Luego de seis años y decenas de casos documentados de corrupción por periodistas, es posible afirmar que no se cortó de tajo con la corrupción, como aseguró el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Redacción AN / JOF … Unidad de Investigación Aplicada de MCCI
Durante su último informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador proclamó como un triunfo de su administración haber “cortado de tajo con la corrupción en el Poder Ejecutivo”. Este discurso de autocomplacencia sobre uno de los problemas que más preocupan a la sociedad mexicana ha sido constante a lo largo de su mandato, aun cuando los casos de corrupción, tanto en su gobierno como en la esfera pública, no han dejado de acumularse. A pesar de las promesas de erradicar las prácticas corruptas, los mecanismos y redes de corrupción no sólo se han perpetuado, sino que han adquirido nuevos rostros y beneficiarios.
Un episodio emblemático ocurrió el 31 de agosto de 2019, un día antes de su primer informe de gobierno. El presidente, confiado, declaró que se había ganado la batalla contra la corrupción. En esa ocasión, sacó por primera vez el “pañuelito blanco” para afirmar que “ya no hay corrupción arriba”. Sin embargo, menos de un año después, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó una investigación que revelaba el que sería el caso de corrupción más grande de su sexenio: los desvíos de más de 15 000 millones de pesos destinados a los programas alimentarios para las poblaciones más vulnerables, ejecutados a través de la recién creada Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). El caso continúa impune en su parte más alta, pues quien fuera su titular durante los desvíos, Ignacio Ovalle, no fue investigado; por el contrario, fue premiado con otro puesto en la Secretaría de Gobernación.
A pesar de este escándalo monumental y de otros casos que se sumaron a lo largo del sexenio, el discurso del presidente no cambió. Día tras día, insistió en que la corrupción en su gobierno era cosa del pasado. Fue hasta el 29 de junio de 2023 que el mandatario reconoció públicamente las irregularidades en Segalmex, pero lo hizo bajo una narrativa que buscaba minimizar su impacto. “Es el único caso”, afirmó, como si con ello pudiera borrar el rastro de otros episodios que también fueron documentados por medios de comunicación, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Peor aún: dijo que los directivos habían sido engañados por algunos priistas que seguían en la administración.
En los últimos seis años, han sido abundantes las evidencias de diversas formas de corrupción en distintas áreas del gobierno. Ello nos obliga a hacer una clasificación que facilite su comprensión y análisis, además de ponerle nombre y apellido a los presuntos responsables. En este “sexenario de la corrupción”, hemos agrupado los casos que registramos en seis grandes categorías: justicia discrecional, sobornos, moches y enriquecimiento ilícito; desvío de recursos públicos, corrupción electoral, ejercicio abusivo de funciones, así como conflicto de intereses. Cada una de estas categorías refleja no sólo los patrones que han persistido en el gobierno actual, sino también la capacidad del poder corruptor para reinventarse y operar bajo nuevas formas, ahora disfrazadas de un discurso de austeridad y transformación.
Los casos de justicia discrecional son unos de los más preocupantes, ya que involucran la manipulación política del sistema judicial para favorecer a ciertos actores cercanos al poder, mientras se castiga selectivamente a quienes resultan incómodos. Ejemplos de este fenómeno incluyen el uso político de las instituciones judiciales para perseguir a quienes se consideran opositores en el ámbito empresarial, académico, periodístico y de las organizaciones de la sociedad civil que han denunciado la corrupción del régimen.
En cuanto a sobornos, moches y enriquecimiento ilícito, hemos visto cómo la vieja práctica de intercambiar dinero por favores políticos entre personas cercanas al poder sigue siendo una constante en diversas secretarías y niveles de gobierno. Aunque el discurso oficial insiste en que la corrupción se ha erradicado, las investigaciones demuestran que, bajo la superficie, continúan existiendo redes de complicidad entre empresarios y funcionarios.
El desvío de recursos públicos es uno de los mecanismos de corrupción más documentados durante el sexenio, se ha materializado en programas sociales diseñados con el propósito explícito de beneficiar a sectores vulnerables, pero cuyos recursos han sido sistemáticamente desviados hacia otros fines. Segalmex es sólo el ejemplo más visible y de mayor envergadura de un esquema que se ha repetido en otros programas sociales clave.
