La disputa entre los cárteles de Los Chapitos, Los Salazar y el de Caborca por el control económico de la región –clave para el tráfico de fentanilo, la minería y la cacería– ha dejado a rancheros en la indefensión, desplazados de sus tierras y con una drástica caída en actividades productivas.
PROCESO
HERMOSILLO, Son.– Hace cinco años se inició una guerra por el control económico del desierto de Sonora, la ruta más importante del mundo para el tráfico de fentanilo y una de las regiones más productivas del país en el sector minero y las actividades cinegéticas, ambas estrechamente relacionadas a financiamiento estadunidense.
Los rancheros de la región que cubre todo el tramo desde Hermosillo hasta la frontera con Estados Unidos y con Baja California, y que bordea el Mar de Cortés, vieron llegar en los últimos años, uno tras otro, convoyes de sicarios con armas largas y equipo táctico. Les robaron ganado, los despojaron de sus predios y sus carros y fueron obligados a cambiar su vida, cuando lograron conservarla.
Los criminales, que en tiempos pasados rondaban la región, dejaron de ser asaltantes, bandidos, ladrones que portaban, por lo general, armas de bajo calibre: comenzaron a portar armas largas, equipo táctico, a viajar en convoyes y utilizar, incluso, vehículos con blindaje pesado elaborado artesanalmente, “narcotanques”, de acuerdo con testimonios de algunos de los afectados.
La guerra por el desierto sonorense puso a los rancheros en una situación de indefensión tal que la derrama económica, relacionada con la agricultura, la ganadería y, sobre todo, la cacería cayó drásticamente durante la temporada 2024-2025.
Si te vas de Hermosillo a Nogales, y todas las demás fronteras y rutas, en todos lados hay caminos por los ranchos y (los criminales) van tumbando candados, abriendo puertas… y ponen sus bases donde les interesa -afirmó un ranchero local entrevistado por Proceso.
Es un episodio que se enmarca en la disputa entre grupos criminales desprendidos del Cártel de Sinaloa y que enfilaba a un colapso económico inminente, dijo Víctor Hugo Enríquez García, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, días antes de presentar su renuncia al cargo como consecuencia de la fuga de un líder del cártel de Los Salazar del Centro de Readaptación Social 1 de Hermosillo.
“La presencia de estos grupos en esas zonas desérticas se ha ido expandiendo para tener otros ingresos, otro tipo de recursos que van desde la extorsión, pero también robo de ganado, apoderamiento de ranchos y minería que se explota de manera irregular, pero que al final de cuentas son el día a día de las actividades del crimen organizado, aunado a muchas otras actividades delictivas, como el tráfico de personas”, explicó quien fuera el segundo en el cargo durante el gobierno del morenista Alfonso Durazo Montaño.
“Entonces, cuando hacemos el análisis, notamos que si todos estos ciclos productivos comienzan a perderse poco a poco, la economía va mermando y por consecuencia las fuentes de trabajo. Y es donde empieza el colapso, por así decirlo”, expone Enríquez García en declaraciones a este medio.
De acuerdo con el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora (SSP), quien fue director de operaciones de la Policía Federal en Sonora, la situación en la que encontró el desierto sonorense en 2024, cuando tomó el cargo, se encaminaba a un “colapso económico”, como el vivido en Colombia con el control de los procesos económicos por el crimen, debido a las actividades de los cárteles dedicados al trasiego de cocaína.
En el caso de la cacería, esto se relaciona con que la mayoría de los ranchos cinegéticos de Sonora están enfocados en ofrecer servicios a ciudadanos estadunidenses, tanto por la cultura en torno a ello, como por el alto costo de la práctica pagada en dólares y por la cercanía con la frontera.
A esta actividad se suman la ganadería y la agricultura, que con frecuencia también son practicadas en ranchos dedicados a la cacería, y que en Sonora destinan la mayor parte de sus productos a la exportación con destino en el mercado estadunidense.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 0024 de la revista Proceso, correspondiente a junio de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.
