Los nuevos jueces en México, tanto federales como locales, serán parte de las maquinarias político-electorales de los partidos, fundamentalmente de Morena que es el partido hegemónico en el país.
En este sentido, en un pleito entre un particular y el gobierno, los juzgadores le darán la razón al gobierno. No habrá manera de apelar sus decisiones porque, desde los jueces de distrito locales hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, serán parte de la estructura gubernamental.
Pongo un ejemplo.
Si el Sistema de Administración Tributaria (SAT) resuelve que un contribuyente debe diez millones de pesos de impuestos después de una auditoría, pero el contribuyente piensa que sólo es un millón de pesos, el SAT simplemente dirá “vámonos a juicio”. Tendrá la certeza que, ahí, ganará porque los jueces, sus jueces, le darán siempre la razón al gobierno.
No habrá justicia, sino la imposición de la voluntad de una de las partes.
Vamos hacia un sistema de jueces que siempre inclinarán la cancha a favor de Morena y sus gobiernos.
Es lo que ya ocurre, hoy en día, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De los cinco magistrados que existen, tres responden a los intereses de Morena: Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y la presidenta Mónica Soto. Con esta mayoría de jueces morenistas, el partido en el poder ha logrado que todas las decisiones judiciales le sean favorables. Ya no hay justicia electoral. Hay la imposición de la voluntad gubernamental.
Lo mismo ocurrirá en todos los tribunales locales y federales. Y si algún juzgador se atreve a decidir en contra de los intereses gubernamentales, habrá un Tribunal Disciplinario de jueces, también controlados por Morena, que podrá sancionarlos, incluso destituirlos y acusarlos judicialmente.
La reforma judicial está muy bien pensada para que Morena se apropie y controle al Poder que se atrevió a desafiar las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador el sexenio pasado. De ahora en adelante, el Ejecutivo podrá hacer lo que se le venga en gana porque contará con el apoyo irrestricto de los otros dos poderes: Legislativo y Judicial.
Doy otro ejemplo del Judicial que viene.
Nuestro colega Héctor de Mauleón publicó el 1 de mayo una columna en El Universal sobre una red de tráfico de huachicol, corrupción, sobornos y extorsiones lidereada por Juan Carlos Madero, administrador de Operación Aduanera en Tamaulipas.
Su cuñada, Tania Contreras, exconsejera jurídica del gobierno de Américo Villarreal, era, según De Mauleón, “la carta fuerte de Morena para quedarse con la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado”.
Bueno, pues a esta señora le disgustó esta información periodística, producto de un documento hackeado a la Sedena por el colectivo Guacamaya, y demandó al periodista y al medio frente al Tribunal Electoral de Tamaulipas, quien, de manera acelerada, ordenó retirar de inmediato la publicación y abstenerse de emitir nuevas publicaciones sobre Contreras, so pena de imponer sanciones que podrían llegar al arresto.
Dice De Mauleón: “Ese tribunal es el que hoy nos manda callar, en un ataque directo contra la libertad de expresión. Ese tribunal es el que lleva sus notificaciones, no al periódico donde se publicó la columna, sino hasta el domicilio del periodista que la escribió. Ése es el Poder Judicial que viene, el Poder Judicial que quieren. Un Poder Judicial a modo y al servicio de los verdaderos poderes que hay en México”.
Tiene toda la razón: se trata de un atisbo más de lo que viene.
Más de 160 periodistas, académicos, investigadores y ciudadanos firmaron un desplegado para condenar el intento de censura contra De Mauleón y El Universal. El escrito, con el que me solidarizo, cuestiona: “Este episodio surgido en un tribunal electoral estatal con nexos políticos con autoridades locales electas obliga a preguntar si ése es el futuro que se pretende para el Poder Judicial en su conjunto como resultado del incierto, confuso y partidizado proceso electoral que se llevará a cabo en los próximos días en el país”.
Me atrevo a responder: totalmente.
Porque para eso se diseñó la reforma judicial. El objetivo es apoderarse del Judicial para que el gobierno pueda amedrentar a los ciudadanos, ya sea en el pago de impuestos de los contribuyentes, silenciar a periodistas incómodos o los que se les antoje.
