Eduardo Prud’homme / NGI
El noroeste de México, que incluye los estados de Baja California, Sonora y Sinaloa, es una región vulnerable desde el punto de vista energético. Baja California, por ejemplo, funciona como una isla energética, con su sistema eléctrico desconectado del resto de la red nacional. Esto obliga al estado a depender de las plantas de generación locales y de las importaciones de electricidad y gas natural de Estados Unidos.
En el suministro de gas natural a Baja California, la infraestructura de la firma estadounidense Sempra es fundamental. Con las líneas troncales y ramales de Sempra, los consumidores de la zona reciben gas de las interconexiones de Ogilby y Otay y de los gasoductos que atraviesan Arizona y California. El suministro de gas también ha dependido ocasionalmente de los envíos de GNL recibidos en la terminal de Energía Costa Azul.
A pesar de esta red de gasoductos, la estacionalidad del consumo de gas provoca congestión en verano. Baja California tiene una red eléctrica aislada del resto del país, y el gas natural es la principal fuente de energía. A pesar de que la red de Sempra ha permitido plenamente el acceso abierto a usuarios distintos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y el hecho de que los consumidores e intermediarios en general han podido gestionar el transporte de gas de manera estable, ha habido limitaciones para el crecimiento.
La generación eléctrica es la actividad con más dificultades para lograr certidumbre en el suministro de gas natural en temporadas altas. Una nueva vía de abastecimiento, de gas o de flujo eléctrico, tendría un impacto muy positivo.
En este contexto, el proyecto del Gasoducto Centauro del Norte (GCN), desarrollado por Grupo Carso, SAB de CV, en alianza con CFE, promete ser un hito en la infraestructura energética de la región. Este gasoducto no sólo busca resolver la congestión estival en Baja California, sino que también puede tener efectos indirectos en la posición estratégica de México como punto de reexportación para el mercado energético mundial.
El proyecto consta de dos fases. El primero implica una interconexión con el oleoducto de Rosarito y el desarrollo de un oleoducto de 36 pulgadas de diámetro y 66 kilómetros (41 millas) que iría a San Luis Río Colorado. Con este gasoducto, CFE podría asegurar una capacidad de suministro de 104 MMpcd para la planta de generación de ciclo combinado González Ortega. En el otro extremo del oleoducto, en San Luis Río Colorado, ya en el estado de Sonora, se espera que el proyecto tenga una capacidad de entrega de 104 MMpcd y alimente la planta de generación del mismo nombre en la localidad, y 36 MMpcd en la planta de Altar. Esta fase es coherente con el plan estratégico de CFE previsto por la anterior administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La segunda fase consiste en la construcción de otro oleoducto de 36 pulgadas y 354 kilómetros (220 millas). Este tramo conectaría el sistema Samalayuca-Sásabe con el final del tramo de la primera fase. La capacidad de este tramo sería contratada por la CFE para que pueda aprovechar los 400 MMpcd para Baja California vía gas desde Waha con una ruta que pasa por los estados de Chihuahua y Sonora. Es decir, a través de una ruta confinada a territorio mexicano.
Esta ruta, independiente de los sistemas de transporte de EE.UU., reforzaría la intención de la política energética de mejorar el control del suministro con una reducción de la exposición a eventos externos, como las consecuencias de la devastación de los sistemas de la red eléctrica y de gas de Texas durante la tormenta invernal Uri.
Debido a su extensión, diámetro y capacidad, el GCN cambiaría la configuración del flujo de toda la zona noroeste. Este gasoducto debería ser declarado estratégico por la Secretaría de Energía (Sener) y ser objeto de una licitación realizada por el operador del sistema nacional de gasoductos, Sistrangas, probablemente en coordinación con la CFE. Sin embargo, incluso antes de los recientes cambios constitucionales que otorgan a CFE un estatus predominante en el sector energético, este proyecto ha sido concebido como uno dedicado a satisfacer las necesidades de la demanda de CFE y al mismo tiempo obtener rendimientos financieros como inversionista.
En Sonora, la situación es igualmente compleja. La infraestructura del gasoducto Sonora sólo logra redundancias para las entregas de gas a las plantas de la CFE si el gas que recibe del Gasoducto Samalayuca-Sásabe (SAMSA) puede fluir sin restricciones. Sin embargo, los conflictos con las comunidades indígenas han inhabilitado segmentos importantes de esta red. Esto ha generado capacidad ociosa en el sistema y reducido la flexibilidad del suministro, afectando tanto a Sonora como a Sinaloa.
