Tras la aprobación de la Ley Antimonopolio se crea la Comisión Nacional Antimonopolio, la cual absorberá las tareas que realizaba la extinta Cofece.
Redacción AN / ES
El Senado de la República aprobó este sábado en lo general el dictamen que modifica la Ley Federal de Competencia Económica y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La iniciativa fue avalada con 68 votos a favor y 35 en contra por el Pleno del Senado de la República y con ello se plantea crear la Comisión Nacional Antimonopolio, la cual absorberá las tareas que realizaba la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
La Comisión Nacional Antimonopolio, organismo público descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Economía, enfocado en garantizar la libre concurrencia y competencia económica en todos los mercados y sectores del país, de acuerdo con un comunicado del Senado.
Asimismo, la propuesta, enviada a la Cámara de Diputados, plantea reformar la Ley Federal de Competencia Económica y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para realizar un rediseño institucional sobre las funciones del Estado en la rectoría económica del país, para que se administre con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los recursos públicos, y mantener vigente la supremacía del interés general, público y social.
Las y los senadores David Novoa Toscano, Mario Humberto Vázquez Robles y Laura Esquivel Torres, del PAN; Edna Geraldina García Gordillo, del PRI; y Amalia Dolores García Medina, de Movimiento Ciudadano, presentaron modificaciones a los artículos 3, 12, 13 bis, 18, 23, 31, 54, 77 bis, 136 y 140, 141, 142, de la Ley Federal de Competencia Económica.
Sin embargo, la asamblea rechazó las propuestas de modificación, por lo que los artículos reservados quedaron en sus términos, y con 72 votos a favor y 34 en contra el dictamen fue aprobado en lo particular.
Posicionamientos contrarios
Para fijar la postura de Morena, Martha Lucía Micher Camarena consideró que el proyecto busca fortalecer y dar continuidad a la política de competencia del país, pues impulsa una modernización institucional para recuperar el control del Estado sobre los intereses económicos, para que la competencia sea de verdad una herramienta en favor de las familias mexicanas.
Por su parte, Marko Cortés Mendoza dijo que en Acción Nacional están en contra de esta reforma, porque destruye los contrapesos y los controles constitucionales, pues permite que el titular del Ejecutivo en turno asuma el control total en materia de competencia económica, y lo único que provocan es incertidumbre, desempleo y ahuyentar a la inversión.
Del PRI, el senador Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que la propuesta es “profundamente regresiva” porque, bajo “el falso argumento” de la simplificación administrativa, pone en riesgo los avances en materia de competencia económica, pues una entidad subordinada al Ejecutivo Federal amenaza la imparcialidad y la certeza jurídica, decisiones que podrían verse condicionadas por intereses políticos.
Mientras que el senador Waldo Fernández González, del Partido Verde, afirmó que México requiere de una autoridad capaz de equilibrar el tablero de competencia económica, que es desigual en algunos sectores; por ello la Comisión Nacional Antimonopolio que se propone está diseñada con capacidad real para actuar con firmeza contra quienes transforman el mercado y con ello trasladan el costo de sus privilegios a millones de consumidores
En esa misma línea, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, del PT, afirmó que la reforma permite al sector empresarial ser escuchado y favorece la competitividad. Además, al hablar de austeridad no se trata de afectar los derechos de los trabajadores, se trata de bajar costos en grandes edificios o duplicidades que no tienen justificación.
En contra, Francisco Daniel Barreda Pavón, de Movimiento Ciudadano, señaló que la propuesta debilita a las instituciones, perjudica a los ciudadanos y deteriora la competitividad económica del país. Dijo que al sustituir a la Cofece por una comisión antimonopolios, significaría una pérdida de autonomía al quedar directamente sectorizada a la Secretaría de Economía.
