Castillo Loza dijo que una infracción relacionada con la distribución generalizada de propaganda ilícita podría acarrear la nulidad de los comicios.
Redacción AN/ SBH
El consejero electoral Arturo Castillo planteó al Instituto Nacional Electoral (INE) que no se valide la elección judicial, para que se investiguen un cúmulo de “prácticas profundamente antidemocráticas”.
La intervención se dio en sesión del Consejo General del INE, durante la votación final para avalar los comicios judiciales y antes de entregar constancias de mayoría a los ganadores.
En su intervención, Castillo destacó el caso de los acordeones para instruir el voto.
Alertó que “en los cargos nacionales, las candidaturas ganadoras estaban incluidas en promedio en el 80 por ciento de los acordeones y en los cargos de las salas regionales la coincidencia es del 85 por ciento en promedio”.
Sostuvo que esto es un indicio de que hubo “una estrategia propagandística dirigida intencionalmente a beneficiar a las mismas candidaturas”.
Castillo Loza dijo que una infracción relacionada con la distribución generalizada de propaganda ilícita podría acarrear la nulidad de los comicios.
Si todo esto se llega a acreditar en sede jurisdiccional, estaríamos hablando entonces de una afectación directa a la equidad en la contienda en virtud de la distribución generalizada de propaganda ilícita a favor de candidaturas determinadas, más aún podría actualizar el supuesto de nulidad previsto en el artículo 77, inciso e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativo a acreditar el uso de financiamiento público o privado, cuestión que conoceremos una vez que concluya el proceso de fiscalización en julio próximo.
Sostuvo que son indicios que deben investigarse y presentarse a valoración del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte.
Esto fue parte de lo que dijo:
Quiero referirme al elefante en la sala del que nadie quiere hablar: los llamados “Acordeones”. Y el problema es evidente, la totalidad de las candidaturas ganadoras en los órganos nacionales, esto es, en la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior y en cuatro de las cinco Salas Regionales del Tribunal Electoral, con excepción de la Sala Regional Toluca, coinciden con las promovidas en los llamados “Acordeones”. Si se tratara solamente de una campaña improbablemente exitosa estaríamos frente a un reto de fiscalización que, por supuesto subsiste, pero se trata de otra cosa, se trata de posible propaganda ilícita pagada con recursos prohibidos y distribuida en gran parte del territorio nacional.
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