La corrupción electoral, presente en los comicios de 2018, 2021 y 2024, ha evidenciado el uso de recursos públicos y programas sociales con fines proselitistas, lo cual viola la equidad electoral. Estos casos no han sido suficientemente sancionados, lo que ha contribuido a la erosión de la confianza en las instituciones democráticas.
Finalmente, el ejercicio abusivo de funciones y el conflicto de intereses se han manifestado en múltiples áreas del gobierno, desde la emisión de decretos para favorecer a empresas vinculadas a amigos y familiares del presidente, así como a integrantes de su círculo más cercano, hasta la manipulación de licitaciones públicas en favor de consorcios cercanos al poder. Estos episodios nos recuerdan que la corrupción, lejos de ser un problema erradicado, sigue siendo un fenómeno sistémico que afecta a la democracia y al estado de derecho en México.
A continuación, presentamos un recuento breve —pues para hablar detalladamente de cada caso requeriríamos varios cientos de hojas— pero exhaustivo de los principales mecanismos y casos de corrupción que sucedieron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
JUSTICIA DISCRECIONAL
Una de las formas más efectivas de controlar la corrupción es abatir la impunidad. Un sistema de justicia capaz de investigar y sancionar actos de corrupción no sólo permite recuperar los recursos desviados, sino también modificar las condiciones que permitieron estos actos y disuadir que sucedan en el futuro.
Al analizar los casos de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto, es evidente que la impunidad fue un factor que los favorecía. Seis años después, el sistema de justicia aún opera como una extensión del poder político. Aquellas personas que forman parte del grupo en el poder —o que se alinean con él— reciben un trato preferencial e incluso pueden evadir las sanciones. En cambio, quienes no aceptan enfrentan un trato más severo. Aún peor: algunas de las voces críticas acaban por recibir acusaciones sin pruebas.
Un elemento adicional de preocupación es que muchas de las acusaciones penales en casos de corrupción no han resultado en sentencias. Esto no sólo es reflejo de un sistema judicial ineficaz, sino de fallas en las autoridades responsables de investigar.
Ante las acusaciones de corrupción en contra de aliados, el gobierno de López Obrador adoptó cuatro estrategias: negó o minimizó las acusaciones, las atribuyó a maquinaciones de sus opositores, defendió a los acusados como personas honorables o, ante la abrumadora evidencia, prometió una investigación que nunca sucedía.
Desde sus conferencias mañaneras, el presidente defendió a Ignacio Ovalle por los desvíos en Segalmex alegando que eran sus subordinados los responsables; elogió a Delfina Gómez tras las acusaciones de cobrar diezmos en Texcoco y justificó a Alejandro Esquer tras la divulgación de videos en los que se le ve depositar millones de pesos en efectivo a un fideicomiso de Morena, como lo dio a conocer MCCI en diciembre de 2021. Ante las acusaciones contra su familia —hermanos, hijos, primas—, fustigó a los medios que lo revelaron.
Otro ejemplo es el del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien enfrentó múltiples acusaciones de corrupción, incluso fue vinculado al crimen organizado, sin que ello haya resultado en consecuencias legales en su contra. Blanco tomó protesta en 2024 como diputado federal plurinominal por Morena.
El trato favorable no sólo estuvo reservado para aliados del presidente, sino también para quienes decidieron sumarse a su causa. Por ejemplo, en Hidalgo, una investigación de la fiscalía estatal de 2022 sobre adjudicaciones directas a empresas fantasma por 422 millones apuntaba inicialmente al gobernador priista Omar Fayad y su gabinete; sin embargo, luego de ser nombrado embajador en Noruega, la fiscalía desestimó que el exgobernador tuviera alguna responsabilidad. En total, fueron cinco exgobernadores priistas quienes recibieron cargos diplomáticos durante el sexenio de López Obrador.
