La dependencia todavía no anuncia si pide la pena de muerte para el Narco de Narcos, que está acusado de dirigir el brutal asesinato del agente de la DEA
Beatriz Guillén
La Fiscalía de Estados Unidos todavía no anuncia si va a pedir la pena de muerte para Rafael Caro Quintero, el capo mexicano acusado de dirigir el brutal asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. La dependencia ha confirmado que la opción está todavía “sobre la mesa”, pero se decidirá en la próxima audiencia del 18 de septiembre. En esa nueva cita, la defensa pública del narcotraficante ha informado que desahogará un paquete de elementos para mitigar la acusación contra Caro Quintero y evitar la pena capital. Mientras, la fiscal Saritha Komatiredy sí ha avanzado que, entre las pruebas, cuentan con grabaciones del interrogatorio y la tortura que sufrió Kiki Camarena, que podrán utilizarse en el juicio: “Son grabaciones extremadamente sensibles”.
El futuro judicial del Narco de Narcos sigue sin aclararse. El juez Frederick Block, del distrito este de Nueva York, había dado 90 días a la Fiscalía para que confirmara si iba a solicitar la pena máxima para el capo mexicano, pero la dependencia ha atrasado todavía esa decisión. La fiscal sí ha anunciado este miércoles que tienen pruebas documentales, más de 30 intervenciones telefónicas y también las grabaciones del interrogatorio al agente de la DEA.
En la audiencia de este miércoles, que ha durado apenas 20 minutos, la abogada del capo, Elizabeth Macedonio, también ha avisado que necesitaba más tiempo para poner a disposición del fiscal general “un paquete de elementos de mitigación”. Entre estas pruebas de descargo estarían que el crimen contra Kiki Camarena sucedió hace 40 años en México, y también los polémicos términos de entrega de Caro Quintero, que no llegó a EE UU en una extradición al uso, sino en una entrega masiva que hizo el Gobierno de Claudia Sheinbaum.
El narcotraficante, que pasó casi 30 años en prisión en México y fue liberado en 2013 por un error de procedimiento, estuvo prófugo durante casi una década, durante la cual el Gobierno de Estados Unidos llegó a ofrecer 20 millones de dólares por él (el doble que entonces ofrecía para El Mencho, el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación). Caro Quintero fue detenido en un operativo de película en la sierra de Sinaloa en julio de 2022 y fue entregado a Estados Unidos a final de este febrero, en una operación inédita en la que México envió al país vecino a 29 líderes criminales, en el marco de las negociaciones de los aranceles con Donald Trump.
Entre los capos estaban los líderes de Los Zetas, los hermanos Treviño Morales; varios operadores claves del Cartel de Sinaloa para el trasiego de fentanilo, o fundadores del Cartel Jalisco Nueva Generación y de la Familia Michoacana. Pero entre todos los trofeos había una corona: la del Príncipe.
Después de 40 años de espera, la justicia estadounidense recibía al director del secuestro, tortura y muerte de Enrique Kiki Camarena en 1985. Todos los actos relacionados con Caro Quintero están cargados de simbolismo para la DEA, desde el despliegue de fuerzas hasta llegar a amarrarlo con las esposas del agente especial asesinado. “Es un asunto personal”, han reconocido elementos de la agencia en ocasiones. “Es uno de los jefes de carteles más malvados del mundo”, decía el comunicado de la propia Casa Blanca cuando se supo su llegada a EE UU.
Si su entrega hubiera sido la de una extradición formal, Caro Quintero no podría enfrentar la pena de muerte —puesto que es uno de los límites que México impone en estos procesos—, sin embargo, la singularidad del envío —que la justicia estadounidense denomina como “expulsión”— no incluye condicionantes. El Tribunal tiene designado este caso como complejo a efectos de que sea un juicio rápido.
Caro Quintero está acusado de cuatro cargos que, como poco, le enfrentan a la cadena perpetua. Los fiscales lo acusan de dirigir una empresa criminal continuada, la del Cartel de Guadalajara, un delito que recoge otras 10 infracciones, como conspiración para el asesinato; dos cargos por distribución internacional de estupefacientes y otro por uso ilegal de armas de fuego para promover el tráfico de drogas. Mientras el proceso judicial avanza, el capo permanecerá entre rejas en el Centro Metropolitano de Detenciones de Brooklyn, que también alberga a Ismael El Mayo Zambada. Ahí está bajo un régimen de medidas especiales en prisión: aislado 23 horas al día en su celda y con la comunicación con el exterior, incluso con su defensa, limitada.
