Las agencias de aplicación de la ley de Arizona están a la espera para ver si les será legal y financieramente posible hacer cumplir una nueva ley de inmigración estatal.
La Propuesta 314 fue aprobada por más del 60% de los votantes de Arizona el 5 de noviembre. El componente principal de la ley duplica la ley federal, convirtiendo el cruce de la frontera entre Arizona y México sin autorización en un delito estatal.
La administración Biden dice que eso no es constitucional porque la aplicación de la ley de inmigración debe dejarse en manos del gobierno federal. El tema se discute en los tribunales federales sobre una ley similar de Texas. Hasta que se resuelva ese caso, la disposición de cruce fronterizo de la Propuesta 314 no puede entrar en vigor.
Esto es lo que dijeron varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Arizona sobre cómo la Propuesta 314 podría afectar a sus agencias y comunidades.
Policía de Phoenix y Sheriff del condado de Maricopa
El Departamento de Policía de Phoenix ordena a sus agentes que no pregunten sobre el estatus migratorio durante el contacto consensual con miembros del público. También se les ordena a los agentes que no hagan preguntas relacionadas con la inmigración durante las paradas de tráfico.
Los agentes pueden intentar determinar el estatus migratorio de una persona si es detenida por violar una ley no relacionada con la inmigración. En tales casos, los agentes tienen instrucciones de ponerse en contacto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para confirmar el estatus migratorio de la persona.
La Propuesta 314 no cambiará la forma en que el departamento maneja los asuntos relacionados con la inmigración, según el sargento Brian Bower.
“El Departamento de Policía de Phoenix continuará con su aplicación actual y sus prácticas en torno a las violaciones de inmigración”, dijo Bower, un portavoz del departamento.
A nivel de condado, el sheriff electo Jerry Sheridan, un republicano, dijo que los agentes del sheriff del condado de Maricopa no intentarían hacer cumplir la ley de inmigración bajo su supervisión, un cambio importante con respecto a la práctica de la Oficina del Sheriff bajo el ex sheriff Joe Arpaio.
Sheridan dijo que la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa nunca haría un arresto basándose en las disposiciones de inmigración de la Propuesta 314. Dijo que no interpretó la propuesta como que, como sheriff, tendría mayores poderes o la capacidad de hacer cumplir la ley de inmigración.
También dijo que la propuesta fue “escrita para personas que son atrapadas al cruzar la cerca” y no involucra al Condado de Maricopa porque no está en la frontera.
Si la Propuesta 314 condujera a una afluencia de detenidos en los condados fronterizos, como algunos han sugerido que podría suceder, Sheridan dijo que estaría dispuesto a aceptar un exceso de detenidos en las cárceles del Condado de Maricopa. Pero solo lo haría si los tribunales federales sancionaran la medida, dijo.
Sheridan dijo que continuaría las prácticas de los sucesores de Arpaio, el exsheriff Paul Penzone y el sheriff Russ Skinner, con respecto a trabajar con ICE.
La relación entre el ICE y el condado de Maricopa comenzó bajo la dirección de Arpaio, quien retenía a los reclusos a pedido del ICE incluso después de que pagaran la fianza.
En 2017, Penzone dejó de retener a inmigrantes para el ICE.
La política actual permite al ICE examinar a los reclusos del condado y luego detener a las personas que considere deportables cuando el condado las libere.
Sheriff del condado de Pima
El recientemente reelegido sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, un demócrata, ha sido un crítico acérrimo de la Propuesta 314. Dijo que era innecesaria y se pronunció en contra de ella en la Legislatura, calificándola de “mandato sin fondos”.
“La ley está escrita de tal manera que la única vez que se puede hacer cumplir es si realmente se ve al individuo cruzar la frontera ilegalmente”, dijo Nanos. “Hoy, ayer, el año pasado, hace décadas, si uno de mis agentes estuviera en la frontera y viera a alguien cruzar ilegalmente, lo detendríamos. Lo detendríamos. Llamaríamos a la Patrulla Fronteriza y les pasaríamos el asunto. Así que la ley no hizo nada por nosotros. No es que no tuviéramos el poder o la autoridad para detenerlos en ese momento”.
La nueva ley facultaría a Nanos y otros alguaciles para detener a las personas sospechosas de cruzar la frontera ilegalmente, pero eso es algo que él dice que no haría.
“Nuestras cárceles están bastante llenas y son bastante costosas”, dijo Nanos. “Es probable que estas personas nunca paguen la fianza porque no son ciudadanos y probablemente tengan muy poco dinero. Así que se quedarían en mi cárcel a mis expensas, con mi presupuesto”.
