El republicano fulmina en su primer día a las cuatro funcionarias que supervisaban un sistema que debe resolver 3,5 millones de casos
Luis Pablo Beauregard
Donald Trump busca transformar rápidamente el sistema de inmigración de Estados Unidos. En el marco de su investidura, el presidente destituyó a las cuatro juezas responsables de supervisar las 71 cortes federales de migración, un sistema que enfrenta un atasco con 3,5 millones de casos pendientes. Esta acción se suma a la firma de una decena de medidas en su primer día en la Casa Blanca, que restringen drásticamente el acceso de migrantes, ya sea como indocumentados o refugiados legales.
Fuentes del nuevo Departamento de Justicia confirmaron a los medios estadounidenses la destitución de las juezas, comunicada a la Oficina Ejecutiva para la Revisión de la Inmigración en las primeras horas del Gobierno entrante. Las funcionarias cesadas son la jueza presidenta, Sheila McNulty; la directora del sistema, Mary Cheng; la encargada de políticas públicas, Lauren Alder Reid; y la abogada general, Jill Anderson. Todas ellas contaban con amplia experiencia y habían servido a presidentes de ambos partidos en el sistema de tribunales especializados creado en 1983, que depende del Ejecutivo y no del Poder Judicial.
Trump designó a la jueza Sirce Owen como directora interina en sustitución de McNulty, quien había asumido el cargo en 2023 tras casi siete años en la cúpula del organismo. Durante la Administración Biden, McNulty presidía el circuito de apelaciones en materia migratoria. Por su parte, Owen fue en el primer mandato de Trump la principal consejera jurídica de ICE, la agencia de Interior encargada de localizar, detener y deportar migrantes.
McNulty figuraba en la lista de los “burócratas más buscados” elaborada por la Fundación Heritage, un influyente think tank ultraconservador que redactó el Proyecto 2025, una guía de duras políticas públicas para el nuevo Gobierno. La jueza, junto con otros funcionarios del Departamento de Seguridad Interior, fue criticada por este grupo por tener una visión más humanitaria de la migración.
La Fundación Heritage también cuestionó a McNulty por imponer el silencio a los jueces migratorios, impidiéndoles hablar sobre el rezago en el cierre de casos. Durante la Administración Biden, el incremento en la llegada de migrantes exacerbó la carga de trabajo, pasando de 1,2 millones de casos pendientes en 2020 a 3,5 millones en 2024. Para afrontar esta demanda, se contrataron 220 nuevos jueces en cuatro años.
El sistema judicial de inmigración es clave para decidir si un inmigrante que ha violado las leyes migratorias puede permanecer en Estados Unidos o debe ser deportado. La mayoría de las decisiones de los 735 jueces de la red judicial favorecen la expulsión, aunque el proceso puede prolongarse por años.
Los jueces también evalúan miles de peticiones de asilo y supervisan las entrevistas de “miedo creíble”, donde los solicitantes deben demostrar ante una autoridad migratoria que enfrentan un riesgo real de persecución o tortura si son retornados a sus países de origen.
Expertos interpretan estas destituciones como una clara señal de que Trump pretende reformar rápidamente el sistema y endurecer la política migratoria para frenar el flujo de inmigrantes. El republicano heredó de Biden las cifras de cruces irregulares más bajas en tres años.
El despido de los jueces se suma al endurecimiento de la frontera sur. Entre las órdenes ejecutivas firmadas por Trump destaca la suspensión de los procedimientos de asilo, aunque el decreto contempla la posibilidad de reanudarlos en los próximos meses. No obstante, la medida parece improbable considerando otras acciones adoptadas, como el cierre de la frontera con México, el despliegue de tropas en varios puntos estratégicos y la amenaza de prohibir la entrada a ciudadanos de países que Trump considera parte de una “invasión”.