Alejandro Murat dejó el gobierno de Oaxaca en 2023 con irregularidades por más de 6 mil millones de pesos para acciones de salud, según la Auditoría Superior de la Federación. No obstante, ahora es senador por Morena. Su compañero de bancada, Javier Corral fue originalmente acusado de conflicto de intereses por el gobierno de López Obrador, pero ahora es protegido por el oficialismo de las acusaciones de corrupción en su contra. Incluso, personajes como Alfredo Del Mazo, exgobernador del Estado de México, quien renunció al PRI en 2024 y está vinculado a varios casos de corrupción, nunca enfrentó investigaciones ni acusaciones desde el gobierno federal.
Para quienes se oponen al gobierno, el trato ha sido marcadamente distinto. Rosario Robles, acusada por participar en la Estafa Maestra, estuvo en prisión preventiva por más de tres años, antes de ser absuelta en 2024 por un juez. Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, fue acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada desde 2021, lo que lo llevó a perder la candidatura a diputado federal plurinominal en 2024, aunque aún no ha comenzado el juicio en su contra.
Cuando comenzó el sexenio, un colectivo de organizaciones de la sociedad civil impulsaban una agenda de reformas que pretendía separar la procuración de justicia de los criterios políticos. Seis años más tarde, esta situación está inalterada. Si acaso, ahora opera con mayores criterios políticos. Los casos de personas cercanas al poder que fueron investigados se resolvieron normalmente a su favor, mientras que quienes fueron considerados como adversarios enfrentaron condiciones más adversas.
CORRUPCIÓN ELECTORAL
Hace seis años, MCCI e Integralia Consultores advirtieron que el financiamiento y el gasto ilegal en campañas políticas eran los mayores problemas de la democracia electoral en México. De acuerdo con el estudio, las campañas gastan hasta 25 pesos por cada peso reportado a las autoridades electorales. Este financiamiento ilegal afecta la equidad en la contienda, encarece las campañas y fomenta el desvío de recursos públicos. Hoy las preocupaciones sobre la penetración del dinero ilegal en las elecciones siguen siendo las mismas.
A pesar de la complejidad de documentar el financiamiento ilegal de campañas, existen notables esfuerzos del Instituto Nacional Electoral por detectar irregularidades en el gasto de los partidos, como en los casos de Amigos de Fox y el Pemexgate en el 2000, Monex en 2012 y los diezmos de Delfina Gómez en Texcoco en 2015. Además, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil también han documentado mecanismos ilegales de financiamiento. En 2018, MCCI reveló la Operación Sáfiro (con ese), un esquema de desvío de 650 millones de pesos que involucró al gobierno federal y a autoridades de siete estados para financiar campañas del PRI en las elecciones locales de 2016. Este esquema fue confirmado posteriormente en la investigación del “caso viuda negra”.
Los casos consignados en esta categoría muestran las diversas formas en que se financian ilegalmente las campañas a pesar del complejo marco legal vigente. Esto es especialmente preocupante ante la próxima elección de ministros, jueces y magistrados.
Están documentadas otras tres irregularidades de Morena en procesos electorales. La primera viene de 2023, cuando Televisa mostró videos de colaboradores de Layda Sansores recibiendo dinero en efectivo en las oficinas del gobierno de Campeche antes de la elección estatal de 2021. Los funcionarios alegaron que el dinero era para “gestiones en favor del pueblo”. No obstante, el entonces gobernador interino Carlos Aysa González fue nombrado embajador en República Dominicana y su hijo, diputado federal del PRI, se unió a Morena.
La segunda ocurrió en San Luis Potosí, dónde Mónica Rangel, excandidata de Morena a la gubernatura se declaró culpable en 2022 de cometer fraude por 22 millones de pesos y uso abusivo de funciones públicas. Recuperó su libertad tras devolver el dinero. La tercera involucra a Que Siga la Democracia, una agrupación política cercana a Morena, que utilizó firmas de casi 15 mil muertos para la consulta de revocación de mandato de 2022. El INE le impuso una sanción de medio millón de pesos; no obstante, en 2023 consiguió el registro como agrupación política nacional y acompañó a Morena en las elecciones federales de 2024.
