El perrito sufrió maltrato animal por parte de dos menores de edad que le colocaron pirotecnia en el hocico.
Héctor Navia
El perrito agredido por dos menores de edad que le colocaron pirotecnia en el hocico y que lo grabaron en video, murió el sábado en una clínica veterinaria de San Luis Río Colorado, Sonora.
La dueña del animal, nombrado como Cornelio, acudió a la Fiscalía estatal para interponer la denuncia correspondiente en contra de los presuntos responsables.
De acuerdo con el testimonio de la dueña de Cornelio, los padres de los menores le expresaron que ella tuvo que haber “dormido” a su mascota desde el día 3 de diciembre cuando ocurrieron los hechos, y que ellos no se harían cargo de los gastos veterinarios.
“La verdad estoy muy molesta, muy enojada, por lo que hicieron los papás de los niños. Por el asunto de que mi familia fue y les tocaron en su casa para decirle a la señora lo que había sucedido, y sin embargo me lo dejaron (al perro) desde las 4 de la tarde tirado ahí, hasta las 7 que yo llegué de mi trabajo lo pude llevar a la veterinaria. Lamentablemente ya me dieron la noticia de que mi perro había fallecido”, narró la afectada en un video en vivo transmitido por una página dedicada al rescate de perros callejeros.
Explicó que su familia no pudo llevar a su perro de forma inmediata al veterinario porque no contaban con recursos, y que su atención se complicó porque no encontraban una clínica abierta.
Señaló, además, que los padres de los niños agresores mostraron una muy mala actitud, siendo poco empáticos y externándole que simplemente no se harían cargo de los gastos.
“No voy a dejar las cosas así, voy a proceder, porque nosotros como padres debemos darle el ejemplo a nuestros hijos”, advirtió, adelantando que pedirá a la Fiscalía justicia por su perrito, con el que tenía un año.
“Para muchos podría ser un simple perro, pero era parte de mi familia”.
Cabe mencionar que el Código Penal de Sonora contempla sanciones a quienes incurran en maltrato animal, mismas que, dependiendo el caso, podrían derivar en multas económicas de hasta 400 días de salario mínimo, o en caso de muerte, hasta 6 años de prisión.
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