El proyecto más ambicioso del gobierno federal en Sonora empezó con una serie de simulaciones con las que la Sedena inició obras de reubicación de un tramo de vías ferroviarias sin contar con manifestación de impacto ambiental y que atraviesa una zona protegida, que es el principal refugio de luciérnagas en América del Norte y un santuario de especies en riesgo, como el jaguar y el oso negro, lo que contraviene también acuerdos ambientales del T-MEC, por lo cual ambienta listas ingresaron una petición ante el capítulo 24 de la CCA.
PROCESO
ÍMURIS, SONORA.- El camino polvoriento entre cerros empinados que lleva hasta la presa Comaquito y al rancho El Aribabi es testigo silencioso de la devastación
natural y sequía en curso en este municipio para construir un tramo de vías ferroviarias que concluirá en el puerto de acceso fronterizo en Nogales, Sonora, hacia el mercado estadunidense.
En medio del polvo está la trama de corrupción que derivó en una controversia transnacional ante el Secretariado de la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), don de se reveló que el rancho en cuestión todavía era un área de conservación preservada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) hasta el 8 de enero de 2025, al tener vigentes sus permisos, con folios 250/2011 y 317/2012.
La obra no sólo arrancó sin que el promovente oficial, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del gobierno estatal, hubiese realizado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), sino que a la par de la citada omisión legal los trabajos de construcción, coordinados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), empezaron en un área con permisos activos otorgados por la Conanp.
El representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, Alejandro Oliveira, explica: “El gobierno de México dice en su respuesta
a nuestra petición ante la Comisión del T-MEC, que solicitó de manera anticipada quitar esos permisos del área natural de conservación, pero resulta que sí los tuvieron y que a la fecha todavía estaban, hace unos días aparecían en el listado de la Conanp vigentes como área fracción A y B con los permisos y su condición legal, aunque sea privada.
“Es una total simulación con el caso de El Aribabi porque hasta en la MIA el gobierno de Sonora dice: ‘Como ya compré los terrenos, ya no existen. Entonces, ya no es necesario preguntarle la opinión a la Conanp, y la Semarnat dice: ‘Ah, bueno, te creo’. Ni siquiera confirmaron si seguían existiendo tales áreas del rancho”, detalla.
Oliveira y un organismo hermano con sede en Phoenix, Arizona, encabezan la única resistencia civil organizada contra esta obra por medio de una petición ingresada en octubre del año pasado ante el Capítulo 24 de la CCA, debido a las omisiones que la Secretaría de la Defensa y el gobierno sonorense cometieron desde febrero de 2023, cuando iniciaron la construcción de la reubicación de vías de 63 kilómetros sin la debida consulta pública y reservando información.
Sólo contaron con una controvertida autorización ‘provisional’, tramitada hasta mayo de ese año por el entonces secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Heriberto Aguilar Castillo, hoy senador por Morena, quien entonces posteó en X: “Todo dentro de la legalidad”.
Ese tipo de permisos provisionales han sido declarados sin validez por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando los promoventes los emplean en obras federales de alta prioridad, como es este caso a cargo de la Sedena.
“Hay una responsabilidad legal de los funcionarios promoventes que firmaron la MIA y de los consultores también, porque la legislación es muy clara, sólo hay tres situaciones por las cuales no se debe autorizar una MIA: uno, si contraviene la ley; dos, si afecta a especies en riesgo; tres, si hay falsedad en los estudios. Ese permiso no se debió otorgar.
“Todo fue una simulación, no sólo de las áreas naturales protegidas, sino también del permiso provisional, la MIA definitiva, porque todo el proyecto empezó y le dieron banderazo tanto el Gobernador y el Presidente Obrador sin ninguno de estos estudios”, dice Oliveira a Proceso desde La Paz, Baja California.
La MIA definitiva fue tramitada oficialmente hasta el 11 de abril de 2024, pero ahora por el tercer titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano sonorense (Sidur), involucrado con el popularmente conocido como ‘Tren Fantasma’, Godofredo Gardner Anaya, que promovió este recurso ante la Semarnat contratando a los consultores Grupo Selome para su elaboración.
