierten, centros de abortos cerrados”. El grupo forma parte del frente internacional 40 Días por la Vida que, según su portal, fue creada en 2007 y tiene presencia en 64 naciones a través de un millón de participantes.
40 Días por la Vida fue una de las organizaciones antiaborto que hizo presencia en el Congreso del Estado de Guanajuato, uno de los estados más conservadores del país, durante dos sesiones en las que finalmente no se aprobó la Interrupción Legal del Embarazo. Después de su triunfo, en un mensaje de Facebook difundieron: “la vida siempre vencerá a la muerte”.
MolRe observa que las personas antiaborto no pertenecen a un grupo político o religioso específico, como anteriormente sucedía con la gente de Provida. Ahora hay nuevas y diversas expresiones en espacios de poder, personas evangélicas integradas a partidos políticos o que actúan de manera individual. Pero hay un perfil dominante: “muchas son personas adultas mayores, jubiladas, que tienen tiempo para poder estar rezando” o hacer otras actividades como el acoso digital.
En Guanajuato, la derecha católica echó mano de sus estrategias. En la sesión legislativa del congreso del 22 de mayo, la votación quedó empatada (18-18). De inmediato, la jerarquía católica local se movilizó. El arzobispo de León, Jaime Calderón, pidió a sus feligreses que oraran para que la actual legislatura rechazara el aborto. Lo secundaron el obispo de Irapuato, Enrique Díaz, y el de Celaya, Alejandro Aguilar, con declaraciones a la prensa.
El 5 de junio se votó de nuevo. Afuera del congreso guanajuatense una manifestación multitudinaria antiabortista hizo presencia. En una bocina reprodujeron los latidos de un corazón que resonaba hasta el salón donde tuvo lugar la sesión del pleno. Fue rechazada por un voto de diferencia.
La organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir, en un comunicado, denunció que “los ministros de culto […] hicieron llamados directos a legisladoras y legisladores para votar en contra de los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, en una clara violación al principio de laicidad”.
Al mismo tiempo, de acuerdo a Lucero Segoviano, de la organización feministaReDefine Guanajuato, grupos antiabortistas ejercieron violencia digital contra congresistas y activistas proaborto: “Hubo un hostigamiento enorme hacia figuras públicas, un acoso constante en redes, varias compañeras y colectivas fueron bombardeadas con muchos comentarios y amenazas, fue muy fuerte”.
Segoviano dice que, tras el rechazo a la Interrupción Legal del Embarazo, el acoso digital no cesó, por el contrario, aumentó: “es de forma masiva, se ha incrementado en los días posteriores a la decisión del Congreso”. Precisa: “hay mucha inquietud de hacia dónde va a parar porque amenazas puede haber de todo tipo, pero realmente no sabemos hasta qué punto van a llegar”.
El dolor como castigo por abortar
Leticia García, de la colectiva Divulvadoras, tiene 14 años de acompañante en procesos de aborto con medicamentos avalados por la OMS. Señala que en las instituciones de salud pública recurren a los legrados cuando hay causas legalizadas, como por violación sexual, a pesar de que son métodos antiguos y peligrosos que consisten en un raspado que puede perforar el útero y, a veces, se usa “como forma de castigo a quien aborta y no le ponen anestesia”.
Molre advierte que si bien en México, “en apariencia, está habiendo avances en la legalización del aborto, no es suficiente”. Señala que aunque 24 congresos locales lo aprobaron, al interior del país hay expresiones antiabortistas que impiden su acceso. Como en Hidalgo, donde las instituciones de salud están obligadas a proveerlo pero lo obstruyen, violentan a quienes abortan, o las criminalizan, como en Yucatán.
Hidalgo aprobó la Interrupción Legal del Embarazo en 2021. Fue la tercera entidad en hacerlo después de Ciudad de México y Oaxaca, lo que visibilizó prácticas funestas en instituciones de salud pública, como infringir dolor intencionalmente, realizar legrados innecesarios o mostrar el producto expulsado. Daniela Téllez dice que su colectiva Di Ramona ha acompañado seis casos de niñas y adolescentes violentadas durante procedimientos abortivos en el Hospital Materno Infantil de Pachuca. En algunos casos, les negaron la medicina para evitar el dolor.“Yo estuve acompañando a una adolescente de 14 años víctima de violación”, dice Téllez. Atendieron a la niña con misoprostol, pastillas abortivas avaladas por la OMS que no ponen en riesgo la vida y provoca contracciones. La niña empezó a tenerlas y a sentir dolor sin recibir analgésicos. La feminista lo solicitó a las internas pero la ignoraron, “hasta que pasó la médica encargada y me dijo que no le podía dar nada”. Decía que el aborto no iba a funcionar.
Téllez apunta que no fue un caso aislado y que, cuando reclaman al personal de salud, la respuesta es la misma. “No sé si era prejuicio o ignorancia, pero nos decían que cómo cuestionábamos, que si evidentemente les ponían la anestesia o les daban analgésico, pues ya el aborto no iba a funcionar”.
