Explicó que la medida no solo impedirá su entrada a Estados Unidos, sino que servirá como elemento disuasorio para la continuación de actividades ilícitas
Arturo Jiménez / La Silla Rota
WASHINGTON.- Estados Unidos impuso este jueves nuevas restricciones de visados a familiares y colaboradores cercanos de personas con probado historial de narcotráfico, como parte de una estrategia para frenar la entrada al país de drogas como el mortal fentanilo.
La nueva política se implementará bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y ampliará el alcance de la Orden Ejecutiva 14059, que impone sanciones a personas extranjeras involucradas en el comercio de drogas ilícitas.
¿Qué dice Marco Rubio, secretario de Estado de EU?
“La imposición de restricciones de visado a los narcotraficantes, sus familiares y estrechos colaboradores personales y comerciales no solo impedirá su entrada a Estados Unidos, sino que servirá de elemento disuasorio para la continuación de actividades ilícitas”, aseguró el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.
Anuncio una nueva política de restricción de visas para familiares y socios personales y comerciales cercanos de personas sancionadas bajo la Orden Ejecutiva 14059. Utilizaremos todas las herramientas necesarias para disuadir y desmantelar el flujo de fentanilo y otras drogas mortales que ingresan a nuestro país.
Contexto: este miércoles, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes contra tres instituciones financieras en México, entre ellas, CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa a quienes identifica como fuentes de preocupación principal por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo.
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De acuerdo con el Tesoro, estas entidades facilitaron durante años transferencias multimillonarias a nombre de cárteles mexicanos y colaboraron indirectamente en la compra de precursores químicos utilizados para la producción de opioides sintéticos. Como resultado, se prohibieron ciertas transferencias de fondos que involucren a dichas instituciones.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent en un comunicado.
Estas medidas marcan la primera aplicación de la nueva Ley FEND Off Fentanyl y de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, que otorgan nuevas facultades para combatir el lavado de dinero relacionado con narcóticos. El anuncio ocurre en el marco de la cooperación binacional entre EU y México en materia de seguridad financiera y combate al crimen organizado.
La FinCEN prohibió a entidades financieras estadounidenses realizar transferencias de fondos con las instituciones sancionadas a partir de los 21 días de la publicación de la medida impuesta.
Consumo de fentanilo
De acuerdo con el reporte de la UNODC 2025 sobre consumo de drogas a nivel mundial, el consumo de opioides sigue siendo elevado en América del Norte, donde el 2.75% de la población adulta declaró haberlos consumido en el año anterior (8 millones de personas) en 2023.
Siguiendo el mismo reporte, la epidemia de opioides relacionada con fentanil de producción ilícita elevó hasta máximos históricos las muertes por sobredosis en América del Norte. Esa tendencia se invirtió en agosto de 2023, cuando las cifras comenzaron a disminuir por primera vez en diez años. Las muertes por sobredosis se redujeron en casi un 25 % entre octubre de 2023 y septiembre de 2024
La medida de EU
Esta nueva medida se enmarca en un apartado de la ley de inmigración estadounidense que aborda la inadmisibilidad de extranjeros cuya entrada al país pueda representar un riesgo para los intereses nacionales.
Según dijo, el Departamento de Estado “utilizará todas las herramientas necesarias para disuadir y desmantelar el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas que entran a EU y perjudican a los ciudadanos estadounidenses”.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado, el presidente Donald Trump ha utilizado la situación provocada por el consumo de droga en el país como uno de sus principales argumentos para tomar algunas medidas en materia migratoria o comercial.
“La crisis del fentanilo en EU no tiene precedentes, y las sobredosis siguen siendo la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 44 años”, indicó Rubio. También agregó que en 2024 hubo más de “220 muertes diarias por sobredosis”.
¿Qué dice la orden ejecutiva 14059 que será ampliada en sus alcances?
La orden ejecutiva 14059 firmada por el entonces presidente Joe Biden indica que el secretario del Tesoro está autorizado a imponer cualquiera de las sanciones descritas en la sección 2 de esta orden a cualquier persona extranjera que determine el secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, el Fiscal General y el Secretario de Seguridad Nacional
(i) haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que hayan contribuido materialmente o representen un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o de sus medios de producción; o
(ii) haber recibido a sabiendas cualquier propiedad o interés en propiedad que la persona extranjera sabe:
(A) constituye o se deriva de productos de actividades o transacciones que han contribuido materialmente, o plantean un riesgo significativo de contribuir materialmente, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción; o
(B) se utilizó o se pretendió utilizar para cometer o facilitar actividades o transacciones que hayan contribuido materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o de sus medios de producción, o que planteen un riesgo significativo de contribuir materialmente a ella.
(b) El Secretario del Tesoro está autorizado a imponer cualquiera de las sanciones descritas en la sección 2 de esta orden a cualquier persona extranjera que determine el Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, el Fiscal General y el Secretario de Seguridad Nacional:
(i) haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios de apoyo
