PRENSA ARIZONA
La gobernadora Katie Hobbs exigió este martes al gobierno federal acelerar la liberación de $69 millones destinados a seguridad fronteriza y programas de emergencia en Arizona, luego de que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) retrasara los desembolsos entre 60 y 90 días.
Los fondos, claves para operativos antidrogas y contra el tráfico humano, están atorados en un “proceso de revisión manual” que, según Hobbs, pone en riesgo la seguridad pública.
Entre los programas afectados destaca la Operación Stonegarden, que financia horas extras y equipos para policías locales en labores fronterizas.
“Estos fondos no son opcionales: son un salvavidas para sheriffes, bomberos y equipos de emergencia”, afirmó Katie Hobbs.
El retraso, ordenado por un tribunal federal tras una apelación, obliga a agencias como el Departamento de Seguridad Nacional de Arizona (AZDOHS) a posponer compras críticas, desde chalecos antibalas hasta sistemas de comunicación.
El sheriff del condado de Cochise, Mark Dannels, alertó que la demora limita la capacidad para interceptar cargamentos de fentanilo y responder a emergencias. “Sin estos recursos, priorizamos entre patrullar la frontera o atender llamadas locales”, dijo.
AZDOHS ya informó a 15 condados y municipalidades sobre los retrasos, realizando sesiones para mitigar el impacto, pero sin plazos claros.
Los 69 millones retenidos incluyen partidas para gestión de crisis, equipos tácticos y programas de inteligencia contra cárteles. Hobbs solicitó formalmente su liberación el 11 de marzo a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pero la burocracia persiste. “Cada día de retraso es una ventana para el crimen organizado”, insistió la gobernadora, quien prometió presionar a Washington “hasta restaurar el flujo”.
El retraso llega en un momento crítico: el calor veraniego incrementa los cruces ilegales y la actividad de cárteles. “Estamos entrando en la temporada alta con las manos atadas”, advirtió un oficial de la Patrulla Fronteriza bajo anonimato.
Los $69 millones retenidos también afectan a programas de gestión de emergencias y equipos para bomberos urbanos. En Phoenix, el retraso podría posponer la compra de drones de rescate y sistemas de comunicación para monzones.
Katie Hobbs solicitó formalmente la liberación de fondos el 11 de marzo a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pero no ha obtenido respuesta. Mientras, el AZDOHS realiza sesiones informativas para ayudar a las agencias a reajustar presupuestos. “Algunos condados podrían congelar contrataciones o postergar mantenimiento de vehículos”.
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