De acuerdo con El Universal, Morena es el partido más opaco, pues fue el que más inconformidades ante el INAI recibió entre 2016 y 2024. Es el partido más sancionado por no atender las solicitudes de información y no ha cumplido con todas sus obligaciones de transparencia.
En tanto, Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León. fue acusado de recibir aportaciones irregulares de empresas para su campaña presidencial de 2018. Detenido en 2022, pudo seguir su proceso en libertad meses después. No obstante, en mayo de 2024, la contraloría del estado declaró que omitió reportar 57 propiedades a nombre suyo, de su entonces esposa y uno de sus hijos en sus declaraciones patrimoniales.
Durante los últimos seis años, surgieron casos ampliamente documentados que muestran como algunas irregularidades y desvíos de recursos públicos llevaron a mecanismos de financiamiento ilegal de campañas políticas. No hay ningún partido político que se haya salvado de estas acusaciones. Las preocupaciones principales sobre la penetración del dinero ilegal en las elecciones durante la transición democrática siguen siendo las mismas. Acaso ahora se suman preocupaciones adicionales ante la incertidumbre de que exista suficiente información pública en el futuro para seguir documentando las investigaciones periodísticas.
SOBORNOS, MOCHES Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
El soborno es uno de los casos más evidentes de corrupción. Este tipo de corrupción es uno de los más sencillos de medir también. Según el Inegi, alrededor de 14 % de las personas que tuvieron contacto con algún servidor público en 2023 experimentaron al menos un acto de corrupción. Esto representa una ligera disminución con respecto a 2019, cuando fue de 16 %. En ambos casos, está todavía por encima de los niveles reportados en 2015.
Además del soborno, en esta categoría, también consideramos los moches —la apropiación de una parte de la nómina de los servidores públicos por parte de sus superiores— y el enriquecimiento ilícito. Estos tres actos implican una transacción de dinero que beneficia a individuos específicos. El típico caso de apropiación de abuso de poder para beneficios privados.
Contrario al discurso oficial, que sostiene que se acabó la corrupción, en los últimos seis años hemos documentado mordidas, moches y casos de enriquecimiento ilícito que involucran a todas las fuerzas políticas y a partes del sector privado. La frecuencia de estos actos revela que enfrentamos un fenómeno sistémico, no eventos aislados, que compromete a todos los actores del sistema político y no sólo a unos cuantos.
Pemex estuvo involucrada en al menos tres casos de sobornos durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. El más claro de estos fue el de la empresa brasileña Odebrecht, que presuntamente pagó sobornos a Emilio Lozoya para recibir contratos de la paraestatal. Además de este caso, Lozoya enfrenta acusaciones por haber recibido más de tres millones de dólares de Altos Hornos de México (AHMSA) para que Pemex adquiriera la planta de agronitrogenados a un sobreprecio. El presidente del consejo de administración de AHMSA, Alonso Ancira, también acusado por este caso, fue detenido en España en 2019 y extraditado a México en 2021, donde firmó un acuerdo reparatorio por 216 millones de dólares.
Sin embargo, tras concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federak no pudo recuperar ni la mitad de los 216.6 millones de dólares (mdd) que el presidente prometió que Altos Hornos de México (AHMSA) devolvería por la venta fraudulenta de una ‘planta chatarra’ a Petróleos Mexicanos (Pemex) en época de Enrique Peña Nieto, ya que solo pudo cobrar 104.1 mdd, de acuerdo con documentos entregados por Pemex vía Transparencia, es decir, un 48% del total.
Un tercer caso de sobornos, que abarcó también a la gestión de López Obrador, en 2020, fue el de Vitol, una de las empresas energéticas más grandes del mundo, reconoció haber pagado sobornos entre 2017 y 2020 para conseguir contratos con la paraestatal. La empresa fue vetada durante tres años, hasta 2023, cuando pagó 30 millones de dólares como medida reparatoria. En 2024, un exoperador de esta empresa, Javier Aguilar, se declaró culpable de haber sobornado a dos funcionarios de Pemex Procurement International por más de 600 000 dólares para recibir información privilegiada.