Nanos dijo que la inmigración está siendo dejada en manos de funcionarios estatales y locales cuando el gobierno federal debería ser la agencia encargada de la aplicación de la ley.
Dijo que si bien la retórica política antiinmigrante del presidente electo Donald Trump, un republicano, ha sido preocupante, no tiene idea de cómo la administración entrante planea hacer cumplir la ley de inmigración y está demorando.
“Porque no importa cuál sea el plan, creo que quedará atado en la corte en algún lugar, como probablemente debería ser”, dijo Nanos.
Nanos dijo que su departamento siempre estaría dispuesto a ayudar a los socios federales, pero no permitiría una participación directa en las operaciones de control de inmigración.
“Si la Patrulla Fronteriza está en el desierto y dicen, ‘Oye, necesitamos refuerzos’, sí, los vamos a respaldar. Por supuesto que lo haremos”, dijo Nanos. “Pero si la Patrulla Fronteriza llama y dice, ‘Oye, hay una iglesia aquí, al otro lado de la calle, creemos que hay un montón de inmigrantes allí’, o ‘Hay un negocio aquí, queremos ir a verificar los documentos de todas las personas que están allí. ¿Pueden venir con nosotros?’ No, no vamos a hacer eso”.
El Departamento de Policía de Tucson, la agencia de aplicación de la ley municipal más grande del condado de Pima, no se ha visto afectado por la Propuesta 314, según un portavoz del departamento.
“El equipo legal de la ciudad y del departamento tendrá que revisar la propuesta antes de que se decida algo”, dijo un comunicado de la policía de Tucson.
Agencias necesitan más fondos, aseguran funcionarios
Los departamentos de policía de Nogales, Yuma y San Luis, que patrullan comunidades en o cerca de la frontera entre Arizona y México, no prevén ningún cambio en la aplicación de la ley a menos que el gobierno federal proporcione fondos adicionales, ya que son departamentos pequeños con presupuestos pequeños, dijeron los funcionarios.
Estos departamentos no investigan el estatus migratorio de forma independiente. Se asocian con agencias federales que investigan el estatus migratorio de personas sospechosas de violar otras leyes.
El teniente Emmanuel Botello del Departamento de Policía de San Luis dijo que el departamento no planeaba cambiar las prácticas de aplicación de la ley, pero que las reuniones para discutir las responsabilidades y deberes de los gobiernos local y federal aún estaban pendientes.
“No hay recursos asignados para abordar este problema de inmigración en particular, y si de hecho comienza a abordarse como un delito, habría necesidad de solicitar recursos adicionales al gobierno federal, ya que el SLPD actualmente tiene un mínimo de “No se puede hacer nada para evitar que se produzcan violaciones a las leyes de inmigración”, dijo Botello. “Ninguna violación a las leyes de inmigración reemplazará la necesidad de responder a las llamadas de servicio… cuando la vida y la propiedad de nuestros ciudadanos están en riesgo”.
El jefe de policía de Nogales, Carlos Jiménez, dijo que su departamento estaba llevando a cabo sus actividades como de costumbre, ya que el componente de cruce de fronteras de la Propuesta 314 no está en vigor.
“No estoy asignando ningún recurso ni enviando a ningún agente a hacer cumplir las secciones de inmigración de la Propuesta 314 con respecto a la entrada ilegal”, dijo Jiménez. “Cuando los agentes se encuentren con problemas de inmigración ilegal, seguiremos comunicándonos con las agencias federales cuya responsabilidad principal es abordar estos asuntos”.
El jefe de policía de Yuma, Thomas Garrity, dijo que su departamento revisaría sus políticas y capacitaría a los agentes sobre las medidas de cumplimiento de la ley de inmigración de la Propuesta 314 una vez que entren en vigor.
“No habrá ningún cambio en nuestra política, excepto educar a los agentes sobre cómo estamos implementando esto, y eso es de una manera justa, legal y razonable”, dijo Garrity. “La razón es que no queremos que la gente evite denunciar delitos o retener información que pueda ayudarnos a abordar el elemento criminal”.
Actualmente, el departamento solo pregunta sobre el estatus migratorio de una persona después de un arresto, como se requiere durante la toma de huellas dactilares, dijo Garrity.
“Creo que la inmigración es un asunto federal”, dijo Garrity. “No le corresponde a la policía local hacer cumplir esas leyes”.
Sheriffs buscarán orientación de fiscales del condado
Los representantes de varias oficinas del alguacil le dijeron a The Arizona Republic que estaban esperando recibir orientación de sus respectivos fiscales del condado sobre cómo proceder con la aplicación de la ley de inmigración.
