Quizá la verdadera respuesta para abatir al crimen organizado no esté en las habilidades de Omar García Harfuch, sino en la capacidad de Claudia Sheinbaum para reorientar al gabinete económico a tareas de seguridad. Y es que no hay capacidad de fuego que alcance, ni investigación criminalística que neutralice la velocidad con la que los cárteles reproducen sus fuerzas. Las bajas que han sufrido los sicarios habrían debilitado a cualquier ejército, pero no es su caso. Su capacidad para reclutar personal, comprar armas, corromper e infiltrar autoridades parece inagotable. Podría asumirse que la mayor parte de los asesinatos en México están relacionados con personas vinculadas a las actividades criminales; casi siempre por ejecuciones y enfrentamientos entre ellos mismos. Durante años la cifra anual de asesinatos rondó las 35 mil personas y aunque descendió a 27 mil en 2024, el sexenio cerró con casi 200 mil. Para cualquier fuerza militar sería una merma severa, pero no para el crimen organizado. Su fortaleza no disminuye.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, informó hace unos días que han sido detenidas 20 mil personas por delitos de alto impacto en los siete meses que llevamos de gobierno. Un esfuerzo que se agradece frente a la laxitud llamada “abrazos no balazos” de la administración anterior. Algo se ha conseguido a juzgar por la paulatina disminución en el número de asesinatos por día, que de 100 hace seis años ha bajado a 70. Pero lo que vemos en Sinaloa, donde las fracciones del cártel local siguen en su brutal guerra fratricida pese al enorme esfuerzo del Estado mexicano para detenerlo, deja en claro que la potencia de los capos apenas ha sido arañada.
Y no es de extrañar. La generación de recursos económicos por parte del crimen organizado parece infinita. A las drogas se han sumado la extorsión a productores, el derecho de piso generalizado en algunas regiones, el control de piratería y, sobre todo, el huachicol y contrabando de combustibles a escala industrial. En tanto el flujo ingente de recursos económicos siga nutriendo la capacidad de fuego, el reclutamiento y la corrupción de autoridades, la actividad criminal será una puerta revolvente. No importa cuántos delincuentes pueda aprehender García Harfuch, o cuántas becas para jóvenes se ofrezcan en las regiones flageladas, los recursos inagotables mantendrán un ciclo perenne. Se estima que el llamado huachicol fiscal registrado entre 2019 y 2024 ascendería a casi 30 mil millones de dólares. Prorrateado por año, equivaldría al doble del presupuesto que ejercerá la Secretaría de Seguridad Pública en 2025; y eso solo en lo que respecta a ingresos por huachicol. Un financiamiento criminal que deja en enorme desventaja a la autoridad.
De allí que la verdadera batalla sea financiera. Evidentemente no puede descuidarse el combate a la violencia y a los violentos a través de un mejor esfuerzo militar, policiaco y judicial. Pero tan o más importante es dificultar y, en lo posible, interrumpir el flujo de recursos que alimenta a esta gigantesca actividad. Y eso solo puede ser posible mediante una compleja y cuidada estrategia del Estado mexicano. Involucraría al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Secretaría de Comercio, Seguridad Pública, Aduanas, gobiernos estatales. El crimen hormiga podría sobrevivir a esta criba, pues se hace a partir de pequeños montos y de manera clandestina. Pero la fuerza que en verdad enfrenta a los poderes del Estado es aquella que opera logísticas a escala internacional, contrata buques, desplaza capitales de un sitio a otro y se mueve en circuitos financieros a la vista de todos.
Si murieron 200 mil sin que el poder del narco disminuyera de manera sensible, ¿a cuántas personas tendría que aprehender y encarcelar García Harfuch para que cese la violencia? ¿En qué cárceles vamos a meter al flujo de delincuentes que nunca termina de reproducirse?
Y, por lo demás, no solo se trata de un asunto de seguridad y paz social. La magnitud del huachicol es tal que afecta las finanzas del Estado. Imposible saberlo con seguridad, pero especialistas afirman que una cuarta parte de los combustibles vendidos proceden de estos flujos criminales. Será muy difícil rescatar a Pemex con un boquete de este tamaño, por no hablar del flagelo que produce en el erario público.
En suma, la clave del combate al crimen organizado no está en los sicarios sino en los delincuentes de cuello blanco. Es mucho más efectivo seguir la ruta del dinero, que la ruta de la sangre que, en última instancia, no es otra cosa que su reflejo.