Gardner Anaya relevó en el cargo a Omar del Valle Colosio, ahora diputado plurinominal por el Partido Verde en el Congreso de Sonora, éste a su vez asumió la Sidur tras la renuncia de Aguilar Castillo en el verano de 2023 para sumarse a la campaña de Sheinbaum.
La megaobra, heredada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la actual administración federal, encabezada por Claudia Sheinbaum, se anunció que concluiría entre septiembre y diciembre de 2024.
Incluso el ingeniero residente militar del proyecto, el mayor David Ignacio Casanova Vazquez, anunció el 12 de febrero de 2023 ante ejidatarios molestos de Ímuris
que se trataba de una instrucción del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas para ser cumplida cabalmente en menos de dos años.
“A nosotros nos dicen que se haga esto y se tiene que hacer, estamos acostumbrados”, reiteró en esa ocasión ante los reclamos de los ganaderos presentes.
Luis Alfonso Pesqueira Tapia, propietario de la Quinta Edna Alicia, en Ímuris, fue uno de los ejidatarios presentes en esa ocasión que alzó la voz. Hoy defiende por la vía legal su propiedad, ubicada exactamente donde la vía actual, que viene desde Guaymas, se abrirá hacia el este para enfilar por el puente Babasac y llegar hasta la presa Comaquito, partiendo en dos su propiedad agricola.
“Éste es un terreno con el que tenemos casi 50 años.
No están intentando apoderarse sólo de un pedazo de tierra, sino de todo un sistema de producción del que depende nuestro modo de vida y toda una familia por
generaciones. Creemos que no es justo”, dice.
Pesqueira Tapia agrega que su terreno enfrenta un proceso de avalúo que no le favorece porque la Secretaría de Gobierno estatal le frece24% menos de lo que
en realidad, vale esa fracción de su milpa.
En algún momento la maquinaría va a llegar ahí…
Entre escombros
Dos años después, justo en el corazón de lo que fue un área de conservación protegida, es posible comprobar que faltan por lo menos 12 meses más de labores a contratiempo para terminar esta parte de la reubicación de vías, que implica alrededor de 16 puentes entre tres municipios: Ímuris, Santa Cruz y Nogales.
Durante el recorrido por las inmediaciones se constató cómo a diario una docena de pipas son llenadas con el agua proveniente de pozos adyacentes a la presa Comaquito, que es alimentada por el río Cocóspera, para verterla entre veredas llenas de piedras tras las
voladuras hechas por la compañía Construplan, desde mayo del año pasado a la fecha.
La presa Comaquito fue construida en 1981 por el gobierno federal, pero desde hace una década dejó de ser monitoreada por la Comisión Nacional del Agua. A
la fecha no existe una concesión vigente para su explotación y está a disposición de los ejidatarios de Ímuris, donde prácticamente hoy es sólo un remanso.
Su capacidad original de 31 millones 200 mil metros cúbicos es un duro contraste con lo que se observa desde un mirador en lo alto de los cerros aquí, abundancia
de tierra erosionada y una pequeña cavidad poco profunda donde hay muy poca agua.
Miqueas Correa López, secretario de la Unión de Usuarios de Presa Comaquito, calcula que apenas tiene 1.6 millones de metros cúbicos (apenas 5% de su capacidad total) al 19 de marzo del presente año.
Comaquito es el último reflejo de la serie en niveles bajos de almacenamiento mínimos históricos en Sonora, en medio de una sequía (extrema o excepcional) que se concentra durante el inicio de 2025 en el noroeste y norte de México, principalmente en estados con costa hacia el Mar de Cortés, incluyendo a Sinaloa, Baja California, pero también a Chihuahua y Durango.
A medio camino un operador de maquinaria ondea una bandera preventiva para tratar de desviarnos de la ruta que marca el GPS, indicando el sentido contrario al que nos llevaría hasta la fracción B del rancho El Aribabi.
Omitir su indicación permitió constatar visualmente el 28 de febrero último los avances de entre 20 y33% de cinco puentes en esta zona, que hasta noviembre de 2023 era el principal refugio de luciérnagas en América del Norte y un santuario de especies en riesgo como el jaguar y el oso negro, según la organización Wildlands Network, cuyos ambientalistas, junto a Caminantes del Desierto en Hermosillo, fueron los primeros que empezaron a documentar la serie de irregularidades.