En junio de 2024, el gobierno federal dio a conocer otro caso, en el ISSSTE, que generó un daño al erario por 15 000 millones de pesos. Éste consistió en incrementar ilegalmente pensiones y hacer pagos duplicados a proveedores. De acuerdo con el gobierno, existen 731 sanciones a servidores públicos, 57 denuncias que involucran a más de 3000 personas, pero únicamente cinco están vinculadas a proceso penal.
Pero no sólo hubo sobornos en estos años. También se revelaron personajes políticos que pidieron dinero en efectivo a sus subordinados. Uno de los casos mejor documentados ocurrió en el gobierno municipal de Texcoco durante la gestión de Delfina Gómez, entre 2013 y 2015. Este no fue el único caso. En 2021, Rocío García Pérez, entonces directora del DIF, fue denunciada por exigir a sus subordinados entregar una parte de sus salarios en efectivo para un programa sin registros.
Además, en marzo de 2023, Carlos Loret reveló que quince trabajadores del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) acusaron a José Ángel Anzures Galicia de retener el 30 % de sus salarios. Anzures renunció tras la denuncia. Asimismo, Jaime Cárdenas, exdirector del INDEP, dio a conocer en una entrevista a Proceso que renunció luego de que el presidente le ordenara aportar 2000 millones de pesos para la rifa del avión presidencial.
Otra forma de la corrupción es el enriquecimiento ilícito. Esta fue una gran preocupación ciudadana, que culminó en la iniciativa de reforma conocida como 3de3 y llevó a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. A pesar de la orden presidencial de que todo su gabinete presentara su declaración patrimonial y la hiciera pública, muchos no acataron la instrucción o lo hicieron parcialmente. Diferentes investigaciones periodísticas develaron casos de personajes que incrementaron su patrimonio de forma injustificada.
Algunos funcionarios federales también enfrentaron acusaciones de enriquecimiento ilícito. Uno de ellos fue Santiago Nieto, extitular de la UIF. En 2021, la FGR abrió una investigación en su contra tras una denuncia de que su patrimonio no correspondía a sus ingresos. En 2023, fue denunciado de nuevo por participar en una red de evasión fiscal que involucra a su cuñado. Nieto negó las acusaciones y las atribuyó a una campaña para afectar su candidatura al Senado por Querétaro en 2024, que no ganó.
En 2021, la Cámara de Diputados desaforó al diputado del PT Mauricio Toledo, acusado de tener propiedades que excedían el valor de sus ingresos. Desde entonces, está en Chile, dónde la Corte Suprema rechazó su extradición a México.
La corrupción no se terminó el sexenio pasado. Las herramientas para capturar recursos públicos y emplearlos para beneficio de unos cuantos siguen siendo tan útiles como lo fueron en el pasado. Esto quedó de manifiesto con los casos documentados de pagos de privados para obtener contratos públicos, en los funcionarios de alto nivel obligando a sus subordinados a realizar “aportaciones” o con los patrimonios inexplicables de personas que se han dedicado a la política
EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES
Las irregularidades cometidas por quienes estuvieron en el poder durante esta administración generaron beneficios para sí mismos o para sus grupos políticos. Darle la vuelta a la ley, operar al margen de las reglas y abusar de las funciones públicas son algunas de las estrategias que aplicaron en beneficio propio y en desmedro de la calidad de servicios públicos que recibe el resto de la sociedad. Este tipo de abuso de poder no sólo mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones, sino que también obstaculizan el bienestar de las personas.
Una de las acciones más evidentes fue abusar de la pandemia para eliminar mecanismos de transparencia. Durante la emergencia sanitaria, las autoridades impulsaron distintos ajustes a la ley en beneficio de unos cuantos en el poder. Esto se tradujo en compras públicas a ciertos proveedores, mediante acuerdos y decretos que promovieron la opacidad y la discrecionalidad.
