Claudia Sheinbaum y José Merino, claramente, no piensan en la gente, sino en el control social y electoral mediante la censura y el control de medios de comunicación y periodistas.
En su siempre agudo cartón, eufemismo de la historia gráfica que cada domingo hace sobre la vida pública de México, Paco Calderón trazó la analogía del gobierno de Claudia Sheinbaum con el fascismo nazi, parafraseando una cita del jefe de la propaganda de Adolfo Hitler, Joseph Goebbels: “Llegamos para pertrecharnos con las armas de la democracia. Si esta es tan tonta como para darnos vía libre y hasta sueldos, ese es su problema, no el nuestro. Cualquier método que logre la revolución es aceptable para nosotros”.
La cita original de Goebbels está en el ensayo que publicó en 1928 en el periódico que editaba en Berlín, Der Angriff (El Ataque), intitulado “¿Por qué queremos entrar al Parlamento?”, donde con sarcasmo, él exponía por qué quería contender por un escaño en el Reichstag. La analogía de Calderón le parecerá a muchos excesiva y será motivo de ataques. Pero no lo es en función de la pérdida de libertades, cuyo último capítulo mexicano es la reforma de Sheinbaum a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La reforma fue criticada por los voceros del régimen aduciendo que protestaban los interesados en proteger sus intereses. No es así. Leopoldo Maldonado, director para México y Centroamérica de Artículo 19, y Martha Tudón, oficial del Programa de Derechos Digitales escribieron un texto el viernes en El Universal donde desmenuzan la nueva ley cuyo propósito, afirmaron, era “otorgar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones -y en última instancia al Poder Ejecutivo Federal-, un control antidemocrático sobre el espectro radioeléctrico e internet”, mediante mecanismos “profundamente” discrecionales para la asignación de concesiones de radio, televisión y otros servicios, “utilizándolos como premios o castigos políticos”.
Concluyeron que fue una legislación apresurada sin la participación de un amplio espectro de actores sociales. Tienen parte de razón, porque la ley llevaba varios meses cocinándose en las oficinas del director de la Agencia, José Merino, que veía el ángulo político y regresaba los privilegios al empresario del régimen, Carlos Slim, porque al subsumir el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, en su dependencia, se eliminará la definición de “agentes económicos preponderantes” bajo la Ley de 2013, que tuvo enormes beneficios para los consumidores.
La Ley Merino es antidemocrática 360 grados. El conglomerado de Slim volvería a adquirir su carácter monopólico y recuperar, a costa de los consumidores, los siete mil millones de dólares al año que perdió con la anterior. Sheinbaum y Merino, claramente, no piensan en la gente, sino en el control social y electoral mediante la censura y el control de medios de comunicación y periodistas, eliminando el pluralismo y la inclusión, que Maldonado y Tudón describen como “otro paso en la deriva autoritaria que se profundiza en México”.
Este proyecto desnuda la verdadera izquierda que representa Sheinbaum, arropada por activistas que formaron en 2012 la organización civil Democracia Deliberada, “para cambiar las instituciones y las políticas públicas (desde) la izquierda”. Varios de ellos trabajaron en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y otros acompañaron a Sheinbaum desde la Ciudad de México a Palacio Nacional, como Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario; Graciela Márquez, presidenta del INEGI, y Gerardo Esquivel, exsubgobernador de Banxico, además de intelectuales orgánicos con espacios prominentes en los medios.
La izquierda que representan no es una izquierda democrática, sino que se acerca más a la anacrónica estalinista, pero que como Goebbels decía de los nazis, llegarían al poder pertrechados en la democracia. Típico de líderes autócratas, como fue Hugo Chávez en Venezuela, Viktor Orbán en Hungría y Donald Trump en Estados Unidos, que llegaron al poder gracias a la democracia, para destrozarla. Merino y los funcionarios que son parte de Democracia Deliberada, engañaron a muchos para hacerse del poder.
El 4 de junio de 2014, en un manifiesto en Animal Político, elogiaron la Ley que se había aprobado en 2013 como “uno de los pocos logros” del Pacto por México, y criticaban fuertemente las leyes secundarias. “La iniciativa de ley secundaria busca desmantelar la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones al subsumir algunas de sus funciones regulatorias a la Secretaría de Gobernación”, apuntaron. “Un regulador fuerte es clave para emparejar la cancha, porque este pone las reglas en un mercado en el que sería imposible la competencia si no hay intervención del Estado. Lo que hace fuerte al regulador, en lo formal, son los instrumentos de ley, pero también la capacidad de inclusión de actores en la definición del interés general a través -como el modelo de IFT recoge-, de la participación ciudadana en la regulación”.
La Ley Merino propone exactamente lo contrario. Adiós a la cancha pareja. La quieren desigual. A Sheinbaum no se le puede acusar de hipócrita, pues ha sido consistente en sus acciones poco democráticas por años -disfrazadas de su activismo universitario y social-, pero a Merino y comparsas de Democracia Deliberada, sí. Son estalinistas de clóset con métodos goebbelianos. La concentración de poder que desean algunos está avanzando.
Esta reforma fue introducida aprovechando la coyuntura de un escándalo mediático por la difusión de un spot de la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kristi Noem, sobre migración -agresivo, hostil, estableciendo la rigidez de sus leyes-, que fue acordado con el gobierno mexicano, que no conocía el contenido, sin embargo, a cambio de un spot sobre la campaña contra el fentanilo que se difunde en Estados Unidos. Sheinbaum apresuró a Merino a sacarla -estaba prácticamente terminada-, para meterla detrás del spot estadounidense y tratar de minimizar las reacciones que sabría tendría. No le funcionó la chicanada y ante la crítica generalizada pidió al Senado revisarla. Pero lo hizo con trampas. Pidió analizar sólo el artículo que afecta a plataformas digitales, pero no el conjunto de la Ley, en donde se encuentran los detalles que llevan al infierno. Ella está convencida de su sustancia y fondo; Merino y los intereses económicos detrás de ellos son quienes le dieron forma y la instrumentarán, a menos que la presión doméstica y externa -porque viola el acuerdo comercial norteamericano-, logren ponerle un freno.