Al paso lento del vehículo, mientras nos internamos por una rúa agreste, cada vez más alejados de la presa, los obreros miraban con curiosidad y saludaban para la fotografía mientras colocaban varillas sobre el concreto o trepaban andamios por las columnas que sostendrán estos puentes hechos por un proveedor conocido para la Sedena: Grupo ITISA, contratado antes para construir un tramo del tren transístmico, cuyos durmientes presentaron daños a la postre.
El avistamiento de un pequeño arroyo obliga a detener la marcha justo a unos metros del vaso seco en el extremo norte de la presa, donde todavía hay un poco de ganado, algunas gaviotas y un correcaminos.
Sólo desde aquí se tiene una perspectiva clara de la inmensidad de la obra, oculta entre la sierra desde la carretera que lleva al norte hasta Cananea.
El proyecto de infraestructura más ambicioso del gobierno federal en Sonora tiene como objetivo oficial retirar las actuales vías del centro de la ciudad de Nogales, operadas por FerroMex, para aumentar la conectividad del estado desviando esa ruta por el este de Ímuris, a partir del puente Babasac para seguir hasta la única entrada ferroviaria de Nogales, Arizona.
Se supone que la modernización en curso del puerto de Guaymas, operado por la Marina y ubicado a 384 kilómetros al sur, hará posible que por estos rieles reubicados transiten hasta 30 ferrocarriles diarios con productos automotrices, mineros e industriales hacia Estados Unidos en plena guerra comercial liderada por el socio de México.
Grupo México, que tiene su nueva mina de cobre El Pilar en el municipio fronterizo de Santa Cruz, a 74 kilómetros al norte de aquí, justo entre Nogales y Cananea.
En Nogales la gigantesca aduana de esta obra que la Sedena coordina apenas tiene un muro kilométrico levantado a unos metros de la línea con Estados Unidos, y el túnel subterráneo de milla y media que construye la empresa Prodemex no cuenta con un solo riel instalado, pese a que el alcalde morenista Francisco Gim anunció la conclusión de ésta parte para el 15 de marzo.
Es mucho optimismo, el mismo que refleja la Sedena cuando reporta avances físicos de la obra en general superiores a 55% en solicitudes de acceso a la información obtenidas.
En realidad, la reubicación presenta ocho meses de retraso y tenía originalmente programados siete mil millones de pesos para su ejecución, más otros 690 para la adquisición de derechos de vía.
Proceso comprobó que hasta el 1 de noviembre del año pasado la Sedena ejerció 98% del total para toda la obra.
Sin embargo, no fueron respondidas las solicitudes de transparencia dirigidas a este sujeto obligado, realizadas con el fin de saber cuántos recursos ha ejercido para la reubicación en 2025.
Incertidumbre
Pasar por el punto donde se construye el puente número 8 de la obra permite entrar a una vereda recientemente raspada por un tractor tras la última voladura hasta quedar de frente a dos enormes montículos de lo que era la falda de un cerro en la fracción B del rancho El Aribabi, una extensión de tres mil
955,18 hectáreas, aledaña a la A, de un tamaño similar, que fue propiedad de las familias Robles Félix y Robles Elías, bajo la figura legal de Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC).
Decenas de obreros con casco y chaleco, sin percatarse de nuestra presencia debido al ruido del percuteo, laboran de prisa con maquinaria pesada para quitar del camino gigantescas rocas ante la cercanía de la conclusión de su turno laboral.
Hasta aquí termina el camino, ya no es posible avanzar.
Las explosiones han abierto franjas enteras de cerros cortados a la mitad, hay terraplenes en proceso, es un desmonte a gran escala con el río Cocóspera prácticamente abatido ahora como un paisaje natural desolado en esta zona. Fue una referencia del turismo sustentable y un orgullo para los habitantes de Ímuris
no hace mucho tiempo.Ahora queda muy poco de eso,
pronto será sólo un recuerdo.
Hoy representa una trama de omisiones legales que pone tensión sobre sus vidas, en contrasentido con el discurso oficial y los posicionamientos que el mayor Casanova Vazquez ha hecho ante pobladores y medios de comunicación: la obra tiene un fundamento legal, con efectos económicos extraordinarios al hacer del estado uno más competitivo por la conectividad ferroviaria con el mercado estadunidense.