Las contrataciones públicas son uno de los espacios donde circula la mayor cantidad de recursos, pero también donde hay menos salvaguardas contra irregularidades. En momentos de crisis, la ley fue manipulada para favorecer a quienes estaban en el poder. Un ejemplo claro de esto es la gestión de la pandemia de covid-19. En 2020, un decreto presidencial facilitó la discrecionalidad en las adquisiciones de medicamentos y equipo médico. Esto permitió que seis dependencias del gobierno federal pudieran adjudicar contratos directamente bajo la justificación de la emergencia sanitaria y resultó en que empresas cercanas al gobierno obtuvieron contratos a precios inflados. Un caso particular sirve de muestra: el IMSS adquirió ventiladores a un sobrecosto a una empresa vinculada al hijo del titular de la CFE, Manuel Bartlett, como lo documentó MCCI. Aunque la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a esta empresa, sólo un mes después la inhabilitación fue revocada y la empresa continúa siendo proveedora del gobierno.
Las irregularidades generaron también un desabasto de medicamentos desde el año 2020 y hasta el momento, de acuerdo con organizaciones como Cero Desabasto y distintos medios de comunicación. El rezago en medicamentos y vacunas inició con los cambios en las compras consolidadas, pero durante el sexenio sufrió tres veces de cambio en la oficina responsable. Los cambios constantes, como la creación del Insabi o la participación de la oficina de la ONU para servicios de proyecto —la UNOPS—, rezagaron la compra de medicamentos.
De acuerdo con el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el problema de la corrupción en México debe ser entendido como la captura de puestos, presupuestos y decisiones públicas. Esta captura ocurre desde una posición de poder político que vulnera lo público, lo que es de todos y se refleja en malas decisiones de compras, medidas de opacidad, vulneración de derechos y debilitamiento de contrapesos.
DESVÍO DE RECURSO PÚBLICOS
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha sido uno de los principales organismos encargados de vigilar el manejo de los recursos públicos, y sus reportes han revelado las graves irregularidades en diversas áreas del gobierno. Entre 2019 y 2023 identificó irregularidades que aún deben ser recuperadas o aclaradas por 127 mil millones de pesos. Estos datos subrayan la magnitud del desvío de recursos que persiste, a pesar de las declaraciones del gobierno de haber erradicado la corrupción. Uno de los casos más emblemáticos de este sexenio, tanto por la cantidad desviada como por la impunidad con la que operó, es el de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), documentado por MCCI desde 2020.
El gobierno federal dedicó un monto importante de recursos en tres proyectos de infraestructura: el tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el AIFA. El Tren Maya ha sido objeto de múltiples investigaciones que han revelado un uso indebido de materiales de baja calidad, contratos irregulares y sobrecostos millonarios. En 2024, LatinUs documentó cómo se utilizaron materiales inadecuados para la construcción de las vías, poniendo en riesgo no sólo la calidad del proyecto sino también la seguridad de quienes eventualmente lo usarán. Además, denunció que el ejército suministró huachicol, combustible robado, para la maquinaría utilizada en la construcción del Tramo 7 del tren, lo que provocó retrasos y daños millonarios.
Por su parte, la Refinería de Dos Bocas ha estado marcada por opacidad en los contratos adjudicados, sobre todo en uno que beneficia al empresario Daniel Flores, por más de 30 mil millones de pesos. Flores era un empresario cercano a Adán Augusto López y murió en 2023 tras un accidente aéreo. Las irregularidades detectadas en la asignación de contratos y la falta de transparencia en los procesos de licitación son indicativos de cómo se han manejado estos proyectos.
El AIFA no se queda atrás en términos de irregularidades. El proyecto ha sido criticado no sólo por su utilidad limitada sino por los desvíos de recursos y los sobrecostos que han afectado su viabilidad financiera. Adicionalmente, este caso refleja los problemas de transparencia con las obras construidas por los militares, pues los periodistas apenas han logrado obtener —gracias a solicitudes de información tramitadas ante el INAI— los contratos equivalentes a uno de cada cuatro pesos que se gastaron en la obra. De lo que sabemos, todos estos contratos fueron por adjudicación directa. Sin embargo, 75 % del gasto sigue en la opacidad y no ha sido sometido al escrutinio público.
