Cuatro de cada seis adultos mayores en México planean cubrir sus gastos del retiro con apoyos del gobierno federal, reveló la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024.
De acuerdo con la quinta edición de la ENIF, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de los medios que las personas utilizarían para cubrir sus gastos en la vejez, 68.2 por ciento mencionaron los apoyos del gobierno y 67.3 por ciento aventuraron que continuarían trabajando.
La población en México que esperaría recibir apoyos del gobierno en la vejez aumentó 11 puntos porcentuales en 2024 frente a los datos de 2021. Y entre los que consideraron seguir trabajando se observó una disminución de 4.1 puntos porcentuales en el periodo de referencia.
Según la encuesta de 2021, cubrirían sus gastos con trabajo 71.4 por ciento y con apoyos del gobierno 57.2 por ciento. Tres años después, se modificó el orden: 68.2 por ciento piensa financiar su vejez con apoyos del gobierno y 67 por ciento con su trabajo.
En cuanto a la opción de una pensión o jubilación, 51.2 por ciento de la población pensaba que cubriría sus gastos en la vejez con dichos recursos en 2021; para 2024, el porcentaje se redujo a 50.3 por ciento.
Los apoyos del gobierno han empoderado a las personas mayores, pues el dinero de familiares representó una caída de 5.9 puntos porcentuales en 2024 frente al 2021. Vender o rentar activos pasó de un porcentaje de la población de 28.9 por ciento en 2021 a 25.3 por ciento en 2024.
Ante este panorama, especialistas observan un problema: no hay garantía de que estos apoyos sean sostenibles en el tiempo. Con una población envejeciendo y recursos limitados.
Y es que la planeación y ejecución del gasto público son necesarios para la sostenibilidad fiscal, lo cual es de suma importancia para proveer bienes y servicios públicos, financiar las actividades del gobierno y los programas sociales presentes y del pasado. Además, para poder crear fondos y fideicomisos que favorezcan la justicia intergeneracional.
Según la la Alianza por la Justicia Fiscal, durante el sexenio pasado, los ingresos tributarios se elevaron de 12.7 a 14.2 por ciento. Sin embargo, esto no necesariamente se tradujo en mejores servicios para la población. Por ejemplo, aumentó en más de 150 por ciento el número de personas sin acceso a salud pública: pasó de 20.1 millones en 2018 a 50.3 millones en 2022.
El gobierno gasta más, pero una parte creciente de ese gasto no llega a los más pobres, porque los programas sociales no están focalizados, son universales. Es por ello que los especialistas esperan que con mayores crecimiento económico y recaudación tributaria se podría seguir con los programas sociales.
De lo contrario, la población adulta sin ahorro propio podría enfrentar una crisis financiera en su retiro.
