Junto con varios de organizaciones pro migrantes, los recursos legales aseguran que el decreto firmado por el presidente es inconstitucional al ir en contra de la Enmienda 14
Nicholas Dale Leal
La guerra judicial no se ha hecho esperar en el segundo mandato de Donald Trump. Este martes, apenas horas después de que el nuevo presidente firmara el decreto entre una avalancha de órdenes ejecutivas, 22 Estados han interpuesto un par de demandas para frenar la que bloquea la ciudadanía por nacimiento. La política, que tiene más de un siglo de precedente, garantiza que los bebés nacidos en Estados Unidos sean ciudadanos estadounidenses independientemente del estatus migratorio de sus padres, bien sean migrantes sin papeles, estudiantes con visa o hasta turistas. Deshacerse del precedente legal, respaldado expresamente por la Enmienda 14 de la Constitución, era una promesa del republicano y la ha cumplido en el primer día.
El decreto de Trump, de unas 700 palabras, declara que los niños nacidos en Estados Unidos de padres extranjeros ya no serán considerados ciudadanos. El argumento es que como los hijos de no-ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” del país, tampoco están protegidos por la Constitución. Asimismo, la orden cuestiona que la Enmienda 14, que es considerada una de las más importantes y la que acabó con la esclavitud después de la guerra de Secesión, le otorgue la ciudadanía automáticamente a cualquier persona nacida en territorio estadounidense. “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”, dice la enmienda en cuestión.
En concreto, la orden de Trump excluye a los siguientes grupos de la ciudadanía automática: las personas cuyas madres no estén legalmente en Estados Unidos y cuyos padres no sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, y las personas cuyas madres estén en el país legalmente pero de forma temporal y cuyos padres no sean ciudadanos o residentes permanentes legales. Además, prohíbe a los organismos federales reconocer la ciudadanía de las personas incluidas en esas categorías. Entrará en vigor dentro de 30 días, el 19 de febrero.
Ante esto, 18 Estados junto con el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco han recurrido el decreto en un juzgado federal. Consideran que el intento de Trump de limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento es “extraordinario y extremo”, según dijo el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin, quien encabezó el esfuerzo. “Los presidentes son poderosos, pero él no es un rey. No puede reescribir la Constitución de un plumazo”, agregó. Además de Nueva Jersey y las dos ciudades, California, Massachusetts, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont y Wisconsin se unieron a la demanda para detener la orden. Arizona, Illinois, Oregón y Washington presentaron una demanda separada en un tribunal federal.
El fiscal general de Connecticut, William Tong, ciudadano estadounidense por derecho de nacimiento y primer fiscal general chino-americano elegido en el país, dijo que la demanda era personal para él. “La 14ª Enmienda dice lo que significa, y significa lo que dice: si naces en suelo estadounidense, eres estadounidense. Y punto”, dijo. “No hay debate legal legítimo sobre esta cuestión. Pero el hecho de que Trump esté totalmente equivocado no le impedirá infligir un grave daño ahora mismo a familias estadounidenses como la mía”.
Además de los fiscales generales, varios grupos pro inmigrantes también se han puesto en acción. Apenas horas después de que Trump firmara la orden ejecutiva, por ejemplo, las filiales de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en New Hampshire, Maine y Massachusetts, junto con otros defensores de los derechos de los inmigrantes, presentaron una demanda ante el tribunal federal de New Hampshire. La demanda pide al tribunal que declare que la orden es inconstitucional. “Despojar a los niños del ‘tesoro incalculable’ de la ciudadanía es un grave perjuicio”, dice la demanda. “Les niega la plena pertenencia a la sociedad estadounidense a la que tienen derecho”.