Aunque la llamada Estafa Maestra surgió en el sexenio anterior, este esquema de desvío de recursos públicos a través de triangulación entre instituciones públicas y empresas fantasma continuó operando en el gobierno de López Obrador. Entre los personajes clave de este caso se encuentran Rosario Robles, que enfrentó prisión preventiva de manera injustificada por ser considerada adversaria política y probablemente para mostrar que la lucha contra la corrupción “iba en serio”. La gran mayoría de los implicados siguen libres de investigaciones en su contra y muchos siguieron participando en la política, como Alfredo del Mazo. La plataforma Corruptómetro ha revelado la aceptación de sobornos para detener los procesos penales de algunos de los implicados.
El desvío de recursos públicos ha sido una constante a lo largo del sexenio de López Obrador, a pesar de los reiterados esfuerzos del gobierno por minimizar estos casos y proclamarse libre de corrupción. Las irregularidades en proyectos emblemáticos, programas sociales y el manejo de instituciones clave como Conade y Segalmex son sólo algunos ejemplos de cómo la corrupción sigue permeando las estructuras gubernamentales, con consecuencias devastadoras para la confianza pública y el desarrollo del país.
CONFLICTO DE INTERESES
El conflicto de interés se convierte en un acto de corrupción cuando la decisión que toma el funcionario de gobierno es en beneficio propio o de los suyos y en contra del interés público.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), en su artículo 3, fracción VI, lo define como “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”. Por ejemplo: cuando un funcionario pacta con un contratista para que le venda un predio a un precio por debajo del mercado, a cambio de que le asignen ciertos contratos.
AMLO no sólo prometió terminar con esta práctica, sino que el 13 de junio de 2019 distribuyó un memorándum que decía: “No acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados”. No obstante, su promesa de no ser igual a sus antecesores no se vio reflejada en los hechos.
El presidente que prometió prohibir el nepotismo, el influyentismo y el amiguismo terminó su presidencia dejando a su hijo, Andrés López Beltrán, como dirigente del partido en el poder. El 22 de septiembre, tomó protesta como secretario de organización del partido, junto con Luisa Alcalde como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional y Carolina Rangel como secretaria general. Todos los casos aquí expuestos comparten una característica: gozan de completa impunidad.
CONCLUSIONES
Luego de seis años y decenas de casos documentados de corrupción, es posible afirmar que no, no se cortó de tajo con la corrupción, como aseguró el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Este problema y el de la impunidad persisten con sus viejas y nuevas formas. La voluntad, si es que la hubo, no alcanzó para frenarlos. Tampoco fueron suficientes los discursos y el uso de los “otros datos”.
Las investigaciones publicadas a lo largo de estos seis años, de las cuales aquí sólo ofrecemos una pequeña muestra, pueden contrastarse con la publicación de MCCI sobre la corrupción en el sexenio de Peña Nieto. Así, es posible constatar que, para desgracia de todas y todos, estos dos fenómenos siguen más presentes que nunca. Únicamente han adquirido nuevos rostros y beneficiarios.
El inicio de un nuevo sexenio es una gran oportunidad para impulsar una nueva agenda con medidas específicas que permitan reducir el impacto que tienen los actos de corrupción en la vida pública y abatir, al menos en parte, la enorme impunidad de la que gozan. Recientemente, en MCCI presentamos 10 propuestas para combatir la corrupción, abatir la impunidad y mejorar el Estado de Derecho. Estas medidas promueven la transparencia, fortalecen los mecanismos de denuncia e investigación de delitos y mejora las medidas para vigilar el gasto público.
Las historias que aquí presentamos son las que surgieron de investigaciones periodísticas durante los últimos seis años. Pero estas no son todas las que ocurrieron. La cifra negra de INEGI —que señala que solo se denuncia uno de cada diez delitos— sugiere que la gran mayoría no son conocidas. Una de las primeras medidas que tanto el gobierno como las organizaciones de la sociedad civil debemos implementar es contar con mejores mecanismos para conocer las experiencias de corrupción de las ciudadanas y los ciudadanos.