El Gasoducto Sonora está diseñado para proporcionar un suministro seguro y eficiente de gas a las plantas de CFE. Para lograr la redundancia, los sistemas de importación que pasan por Chihuahua juegan un papel crucial. Sirven como tránsito para el gas natural de Waha para abastecer al noroeste de México y las tierras altas. Aunque la configuración original de la red para la redundancia no incluía GCN, la idea de conectar Baja California con el resto del país se ha discutido durante varios años. Una vez finalizado este proyecto, no sólo se mejoraría la seguridad energética, sino que también se podría mejorar significativamente la utilización de la capacidad en sistemas que antes estaban infrautilizados debido a problemas sociales y técnicos.
Con el gobierno de México enfocado en la “soberanía energética” entendida como otorgar el mayor control posible del sector a las empresas estatales, es clave que los proyectos de apoyo a la reexportación de GNL no obstaculicen este propósito. Si la CFE logra un suministro de gas libre de riesgos en la zona costera del Pacífico, la aprobación del gobierno para la instalación de plantas de licuefacción no sería objetable. En este sentido, el proyecto GCN puede beneficiar indirectamente la consolidación de México como un actor clave en el mercado global de GNL.
A pesar de sus ventajas, el proyecto enfrenta desafíos sociales y regulatorios que podrían limitar su alcance. El conflicto con las comunidades indígenas de Sonora, que ya ha afectado al oleoducto de Sonora, podría extenderse a GCN si no se gestionan adecuadamente las consultas y negociaciones con las comunidades locales. La ruta tiene un impacto ambiental significativo, y el cruce del río Colorado podría implicar desafíos técnicos y regulatorios relevantes.
En el ámbito regulatorio, el acceso abierto a esta infraestructura es una cuestión crítica. Hasta hace unos meses, México contaba con un marco legal que promovía el acceso abierto a los gasoductos para fomentar la competencia y la inversión privada. Sin embargo, los recientes cambios constitucionales que fortalecen el papel de las empresas estatales han generado incertidumbre sobre la continuidad de este principio. Si GCN opera exclusivamente para CFE y sus socios, su impacto positivo se vería limitado al restringir el acceso a comercializadores privados que podrían diversificar la oferta en la región.
Además, las implicaciones económicas del proyecto deben evaluarse cuidadosamente. Si bien la participación de CFE como accionista fortalece la capacidad operativa del Estado, también plantea interrogantes sobre la eficiencia de costos. Los procesos de licitación abiertos y competitivos podrían garantizar un menor costo de construcción y operación, optimizando los beneficios del proyecto.
Aunque persisten desafíos en términos de implementación y regulación que podrían posponer la entrada en operación prevista para 2025, GCN proporciona una hoja de ruta para futuros proyectos. De lograr un funcionamiento continuo, su éxito podría servir de modelo para el desarrollo de infraestructura energética en otras regiones del país, especialmente aquellas con características geográficas y sociales complejas. La CFE ya no sería simplemente un cliente ancla que facilita el financiamiento, sino que también se convertiría en un agente financiero. Como apunte final, vale la pena decir que este nuevo rol, con el uso de recursos públicos, amerita mayor transparencia, inclusión y eficiencia en su desarrollo y operación. Esperemos que esto se tenga en cuenta en futuras propuestas.
Prud’homme fue fundamental para el desarrollo de Cenagas, el operador de gasoductos de gas natural del país, una entidad formada en 2015 como parte del proceso de reforma energética. Comenzó su carrera en la petrolera nacional Petróleos Mexicanos (Pemex), trabajó durante 14 años en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), llegando a ser economista jefe, y de julio de 2015 a febrero de 2019 se desempeñó como director de ISO para Cenagas, donde supervisó la gestión técnica, comercial y económica del naciente Sistema Integrado de Gas Natural (Sistrangas). Con sede en la Ciudad de México, es el director de la consultora energética mexicana Gadex.
Nota del editor: El Índice de Precios del Gas en México de NGI, líder en el seguimiento de la reforma del mercado de gas natural en México, ofrece la siguiente columna de Eduardo Prud’homme como parte de una serie regular sobre la comprensión de este proceso.