Proceso habló con el alcalde de Nogales, Arizona, Jorge Maldonado, quien expuso: “Aquí primero manda la empresa Union Pacific (filial de Ferromex), luego el gobierno federal estadunidense, luego el gobierno estatal y, por último, el gobiernolocal”.
El político demócrata de origen mexicano recalcó que no existe un proyecto federal que represente un símil en capacidades de infraestructura para procesar el paso de tantos trenes a diario por esta parte del condado Santa Cruz en Arizona
“Diríjase a la Conanp”
Las contradicciones con el tema de los permisos vigentes en el rancho El Aribabi salieron a luz pública a mediados de febrero mediante la respuesta del gobierno de México ante la CCAdel T-MEC, derivado de la petición SEM-24-003 interpuesta por Oliveira y sus aliados del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
En el documento, la autoridad mexicana expone que solicitó de manera anticipada entre 2023 y 2024 la cancelación de los permisos de la Conanp para la citada Área Natural Protegida, con el objetivo de crear el argumento legal de que las obras en cursoya no esta rían regidas por los artículos 133 y 134 del reglamento en la materia.
Sin embargo, la misma Conanp mantiene los permisos vigentes en su base de datos durante este primer trimestre de 2025, lo cual exhibe las inconsistencias documentadas y pone en entredicho la legalidad de la respuesta ante el T-MEC por parte de México.
cho El Aribabi para que las constructoras pue
dan laborar en sus predios.
Proceso contacto a los señores Carlos Robles Felix y Carlos Robles Elias, quienes vendieron parte del rancho El Aribabi para que las constructoras puedan laborar en sus predios.
Robles Elías sólo contestó un mensaje vía WhatsApp, casi de inmediato: “Diríjase directamente a las oficinas de la Conanp para esa información. Nada que agregar”.
Su hijo, Carlos Robles Félix, contestó en un sentido similar: “Hola, señor Ibarra. Esa información se puede consultar en Conanp. Ellos hicieron todo”.
Un tercer propietario, Germán Robles Félix, quizá el de mayor entusiasmo ambientalista en esta familia, respondió con el mismo tono: “Esa información se puede consultar en Conanp”.
También se buscó a Camila Isabel Zepeda Lizama, directora general para Temas Globales de la Semarnat, una instancia encargada de responder a este tipo de peticiones mediante el mecanismo establecido por los socios comerciales para revisar la vigencia de responsabilidades ambientales entre los gobiernos de América del Norte, como una demostración de corresponsabilidad promotora del desarrollo sustentable.
La funcionaria respondió por correo electrónico: “Lo pongo en contacto con Comunicación Social de la Semarnat que es el área encargada de dar seguimiento a cualquier solicitud de comentarios a prensa”
Ya no hubo más retroalimentación.
Proceso también solicitó la posición de Gloria Fermina Tavera Alonso, directora general de Conservación en la Conanp, ante los señalamientos de ejidatarios y del Centro para la Diversidad Biológica.
Su asistente respondió que no tenía la información correspondiente y que la directora estaba muy ocupada en reuniones de trabajo, que quizá podrían entablar contacto en una semana despues para hablar sobre el tema.
Para Oliveira la petición ante el T-MEC será un referente clave de ahora en adelante para cuando se realicen más obras de este tipo con respecto de los señalamientos expresados en la petición del Centro para la Diversidad Biológica, sobre las omisiones ambientales cometidas bajo su mandato por los titulares de la Sidur en la reubicación de vías.
“Desde un inicio todo empezó sin un permiso por parte de la Semarnat y es lo que documentamos ahí con fotografías, con documentos, con discursos del mismo expresidente Andrés Manuel López Obrador, con discursos del gobernador”, mencionó.
Proceso contactó al gobierno de Sonora, vía la Dirección de Atención a Medios del Sistema Estatal de Información, para solicitar su versión respecto de los señalamientos expresados en la petición del Centro para la Diversidad Biológica, sobre las omisiones ambientales cometidas bajo su mandato por los titulares de la Sidur en la reubicación de vías.
Al cierre de edición no recibimos respuesta.
