Fabiola Martínez y Lilian Hernández
Ciudad de México. Morena y aliados interpusieron un juicio en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para anular el reciente acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) a partir del cual interpondrá controversia constitucional en contra de un tema vinculado a la reforma judicial.
La semana pasada, el consejo general del INE determinó – por mayoría de seis votos contra cinco- acudir a la Suprema Corte de Justicia para tratar de revertir las nuevas facultades de la Presidencia del consejo.
Al mismo tiempo, en la Sala Superior están recibiendo solicitudes de juicios contra de resoluciones de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, también derivados de la reforma judicial, tanto de la convocatoria para quienes busquen una plaza de juzgadores como de los comités de evaluación propuestos para filtrar a los candidatos que al final serán sometidos al voto ciudadano.
En uno de los expedientes de recepción se lee en torno a las peticiones para que el TEPJF actúe sobre acciones de órganos no electorales:
“Omisiones del Consejo General y de las autoridades legislativas del Congreso de la Unión en la emisión de la normativa electoral y la Convocatoria Pública para integrar los listados de las personas candidatas que participarán en la elección extraordinaria de las personas juzgadoras”.
En cuanto al primer asunto, Morena y sus aliados (Verde y Partido del Trabajo) sostienen que la pretendida controversia constitucional del INE es improcedente porque la Constitución permite esa herramienta cuando se trata de invasiones directas de competencias entre órganos del Estado, afectaciones constitucionales o de derechos humanos, mientras que la promovida es un asunto de organización interna del INE, afirman.
Los partidos de la 4T alegan que los cambios impugnados parten de una reforma a la ley electoral, es decir, una atribución del Poder Legislativo, facultado para regular las instituciones electorales.
Afirman que el INE carece de legitimación procesal para impugnar la reforma a través de una controversia constitucional, por lo que solicita al TEPJF que declare improcedente el acuerdo del Instituto.
Reitera que la reforma judicial no le impide al INE realizar sus funciones ni le afecta su autonomía.
