La utilidad que tienen quienes operan el huachicol fiscal supera 300 mil millones de pesos al año.
¿Cuántas veces dijo López Obrador el sexenio pasado que se había acabado con el huachicol? Era uno de sus caballitos de batalla. Era también una mentira tan grande como sospechosa. El huachicol no sólo no se ha erradicado, sino que ha crecido en forma notable y se ha internacionalizado, tanto el contemplado como el robo de combustibles en sus más diversas formas, como el llamado huachicol fiscal, que creció geométricamente durante el pasado sexenio.
Es una sangría económica, pero también una de las mayores fuentes de ingreso del crimen organizado, con lazos estrechos con el poder político y con empresas como Pemex.
El delito es investigado en Estados Unidos, que lo considera uno de los principales instrumentos del crimen organizado en México. Allá hay denuncias, investigaciones del departamento del Tesoro y hasta detenidos. Aquí hemos encontrado millones de litros de combustibles en puertos de Tamaulipas y Baja California, con grandes empresas encubiertas, pero no tenemos una sola detención de impacto ni de la venta de combustibles en Estados Unidos y que se envían hasta India, Japón y China, como tampoco del huachicol fiscal.
Ayer se publicó que las pérdidas en el IEPS, en impuestos especiales sobre gasolinas, por huachicol fiscal, alcanza hasta 554 mil millones de pesos al año. Pero, según fuentes oficiales, la utilidad que tienen quienes operan el huachicol fiscal supera 300 mil millones de pesos al año. ¿Ni un detenido, ninguna red destruida, ningún funcionario investigado en un negocio de esa magnitud? No es posible.
Porque, además, hay denuncias hasta en medios y desde años atrás, de redes y personajes involucrados con este negocio y no pasa nada. Este delito es, además, el principal responsable de la violencia en Guanajuato y zonas vecinas, mucho más que el tráfico de drogas, también en zonas de Tamaulipas y Baja California, los personajes involucrados están relacionados con varios estados incluyendo Sinaloa.
El huachicol, junto con la migración y el fentanilo, son los grandes proveedores de recursos para el crimen organizado, y en la medida en que se toman acciones más duras contra migración y drogas, mayor importancia adquiere para los grupos criminales. Es parte de la exigencia de la Casa Blanca respecto a romper redes de corrupción y complicidad.
Las denuncias presentadas en Estados Unidos involucran, sobre todo, al Cártel Jalisco Nueva Generación, que es el responsable de aproximadamente 85 por ciento del combustible robado, utilizando incluso túneles para acceder a los ductos, pero participan también otras organizaciones criminales.
El proceso inicia con la extracción ilegal de petróleo crudo directamente de la infraestructura de Pemex mediante tomas clandestinas perforadas en ductos, especialmente en zonas estratégicas como Guanajuato, Veracruz y el Golfo de México. El crudo robado se almacena en tanques clandestinos o camiones cisterna controlados por el cártel en territorio mexicano. Desde allí, el hidrocarburo es transportado en caravanas hacia las zonas fronterizas del norte, principalmente Tamaulipas, que funciona como corredor logístico para el contrabando hacia EU.
En Tamaulipas, el control de rutas y cruces fronterizos está en manos, dicen las autoridades, de líderes criminales como César Morfín Morfín, apodado El Primito, quien cobra cuotas a los transportistas y supervisa la falsificación de documentos para evadir inspecciones.
Al cruzar la frontera, el crudo es depositado en lotes vacíos y centros de almacenamiento en Texas, muchos de ellos operados por empresas fachada o importadores cómplices vinculados al cártel. Para ocultar el origen ilícito del producto, se falsifican documentos aduaneros que clasifican el crudo como “aceite usado” u otros residuos, lo que permite evadir regulaciones fiscales y ambientales.
Desde esas empresas, el petróleo robado se vende a precio reducido a refinerías, distribuidores o corredores internacionales. Y según las investigaciones del departamento del Tesoro, ese crudo obtenido en forma ilegal ha llegado a los mercados globales, vendiéndose en India, China, Japón y regiones de África.
El camino inverso es el que sigue el huachicol fiscal, que representa 30 por ciento de todo este negocio. En el huachicol fiscal se evita el pago de impuestos al ingresar hidrocarburos al país con documentos falsificados o con fracciones arancelarias incorrectas.
Por ejemplo, se importa diésel, pero se declara como lubricantes para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. También incluye la subdeclaración de volúmenes importados y la venta de combustibles a precios por debajo del mercado, afectando a empresas legales y a la recaudación fiscal.
Ha habido algunos golpes a empresas y personas, como las compañías Servicios Logísticos Ambientales S.A. de C.V. y Grupo Jala Logística S.A. de C.V., pero el negocio permanece inalterable. Imagínese usted el recorrido burocrático que se requiere para extraer el crudo, depositarlo, cruzar la frontera en un sentido o en el otro, distribuirlo y venderlo a sus usuarios, dentro o fuera del país. Estamos hablando de un negocio de cientos de miles de millones de pesos que no se puede realizar sin amplias redes de protección y complicidad.
