La investigación que abrió el Departamento de Justicia de EU contra Sergio Ramírez y Juan Pablo Penilla se inscribe en todo el imaginario de la ‘inaceptable alianza’ del gobierno mexicano con el crimen organizado.
Las fotografías que publican en las redes los abogados de reciente fama pública Sergio Ramírez y Juan Pablo Penilla son un mosaico de sus relaciones con personajes del régimen. Se retrataron con la presidenta Claudia Sheinbaum, con su predecesor Andrés Manuel López Obrador, con figuras que son miembros del gabinete, con legisladores y gobernadores, con líderes de Morena.
Una fotografía no dice nada más, pero Ramírez y Penilla se volvieron un fierro ardiendo para toda la nueva clase política en el poder, luego de que Penilla apareció hace poco como uno de los abogados de Ismael El Mayo Zambada. La razón es simple: muchas de las fotos no podían haber sido tomadas con la cercanía como se hicieron, sin tener un acceso privilegiado.
El nombre de Penilla se vinculó rápidamente con el de su socio Sergio Ramírez, que provocó que volviera a circular la entrevista que le dieron hace unos dos años a Valores TV, propiedad de la revista Valores, que lleva casi tres lustros dedicada a informar sobre el empresariado. En la entrevista, Ramírez afirmó que no tenían ningún temor de reconocer que eran abogados del crimen organizado y narcotraficantes, aunque no defendían ni secuestradores ni extorsionadores (como si no fueran parte de lo mismo).
La entrevista fue altamente polémica por el contexto en que se dio, pero fue tan escandalosa por los conceptos ahí vertidos, que llamaron la atención en Washington.
El reconocimiento que hizo Ramírez de su trabajo se saltó los parámetros de los abogados que deciden defender no a narcotraficantes ni al crimen organizado per se, como dijo, sino a litigar delitos sobre la delincuencia organizada. No es semántica. Entre una frase y la otra, hay una enorme diferencia conceptual y práctica.
Después de tan llamativa introducción ante la opinión pública mexicana, Ramírez y Penilla no pasaron desapercibidos en Washington, donde comenzaron a ser investigados por el Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump, que busca establecer el tipo de vínculos que tienen con políticos de Morena y varios gobernadores.
La fotografía, con ese contexto, tiene otro significado. ¿Prueba de que establecieron contacto con quienes les pidieron hablar sus clientes narcotraficantes? ¿Punto de partida para otro tipo de relación entre políticos y criminales? El fraseo en la entrevista colocó en una situación incómoda a quienes hoy están en el poder.
Ramírez había llamado la atención en Palacio Nacional en enero de 2023, cuando le pidieron al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, información y seguimiento de una demanda que había interpuesto el abogado en nombre de la cantante Gloria Trevi contra José Manuel Torres Morales, conocido ampliamente como Chumel Torres, por el uso indebido de su canción “Todos me miran”, cuyo juicio ganó en marzo del año pasado.
La primera información que entregó Gertz Manero lo consideraba un oportunista que incluso actuaba de manera unilateral para después vender sus servicios a los clientes. Pero mientras el equipo del fiscal recopilaba la información, llegaron versiones a López Obrador que Martí Batres, en ese entonces secretario de Gobierno de la Ciudad de México, era cercano a él. Batres lo negó, pero el expresidente pidió que la Fiscalía General verificara la información. En una segunda tarjeta Gertz Manero aportó más detalles.
Los datos de inteligencia establecían que Ramírez y sus socios tenían relación con la organización criminal Unión Tepito, y que los habían defendido en varios juicios.
Ramírez, agregó, era muy amigo del exsubsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, que lo acercó a la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ramírez y Penilla tenían un vínculo especial con Peralta, a través de Tamaulipas. Los abogados habían representado a Miguel Ángel Treviño, apodado el Z-40, exjefe de Los Zetas, y desterrado por el gobierno de Sheinbaum a Estados Unidos. Peralta sostuvo reuniones con los líderes de la Columna Armada Pedro J. Méndez, que eran parte del Cártel del Golfo, para sentarlos a negociar la “pacificación”, que era algo que Penilla y Ramírez tenían como agenda en el país.
Penilla, además, era “asesor honorífico” del gobernador Américo Villarreal, muy cercano a Peralta. Ramírez, vinculado estrechamente a Pedro Haces, vicecoordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, presumía de ser muy amigo de José Ramón, Andrés y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente, y de varios generales, añadió Gertz Manero en la segunda nota informativa enviada a López Obrador.
La investigación que abrió el Departamento de Justicia contra Ramírez y Penilla se inscribe en todo el imaginario de la “inaceptable alianza” del gobierno mexicano con el crimen organizado que timbró en la frente de México Trump, y corre en paralelo a la petición de funcionarios del Departamento de Estado, referida en este espacio, para suscribir un acuerdo con el gobierno de Sheinbaum para investigar, detener y extraditar a políticos vinculados con criminales.
Morena está en entredicho, más que ningún otro partido, por las presuntas relaciones de sus militantes con el crimen organizado.
En el caso de los abogados Ramírez y Penilla, es con quien Morena se identifica abiertamente. Ramírez fue diputado suplente de Sergio Mayer, quien reconoció que él lo propuso, aunque se desconoce si fue su relación con Batres o con el entonces líder del partido, Mario Delgado, como llegó a San Lázaro en 2021. A Penilla lo distinguió la Cámara de Diputados como “Embajador por la Paz” en 2023, por iniciativa del entonces coordinador de Morena, Ignacio Mier.
La relación de Ramírez y Penilla con los liderazgos de Morena en el gobierno federal, los estatales, el partido y las cámaras, no convierten a sus interlocutores en sospechosos de vínculos criminales en automático, pero sí los meterá en las líneas de investigación que se abran en Washington.
Lo que ha quedado de manifiesto es que, pese a haber aceptado ser abogados de narcotraficantes, Morena los acogió en todos los niveles, los hizo suyos, los reconoció y los promovió, sin que les causara rubor alguno, al llevarlos a la cima del poder para tener testigos gráficos de que ellos, que llevan los asuntos de algunos de los capos más poderosos del mundo, se codeaban de la Presidencia hacia abajo.
