He leído una comunicación oficial del Instituto Nacional de Cardiología que debería alertar a los mexicanos sobre lo que está sucediendo en uno de los gigantes de la medicina pública mexicana. Quizá, por jerarquía, en todo el sector salud. Si eso pasa en una de las joyas de la corona, qué no sucederá en el reino.
El Instituto Nacional de Cardiología dice no tener presupuesto suficiente para materiales médicos, para necesidades elementales de su personal médico, entre ellas las alimenticias, y para continuar con las obras de construcción ya iniciadas. La valentía del comunicado corre parejas con su humildad y con su responsabilidad institucional.
Poner a dieta presupuestal a una institución de ese tamaño y ese prestigio requiere mucha indigencia o mucha arrogancia gubernamental. Quizá mucha ceguera también. Quizá todo junto a la vez.
Porque la interrogación sigue: si están dispuestos a hacer esto y esto está sucediendo con una de las instituciones madres del sector salud, qué no estarán haciendo con el resto. Qué niveles de carencias estará el gobierno dispuesto a dispersar sobre el ya bombardeado sector salud si está dispuesto a poner a dieta cubana al Instituto Nacional de Cardiología.
Yo no espero que el gobierno federal entienda el tamaño de este símbolo, ni que le ponga remedio. Pero espero que un doctor como David Kershenobich, que preside el sector, sí lo entienda y que dé una batalla presupuestal seria, no solo por Cardiología, sino por toda la salud pública del país, cuyo abandono y desmantelamiento de los últimos años ya es suficiente tragedia.
Esta crisis presupuestal no es un fenómeno aislado, sino el síntoma más reciente de un problema estructural que viene erosionando sistemáticamente la infraestructura sanitaria mexicana.
La falta de inversión no solo compromete la capacidad de atención médica, sino que representa un retroceso en décadas de desarrollo institucional.
Los hospitales, otrora orgullo del sistema de salud pública, hoy se encuentran en una situación de vulnerabilidad que amenaza directamente el derecho fundamental a la salud de millones de mexicanos, especialmente de aquellos que dependen exclusivamente de los servicios públicos para su atención médica.
