El INE inicia la distribución de más de 600 millones de boletas, un paso más en el camino empedrado que ha tenido el proceso que no deja las controversias atrás
Elia Castillo
La elección judicial ha iniciado la cuenta atrás. En un mes, los mexicanos elegirán en las urnas a cerca de 3.000 cargos entre jueces, magistrados y ministros a nivel federal y local en 19 Estados. Los tiempos se han cumplido y el Instituto Nacional Electoral (INE) ha iniciado este miércoles con la distribución de más de 601 millones de boletas que se repartirán en los 32 Estados. El camino ha sido empedrado, el proceso carga a cuestas una larga lista de controversias judiciales, insuficiencias de recursos, un complejo procedimiento de votación y un puñado de cuestionamientos sobre la dudosa procedencial de los aspirantes, vinculados incluso al crimen organizado. Todo esto pone a los votantes frente a un galimatías.
La organización de los comicios ha llegado al último tramo de un camino lleno de altibajos y con profundas incógnitas sobre la participación y el resultado que tendrá el primer ejercicio en su tipo en México y el segundo en América Latina, después de Bolivia. Con las campañas federales a la mitad y las locales iniciando en los Estados, se ha destapado una sin fin de denuncias sobre el pasado de los candidatos.
Este mismo miércoles, el INE ha recibido un cuarteto de denuncias de organizaciones de la sociedad civil y de una víctima en contra de 11 candidatos por su presunta relación con actividades del crimen organizado y con la iglesia La Luz del Mundo. Se trata de Fernando Escamilla Villarreal, sentenciado por el delito de portación ilegal de armas y que ha defendido, al menos, a dos integrantes del cártel de Los Zetas para evitar su extradición a los Estados Unidos. Eleazar Medina Rojas, El Chelelo, extraditado en 2023, y Miguel Ángel Treviño Morales, El Z40, incluido en la entrega masiva de 29 capos que México hizo en febrero al Gobierno de Donald Trump. Jesús Humberto Padilla, otro de los denunciados, fue detenido en Nuevo León, después de darse a la fuga, con 17 bolsas de cristal y un arma de fuego en 2023, y fue vinculado a proceso.
Francisco Herrera Franco, exfiscal regional de Michoacán durante la administración del exgobernador y prófugo de la justicia, Silvano Aureoles, es otro de los candidatos a juez con presuntos vínculos con el crimen organizado y dos carpetas de investigación abiertas. Una por el asesinato de dos periodistas del portal Monitor Michoacán: Roberto Toledo, en enero de 2022, y Armando Linares, director del medio, dos meses después, en marzo. Ambos habían recibido amenazas en el último año por sus investigaciones sobre la corrupción del fiscal. Esta última denuncia ha sido acompañada por una víctima, un periodista que ha certificado supuestas amenazas de Franco. En otro paquete se han ubicado Eluzai Rafael Aguilar, Karina Sánchez, Cesia Keren León, Cinthia Guadalupe Teniente, Madián Sinaí Menchaca Sierra y Betzabé Almazán, aspirantes relacionados con la controversial iglesia La Luz del Mundo, liderada por Nassón Joaquín García, detenido en junio de 2019 en Estados Unidos por abuso sexual contra menores de edad, tráfico de personas y pornografía infantil, entre otros.
Estos casos se suman a un puñado de ejemplos más que se han ido desvelando en las últimas semanas. Silvia Delgado ha pasado de ser parte en 2016 de la defensa legal de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, a aspirante a jueza en materia penal en el Estado de Chihuahua. Edgar Rodríguez Beiza, candidato a magistrado penal en Jalisco, fue acusado de abuso sexual en 2017 por una alumna del Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. En 2018 fue vinculado a proceso por este caso, pero en 2019 la víctima le otorgó un perdón, con ello se cerró la carpeta.
A nada de que la elección se consume, los tribunales ya figuran como el único recurso que frene la llegada de perfiles alejados de la idoneidad que requieren los cargos de impartición de justicia. Gerardo Fernández Noroña, presidente de Senado, ha adelantado la presentación de al menos 20 impugnaciones con la esperanza puesta en que el tribunal cancele las candidaturas antes del día de la jornada electoral o, en el peor de los casos, invalide los triunfos.