De igual manera, a las niñas les dejaban el producto expulsado entre sus piernas por horas; en un caso, “se lo mostraron a la adolescente y quedó súper impactada. Cuando volvió a hablar con su mamá, lloraba mucho de acordarse de lo que le enseñaron. ¿Cómo es posible?”.Y agrega: “Todos estos casos derivaron en legrado lamentablemente, pese a que ya había habido una expulsión con misoprostol, pese a que el sangrado ya había remitido. ¿Para qué? Podrían haber hecho una aspiración si les preocupaba retirar restos, el legrado era absolutamente innecesario”.
Téllez dice que, a cuatro años de conseguir la Interrupción Legal del Embarazo, lograron que en el protocolo del Hospital Materno Infantil se incluyeran los analgésicos y no mostraran el producto expulsado. Pero “las mujeres que acuden a éste o al Hospital General, reciben tan malos tratos que prefieren mejor hacerlo autogestionado a través de nosotras o por su cuenta”.
En Yucatán, Amelia Ojeda, coordinadora jurídica de la asociación civil Unidad de Atención Psicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, recibió el caso de una adolescente que deseo interrumpir un embarazo no deseado y su madre la llevó con un doctor que le proveyó misoprostol y fue criminalizada por el delito de feminicidio en grado de tentativa.
La abogada narra que estando la madre trabajando, la joven se asustó al empezar a sangrar por el proceso natural del aborto, y su hermana mayor la llevó al Instituto Mexicano del Seguro Social. “En Ginecología dicen que es un aborto sin ninguna complicación, mientras que en Urgencias lo vieron como que la madre intentó matar a su hija, llaman al Ministerio Público (MP) y se abre una carpeta por tentativa de feminicidio”.
El gobierno de Yucatán “retuvo a la chica, bajo la tutela del Estado, no le permiten a la mamá ver a su hija, le dicen que ya no va a tener acceso a ella”. Con el acompañamiento de Ojeda, interpusieron un amparo contra la actuación del hospital por dar aviso al MP sin haber motivo, y la madre logró ver a su hija. “La chica estuvo prácticamente año y medio bajo la tutela del Estado”. A mediados de mayo la adolescente pudo regresar con su familia.
La derecha avanza contra el aborto
La activista Tania Osiris Cabrera dice que la campaña antiabortista en Morelos ha recibido apoyo empresarial para colocar lonas en la Zona Metropolitana de Cuernavaca. A una cuadra de la catedral, a fines de 2024, una lona de gran formato dirigió este mensaje a la Legislatura LVI que había asumido en septiembre de 2024:
“Diputada, diputado. Las mujeres de Morelos pedimos paz. El aborto es el mayor destructor de la paz. No más asesinatos de niñas y niños inocentes e indefensos en el vientre de sus madres. ¡Voten con el corazón a favor de la mujer y de la vida!”.
Cabrera pensó que el arribo de la primera presidenta en México, Claudia Sheinbaum Pardo; y de la primera gobernadora morelense, Margarita González Saravia, ambas a favor de la Interrupción Legal del Embarazo, agilizarían su aprobación en el Congreso local.
Sin embargo, la derecha también halló acomodo en Morena. Una fuente legislativa del partido me dijo en entrevista, con la condición del anonimato, que en esta legislatura sus congresistas provienen “de varios partidos: Nueva Alianza, PAN, PRI, PRD”, y que el obispo Castro ha incidido en el voto de la bancada a través de la feligresía de las parroquias que están en los distritos que representan. Temen perder apoyo electoral.
Después de ocho meses de desacato judicial, el 4 de junio la Comisión de Puntos Constitucionales y la de Salud aprobaron suprimir el delito de aborto voluntario del Código Penal local. Ahora debe admitirse en el pleno por 14 de sus 20 congresistas. Junio cerró sin que fuera agendado.
MolRe advierte que, a pesar de vivir en un país con un gobierno de izquierda, el avance de las expresiones antiabortistas, aún en estados gobernados por Morena, como Morelos, son un termómetro que coloca al país en escenarios previos a lo que hoy se vive en Estados Unidos y Argentina, en donde la derecha arribó al poder e impuso políticas prohibicionistas y antiderechos: “Hay muchos indicadores que deberían de alertarnos, estamos en un escenario de semáforo amarillo. Los tenemos que tomar en cuenta para no pasar a escenarios de retroceso total”.
El padre Tapia lo pone en perspectiva celestial: “Una persona que hasta el final muere sin arrepentirse en algún pecado, no sólo el aborto, el pecado que sea, sin arrepentirse hasta el final, pues el evangelio es bien claro, ¿no?… El infierno nos estará esperando”. Más el infierno de la derecha mexicana es de hoy, de este mundo.
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