Campeche, Camp. El diario Tribuna se encuentra cerrado, luego de 50 años de haber realizado la labor de informar a los habitantes de Campeche. Carlos Sansores Pérez lo fundó el 11 de junio de 1975, como el primer periódico impreso en la entidad y el pasado 13 de junio dejó de operar en forma digital debido a un resolutivo de una jueza a favor de su hija Layda Elena Sansores San Román.
Lo anterior tras un juicio que se prolongó por dos años y siete meses, en que la gobernadora Sansores denunció a Organización Editorial del Sureste –editora de Tribuna–, a su ex director, Jorge Luis González Valdez, y al administrador, Isidro Yerbes, por los presuntos delitos de incitación al odio y a la violencia, difamación y calumnias.
La querella fue secundada por la secretaria estatal de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, por los mismos cargos.
Además, el vocero del Gobierno del Estado, Walther Patrón Bacab demandó a Tribuna y a González Valdez por daño moral. Se quejó de que el periódico publicó información que afectó a su honor y decoro, pues lo acusaron de ser prestanombres de Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la hoy gobernadora, y de haber recibido contratos durante la administración de Sansores como alcaldesa de la Álvaro Obregón.
Tal denuncia fue presentada en la Fiscalía de la Ciudad de México por Lía Limón, quien sustituyó a Sansores San Román como alcaldesa. La diputada local de la CDMX, Tania Larios respaldó la denuncia y mostró las facturas donde se prueba que le dieron contratos por al menos tres millones de pesos.
Pese a que la información fue difundida a través de diversas agencias noticiosas de la capital del país, y que Tribuna solamente reprodujo, la jueza de lo civil Maribel del Carmen Beltrán Valladares condenó a González Valdez y a Tribuna a pagar dos millones de pesos como indemnización. Su sentencia se basó en que ni el periodista ni el periódico “corroboraron la veracidad de la información que publicaron”.
Acumula denuncias
En contra de González Valdez y de Tribuna, la gobernadora Sansores también presentó demandas por violencia política en razón de género ante el Instituto Electoral del Estado que le concedió la razón, la cual fue ratificada por el Tribunal Electoral Estatal.
Los juzgados, el Ministerio Público y las autoridades electorales han emitido medidas cautelares contra González Valdez para que deje de ejercer ‘violencia de género’ contra la gobernadora y su secretaria de Seguridad, y emitieron una “medida de protección” a favor de ambas, para que en su ejercicio periodístico no se refiera a ellas ni las mencione.
González Valdez impugnó esas medidas y continuó con su ejercicio periodístico como analista del programa semanal Expediente que se transmitía por la plataforma de Telemar, ya que se había jubilado como director de Tribuna desde el año 2017.
El 9 de abril pasado, policías estatales lo detuvieron con exceso de violencia presuntamente por “faltas a la autoridad” y lesiones contra un elemento, pues descendió de su vehículo para asesorar a un joven motociclista que estaba retenido por tener vencida su licencia y los agentes ordenaron que la motocicleta fuera enviada al corralón.
El periodista, de 71 años de edad, fue sometido violentamente, golpeado y conducido a los separos de la Fiscalía, pese a que padece problemas del corazón y a que sangraba visiblemente de una oreja por las lesiones que le causaron. Permaneció bajo arresto 48 horas, y después fue liberado pues no se levantaron cargos en su contra.
Finalmente, el pasado viernes 13 de junio, la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada lo vinculó a proceso por los presuntos delitos de incitación al odio y a la violencia, le prohibió ejercer el periodismo por espacio de dos años, ordenó el cierre de la plataforma digital Tribuna-–pues desde el 18 de enero de 2024 ya no salía en papel– por ese mismo lapso – y también vinculó a proceso al administrador de la página, Isidro Yerbes.
Además, una jueza civil ordenó embargar el predio propiedad de González Valdez para garantizar el pago de los dos millones de pesos que reclama Walther Patrón Bacab, vocero de la gobernadora, por el “daño moral” que supuestamente se le causó. También ordenó que le proporcionen información sobre los vehículos que le pertenecen al periodista, con la finalidad de aplicarle la misma sanción.
Sanción no es definitiva: Tribunal
Por otro lado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Campeche, Manuel Enrique Minet Marrero evitó opinar sobre el resolutivo de la jueza Guadalupe Martínez Taboada, aunque expuso que están en una fase inicial del proceso, y que las medidas cautelares que se impusieron son por un determinado tiempo, y no son definitivas.
El cierre de la investigación, precisó, está fijado para dos meses, aproximadamente para agosto que es cuando se va tomar la decisión final. Además las partes tienen los medios de defensa como la apelación o el amparo, por lo que no es una decisión absoluta.
Subrayó que “hay una línea muy delgada entre la expresión del periodismo y los ataques personales” y habría que valorar las medidas cautelares que se tomaron, no son decisiones definitivas. “Tendríamos que llegar a la sentencia para ver qué se va definir por el tribunal de enjuiciamiento”.
No hay censura: Sansores
Sobre este caso que ha generado controversia en todo el país, la gobernadora Layda Sansores negó que se trate de un ataque a la libertad de expresión o un caso de censura, y acusó al periodista de atacarla de manera sistemática con insultos y ofensa en sus escritos, pues le han dicho gorda, anciana, fea, “mamá de Chucky”y otros calificativos, “que no tienen nada de libertad de expresión, sino libertad de agresión”.