Un portavoz de la Oficina del Alguacil del Condado de Yuma dijo que la oficina estaba esperando una evaluación adicional de la Oficina del Fiscal del Condado de Yuma para establecer políticas y procedimientos con respecto a la aplicación de la Propuesta 314.
Lauren Reimer, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Pinal, pospuso sus comentarios sobre los planes para la aplicación de las leyes de inmigración hasta que el sheriff electo recientemente del Condado de Pinal y el fiscal del condado tuvieran la oportunidad de revisar la nueva ley estatal.
El sheriff electo del Condado de Pinal, Ross Teeple, no respondió a las solicitudes de comentarios.
La fiscal del Condado de Maricopa, Rachel Mitchell, dijo que su oficina monitorearía los avances en la aplicación de las leyes de inmigración a nivel federal bajo Trump y estaría atenta al futuro de la Propuesta 314.
“Obviamente, no somos un condado fronterizo”, dijo Mitchell en una entrevista con The Republic después de asegurar su reelección. “Pero estamos muy afectados aquí por el crimen fronterizo, y vamos a tener que monitorear cómo se desarrolla eso”.
Mitchell dijo que haría cumplir la disposición de cruce fronterizo de la Propuesta 314 siempre que los tribunales federales decidan que es apropiada.
“Si el tribunal la confirma, y es constitucional y todo, y si recibimos una presentación de una agencia, MCSO u otra
“Si es prudente, lo analizaremos teniendo eso en mente”, dijo. “Y si hay una probabilidad razonable de condena, haremos cumplir la ley”.
Condado de Maricopa tiene antecedentes
El condado de Maricopa no ha tenido un buen historial en lo que respecta a los intentos de hacer cumplir las leyes de inmigración.
Arpaio adoptó la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que autoriza a la policía local a actuar como agentes federales de inmigración. Pero los abusos de ese poder llevaron a violaciones de los derechos civiles, lo que provocó más de una década de litigios y resultó en una supervisión de la corte federal que ha costado a los contribuyentes cientos de millones de dólares.
La demanda de derechos civiles de Melendres comenzó en 2008 cuando los conductores latinos demandaron a la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa, entonces dirigida por Arpaio, alegando que se los discriminaba racialmente. El juez de distrito de Estados Unidos Murray Snow estuvo de acuerdo después de un juicio y, en 2013, ordenó la supervisión judicial de la Oficina del Sheriff. La supervisión implica cumplir con las reformas ordenadas por el tribunal destinadas a eliminar la discriminación racial en la Oficina del Sheriff.
Arpaio y Sheridan, que alguna vez fue el segundo al mando de Arpaio, fueron declarados culpables de desacato al tribunal por violar las órdenes en ese caso. Sheridan dijo que la historia motivó su plan de evitar la aplicación de las leyes de inmigración cuando asuma el mando de la Oficina del Sheriff.
“Tenemos una orden judicial del juez de no tratar con personas sobre cuestiones de inmigración”, dijo Sheridan. “Definitivamente no quiero que me acusen de desacato nuevamente”.
Los estudios muestran que la participación de la policía local en la aplicación de la ley de inmigración ha tenido poco o ningún efecto en la reducción de la delincuencia.
Un estudio de 2014 publicado en The Journal of Law and Economics y un estudio de 2024 de la Universidad de Colorado en Denver no encontraron cambios significativos en las tasas de delincuencia después de la implementación de Comunidades Seguras, un programa federal que requiere que las huellas dactilares de las personas arrestadas y fichadas bajo sospecha de haber cometido un delito se envíen al gobierno federal para verificar el estado migratorio. De manera similar, una investigación publicada por el Instituto Nacional de Justicia en 2022 encontró que las jurisdicciones que adoptaron los acuerdos 287(g) no vieron reducciones en los delitos violentos o contra la propiedad.
Estos programas de aplicación de la ley a menudo dañan la confianza de la comunidad en la aplicación de la ley, según los informes.
Las investigaciones muestran que una mayor aplicación de la ley de inmigración desalienta la denuncia de delitos, especialmente de violencia doméstica y agresión sexual, ya que las víctimas temen la posibilidad de ser deportadas.
Este “efecto paralizante” debilita las relaciones entre la policía y la comunidad y dificulta la seguridad pública, según el estudio de la Universidad de Colorado en Denver.
Los críticos también sostienen que los recursos locales se ven limitados cuando se prioriza la aplicación de la ley migratoria, lo que socava aún más los esfuerzos de seguridad pública.
