La mujer, quien fuera designada candidata del PAN a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2012 –entonces Distrito Federal–, utilizó sus redes en el turbio caso de su hijo Hugo Alberto Wallace –cuyo nombre real es Hugo Alberto León Miranda–, quien desapareció hace veinte años.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Personaje entre los más controversiales del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, la empresaria Isabel Miranda de Wallace falleció hoy a los 73 años en el hospital ABC de Santa Fe, dejando un legado marcado por el montaje judicial que armó en la desaparición de su hijo, Hugo Wallace.
Además del respaldo incondicional de Caderón, la fundadora de Alto Al Secuestro tejió profundas redes de influencias en el inframundo policiaco criminal durante los sexenios panistas, de la mano con el entonces todopoderoso secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y su brazo derecho, Luis Cárdenas Palomino.
La mujer, quien fuera designada candidata del PAN a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2012 –entonces Distrito Federal–, utilizó estas redes en el turbio caso de su hijo Hugo Alberto Wallace –cuyo nombre real es Hugo Alberto León Miranda–, quien desapareció hace veinte años.
Isabel Miranda no dejó de afirmar que su hijo fue secuestrado, asesinado y descuartizado con una sierra eléctrica en un departamento de la colonia Insurgentes Mixcoac, el 11 de julio de 2005.
La mujer fabricó un caso judicial, colocó espectaculares en la ciudad y movió sus influencias en el gobierno para detener y encarcelar a siete personas que, según ella, eran responsables del secuestro y el asesinato de su hijo. Una de ellas, Brenda Quevedo Cruz, estuvo 15 años encarcelada sin juicio y, apenas el pasado 25 de junio pasado, obtuvo un cambio a prisión domiciliaria.
El caso Wallace resultó un montaje judicial, cuyas piezas se fueron cayendo una tras otra con el paso de los años, producto de la labor de las familias de las víctimas, sus abogados y periodistas. En represalia, Miranda llevó a cabo campañas de hostigamiento judicial contra los funcionarios y activistas que documentaron los actos de tortura perpetrados contra Quevedo o que evidenciaron las mentiras e inconsistencias de sus acusaciones.
Además de declaraciones sacadas mediante actos de tortura, parte del caso judicial se construyó alrededor de una gota de sangre, que fue “descubierta” de manera inverosímil en el departamento, siete meses después de la desaparición de Hugo Wallace y de un primer cateo en el lugar, en el que las autoridades no hallaron nada.
La gota de sangre coincidía con el material genético de José Wallace Díaz, el segundo esposo de Wallace. Sin embargo, el periodista Ricardo Raphael documentó, en Proceso, que esa coincidencia no era posible, pues Hugo Wallace no era hijo biológico de José Wallace, sino de Carlos León Miranda, el primo hermano de la empresaria.
Otras inconsistencias demolieron la versión de Miranda, pero ella nunca dejó de sostenerla. El cuerpo de su hijo nunca apareció y existen elementos que ponen en duda su asesinato.
A raíz del caso de su hijo, Isabel Miranda creó la organización Alto al Secuestro, con el empresario Alejandro Martí, a la que utilizó para afianzar sus relaciones políticas y promover una agenda de mano dura contra ese delito, que se disparó tras la “guerra contra el narco”, iniciada por Calderón en 2006.
El presidente panista incluso entregó a Isabel Miranda el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2010, en reconocimiento a su activismo.
Durante el sexenio de Vicente Fox, Miranda se acercó al empresario Eduardo Margolis, vinculado al caso de Israel Vallarta, otra víctima de un montaje judicial urdido durante el sexenio de Calderón, y quien lleva 19 años en la cárcel sin sentencia judicial.
Aunque Isabel Miranda perdió poder e influencia en años recientes, siguió contando con apoyos al interior de la FGR. En una columna publicada hoy en “Milenio”, Ricardo Raphael reveló cómo la mujer movió sus palancas en la FGR para hostigar a una visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a una perita del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), quienes confirmaron los actos de tortura perpetrados contra Brenda Quevedo por el “caso Wallace”.
Todavía en julio de 2022, Arturo Zaldívar, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acusó a Isabel Miranda de fabricar pruebas contra altos funcionarios del Poder Judicial para extorsionarlos; un mes después, la mujer presentó una denuncia contra Zaldívar ante la Fiscalía General de la República (FGR), por actos de corrupción, tráfico de influencias y ejercicio indebido de funciones en el caso de su hijo.
