Justo hace un año, Carlos Alberto Torres Torres cumplía con diligencia sus funciones políticas. El exdiputado tijuanense no se conformó con el “primer caballero” en Baja California y la mandataria morenista le otorgó encargos de alta envergadura, al nombrarlo coordinador de proyectos estratégicos.
Faltaba un mes para las elecciones. Además de los comicios por la Presidencia de la República, las dos senadurías y las nueve diputaciones federales, en Baja California se renovaban las siete alcaldías y las 17 diputaciones locales. Sin afiliación a Morena, aunque fuera del PAN —por expulsión— Torres Torres enfocó su trabajo en Tijuana y Mexicali, donde se concentra dos terceras partes de los electores de aquella entidad fronteriza.
La veda electoral no explicó su consunción. “Lo detuvo la DEA”, especulaban sus enemigos en las redes sociales. El esposo de la gobernadora tuvo que salir a detener los rumores. “Nunca me han impuesto una multa, ni siquiera por pasarme un semáforo”, reviró, “entiendo que hay personas desesperadas porque los números no les dan, pero ya habrá oportunidad de hacer comentarios después del proceso electoral”.
Torres Torres fue panista durante un cuarto de siglo. Abogado de la UABC, pertenece a la generación de cuadros demócrata cristianos de la que emergieron otros liderazgos, como Kenia López Rabadán, Gabriela Cuevas Barron, Rogelio Carbajal, Carlos Orvañanos y Ricardo Anaya.
Hace 20 años era secretario nacional de las juventudes panistas y durante la campaña presidencial de Felipe Calderón coordinó Líderes en Movimiento, una iniciativa de vinculación ciudadana que le valió su primera inclusión en las listas plurinominales del PAN, aunque su estancia en San Lázaro fue breve: antes de erigirse como fue candidato a la alcaldía de su natal Tijuana, estuvo al frente de la delegación de Sedesol en Baja California. La misión era frenar al priista Jorge Hank Rhon, quien compitió por la gubernatura.
Torres Torres siguió en el PAN hasta el 2018. Dos años antes, en el Congreso local, conoció a Marina del Pilar. Él, coordinaba la fracción panista; ella era la secretaria técnica de la bancada izquierdista. En su rampante carrera —en apenas seis años fue legisladora federal, alcaldesa de Mexicali y gobernadora— siempre estuvo a su lado.
Se casaron en 2019 y tres años después nació su hijo. La gobernadora ya estaba en funciones y gozó de un permiso para atenderse en un centro médico de Brawley, localidad situada a menos de 50 kilómetros de Mexicali, pero del lado americano.
Su esposo ha estado a cargo del rescate del centro histórico de la capital y de Tijuana. En Mexicali, el retraso en la entrega de la estatua que honra a la comunidad china ha generado burlas —por sus dimensiones— pero sobre todo críticas por el costo y la utilidad de esa obra.
A dos años de las elecciones, Torres Torres no ocultaba su intención de volver a competir por la alcaldía de Tijuana. La reciente revocación de su visa, asumió, generará especulaciones y provocará un uso malintencionado de su caso, por parte de sus adversarios políticos. “No hay espacio para la mentira ni el oportunismo entre quienes caminamos del lado de la dignidad”, atajó en sus redes sociales, “Créanme: se trata de personas sin límites ni escrúpulos, dispuestas a convertir cualquier hecho en calumnia si creen que les dará ventaja”.
La gobernadora de Baja California —quien también perdió su visa— le expresó su respaldo personal, moral y político. “Esta situación se da en un contexto binacional complejo que requiere templanza y cordura de mi persona (…) seguiré gobernando con el corazón por delante, con mi conciencia tranquila, trabajando incansablemente para atender los retos que enfrentamos”.
