Jessica Itzel Chan / CAUSA NATURA
La pesca ilegal es uno de los constantes problemas en los mares de México. Así su atención con urgencia representa uno de los retos más grandes para las autoridades federales, de acuerdo con Rodrigo Elizarrarás, director general de la consultora Humint.
A pesar de que existen esfuerzos provenientes, principalmente, de la sociedad civil para contrarrestar esta problemática que afecta a las comunidades pesqueras y a los ecosistemas marinos, para Elizarrarás se trata de trabajos aislados que no serán suficientes si de parte de las autoridades responsables no hay mayor atención.
En el inicio de la actual administración que dirige la presidenta Claudia Sheinbaum, en entrevista para Causa Natura Media, el consultor y analista en temas de economía azul, advierte que el país está rezagado en materia de combate a la pesca ilegal y, por lo tanto, también en materia de pesca sustentable.
Al respecto, Elizarrarás sugiere que antes de hablar de sustentabilidad, habrá que atender la pesca ilegal: “Mientras no la tomemos en serio, mientras no se resuelva y hagan acciones de inspección y vigilancia, no se va a avanzar; y no podemos hablar de sustentabilidad si no se resuelve la pesca ilegal”.
Especies más afectadas en México
A nivel mundial se calcula que la pesca ilegal representa el 20 por ciento de la captura total. No obstante, en México ese porcentaje asciende a 40 por ciento aproximadamente, de acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca). Entre las pesquerías más afectadas por el lavado de pescado se identifican el caracol, jaiba, pepino de mar, langosta, camarón, huachinango y cangrejo, así lo indica Oceana en reportes del 2024.
En el caso específico del Golfo de California hay siete especies que presentan mayor impacto por la pesca ilegal como la jaiba, camarón, dorado, tiburón, callo, pepino y sardina. No obstante, el consultor indica que hay otras pesquerías afectadas. “Tal es el caso de la totoaba, la vaquita marina o como el pepino marino que se lo acabaron por falta de acciones y regulaciones. También podemos hablar del dorado en la zona de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Nayarit. Otra especie con más amenaza es el mero y por ese rumbo van el pulpo y la langosta”, describe.
Datos abiertos de la Conapesca muestran que entre los años 2010 y 2022 se realizaron a nivel nacional 3 mil 235 denuncias relacionadas con pesca ilegal, con un promedio de 249 denuncias por año, siendo los estados con más incidencia Tamaulipas (143), Veracruz (197), Campeche (136) y Yucatán (326).
Deslinde de responsabilidades
Rodrigo Elizarrarás resaltó la importancia de que se aclare la responsabilidad sobre quién debe prevenir, sancionar y contrarrestar la pesca ilegal, puesto que hasta ahora hay deslinde de responsabilidades entre Conapesca y la Secretaría de Marina (Semar).
“Se nota falta de interés de las autoridades porque la pesca ilegal está en un limbo jurídico y nadie la atiende, pareciera que a la Conapesca no le interesa y a la Semar, tampoco. Nadie vigila y nadie sanciona”, añade.
A pesar de que hay otras dependencias que pueden atender el tema, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y las secretarías de Pesca estatales, el consultor Rodrigo advierte que los recursos económicos con los que cuentan son insuficientes para combatir la actividad ilegal, lo cual genera impunidad en un contexto de falta de inspección y vigilancia.
“Los recortes presupuestales de las dependencias no permiten que haya un esfuerzo mayor para que se realice vigilancia en las costas y entonces no hay forma de combatir el problema. Se necesitan recursos para la implementación de políticas públicas que permitan que haya personal capacitado para atender el problema, poniendo mayor énfasis en las zonas donde hay mayor incidencia”, indica.
Para Elizarrarás también es importante que las leyes sean rigurosas y se apliquen para sancionar a quienes estén involucrados en esta actividad, pues la situación se ha agravado tanto que a finales de 2024, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos dio una calificación negativa a México por pesca ilegal y prácticas dañinas para especies protegidas.
Otro punto a considerar es que las dependencias deben mejorar la comunicación entre sí y realizar trabajo coordinado junto con las autoridades locales, incluso más allá de los convenios que se realizan y se firman de manera periódica.
Aunado a la vigilancia, el consultor expone que las leyes que existen deberían de disuadir la pesca ilegal procesando a las personas responsables de realizarla, pero al mismo tiempo, generar información útil de quienes interponen denuncias y sea posible que las autoridades den seguimiento.
Entonces, el reto mayor del gobierno federal es identificar los puntos donde hay mayor pesca ilegal en México, incrementar la vigilancia, poner énfasis en las denuncias, sancionar y dar seguimiento a los casos, enlistó.
“Por más que hagamos medidas y buenas prácticas, le agreguemos trazabilidad y pesquemos como deba de pescarse, siempre que exista un porcentaje importante de pesca ilegal, que no podemos cuantificar y que tenemos las cifras en una caja gris, nos impedirá saber si estamos haciendo bien lo demás”, señala Elizarrarás.
