Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Semar, y Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, firmaron un convenio de protección a la acuacultura y a las aguas nacionales
David Vicenteño
Los titulares de las secretarías de Marina-Armada de México (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, firmaron un convenio de protección a la acuacultura y a las aguas nacionales, informó el primero en su cuenta de X.
“La @SEMAR_mx y @Agricultura_mex refuerzan la vigilancia en pesca y acuacultura con un convenio que fortalece la inspección y el cumplimiento de la ley en aguas nacionales. #SoberaníaMarítima”, escribió el mando naval, Morales Ángeles, en su mensaje.
Las dependencias detallaron que, la Armada y Agricultura, a través de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), coordinarán mecanismos de supervisión y control que permitan verificar el cumplimiento de las normas pesqueras y acuícolas.
Se informó que el convenio cuenta con disposiciones sobre la confidencialidad de la información compartida, así como de propiedad intelectual; y tiene una vigencia al 30 de septiembre de 2030, con la posibilidad de ser prorrogado por acuerdo mutuo.
La Semar, en funciones de Guardia Costera, realizará labores de vigilancia para el mantenimiento del Estado de Derecho en las aguas nacionales.
Ambas secretarías dispondrán de personal, recursos materiales y económicos, de acuerdo con su disponibilidad presupuestal para el cumplimiento del acuerdo.
En el marco del acuerdo, se prevé la firma de convenios específicos para acciones concretas, incluidos programas de inspección, capacitación y supervisión operativa, con la participación de unidades administrativas y operativas de la Semar y Agricultura.
En concreto, Agricultura, con el apoyo de la Conapesca, estará a cargo de la coordinación de la política nacional en materia de pesca y acuacultura, para asegurar su correcta aplicación, además de que contará con la capacidad de sancionar en caso de que eso no ocurra.
El acuerdo advierte que las actividades que desarrollen las dependencias no podrán ser utilizadas con fines políticos o electorales, y que cualquier controversia deberá resolverse, preferentemente, por consenso y, en última instancia, en los Tribunales Federales en la Ciudad de México.
