Ap, Reuters, Afp y The Independent
Washington. Al recrudecerse la cacería de migrantes, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) comenzaron a perseguir en campos agrícolas a presuntos indocumentados en California, mientras organizaciones defensoras de derechos migrantes reportaron múltiples operativos en todo el estado, donde se estima que laboran aproximadamente 255 mil 700 trabajadores del campo sin documentos.
Elementos del ICE irrumpieron en plantaciones de arándanos y otras instalaciones agrícolas, en un aumento de las redadas que busca cumplir con una cuota de tres mil detenciones diarias impuesta por Stephen Miller, subjefe de personal en la Casa Blanca, reportó el diario británico The Guardian.
También se registraron detenciones en diversas partes del estado, en su mayoría en sitios laborales. De acuerdo con el diario Los Angeles Times, en la ciudad de Downey, los agentes interceptaron a un anciano después de dejar a su nieta en la escuela. El concejal Mario Trujillo denunció que hubo operativos en tiendas de Home Depot y gimnasios LA Fitness, con la intención de generar “caos y miedo”.
La Casa Blanca confirmó el arresto de 330 migrantes en Los Ángeles desde el viernes, mientras que la policía local informó la detención de 20 personas por violar el toque de queda durante la primera noche de restricciones, que se mantienen.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, condenó los operativos migratorios y advirtió que el condado “podría estar siendo usado como experimento nacional para medir hasta dónde puede avanzar el gobierno federal al arrebatarle poder a un gobernador, a una jurisdicción local y, en definitiva, dejar a nuestra ciudad y a nuestros residentes sumidos en el miedo”.
Aunque las fuerzas del orden continuaron empleando proyectiles de control para dispersar a los manifestantes, se registraron menos enfrentamientos que en jornadas anteriores. En redes sociales circularon imágenes del amanecer en el centro de la ciudad, donde se veía a personas caminando con sus perros o rumbo al trabajo, café en mano.
En este contexto, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, resaltó que las imágenes de disturbios en la televisión y las redes sociales han engañado a muchos estadunidenses sobre la naturaleza y la escala del caos que ha acompañado las protestas en gran medida pacíficas contra las redadas de inmigración en los últimos días.
“Si solo vieran los reportajes mediáticos sobre lo que ha sucedido en los últimos cinco días, pensarían que estamos al borde de la guerra. Permítanme poner esto en perspectiva. Hay 11 millones de personas en este condado; 4 millones de ellas viven en Los Ángeles. Calculamos que solo unas 4 mil personas participado en las protestas, lo que significa que 99 por ciento restante no”, subrayó Hochman.
A su vez, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, se desmarcó de la evaluación del presidente Donald Trump sobre la supuesta “amenaza” que representan los extranjeros por las protestas.
Según el diario The Washington Post, cuando el senador demócrata Brian Schatz lo cuestionó respecto a si consideraba que las manifestaciones en Los Ángeles eran señal de una invasión extranjera, como Trump las calificó, el general negó tal posibilidad y recalcó: “en este momento no observo ninguna invasión de actores estatales extranjeros”.
Mientras tanto, la administración Trump argumentó ante un tribunal federal que cualquier limitación judicial al despliegue de tropas militares en Los Ángeles pondría en riesgo a los agentes federales de inmigración y minaría la autoridad presidencial para garantizar la seguridad en las ciudades del país.
Asimismo, el teniente coronel del ejército, Chad Campbell, informó sobre las primeras detenciones de tres migrantes en una zona militarizada cerca de Nuevo México por parte de soldados estadunidenses, tras ser acusados de invadir una zona que recientemente se designó como militar a lo largo de la frontera sur,.
Por otra parte, el juez federal a cargo del caso de Mahmoud Khalil resolvió que la administración no puede detener ni deportar al activista de la Universidad de Columbia basándose únicamente en una determinación del secretario de Estado, Marco Rubio. La orden será efectiva a partir del viernes, para que el gobierno pueda apelar.
