Parte del equipo de investigación del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) relata las tácticas de obstrucción a las que se enfrentaron al consultar expedientes de la Dirección General de Archivo e Historia del Ejército mexicano. Detectaron expedientes mutilados y alterados.
Redacción / Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Por más de un año en que el equipo de investigación del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) inspeccionó y revisó diversos documentos del archivo militar, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ocultó, mutiló y alteró un número aún indefinido de expedientes que podrían inculpar a esta institución en graves violaciones a los derechos humanos durante el periodo conocido como la “Guerra sucia”.
Durante su participación en las jornadas Los Archivos y su compromiso social: Retos y reflexiones, organizado la semana pasada por el Archivo Histórico de la UNAM (AHUNAM), Alejandra López Lujano, Ildefonso Leonides Luna y Donnovan Romero Ángeles, del equipo de investigación del MEH, compartieron detalles y parte de su experiencia en la inspección de los archivos de la Sedena entre 2022 y 2023 como parte de sus tareas de esclarecimiento histórico.
La historiadora feminista López Lujano narró que luego de unos acuerdos iniciales de cooperación entre la Sedena y el MEH, se les permitió ingresar a los depósitos para detectar expedientes que resultaran de interés para sus líneas de investigación, mismos que días después podían solicitar para su revisión en sala de consulta. Esto les permitió detectar documentos que no estaban en estanterías sino en los pasillos: “Eran expedientes que estaban apilados, enormes, y lo que nos tocaba hacer era desamarrarlos y mirar expediente por expediente. Es allí donde empezamos a mirar información muy importante.”
Conforme el MEH registraba hallazgos y detectaba expedientes con información relevante para su informe, el personal a cargo de la Dirección General de Archivo e Historia (DGAH) de la Sedena comenzó a mostrar su desconcierto, en particular por tres aspectos. El primero, dijo durante su participación en las jornadas organizadas por el AHUNAM, fue su interés e insistencia por consultar la serie 118, que contiene información sobre agregadurías militares.
En sus excusas para no brindarnos la documentación decían que eso podía meterlos en problemas con estados nación de otros países. Lo cual puede ser cierto, pero la realidad es que sabemos que en esos planes está toda la planificación de la contrainsurgencia que era parte de un proyecto amplio internacional para terminar con las organizaciones comunistas, las organizaciones de izquierda. Esa es una serie que no nos dejan consultar con esta serie de excusas.
Como muestra de los documentos que consideran fueron manipulados luego del ingreso del MEH a estantería de la DGAH, describió las condiciones en que hallaron el expediente que el Ejército abrió sobre las actividades del colectivo de Presos y Desaparecidos Políticos, antecedente del Comité Eureka. Era un expediente que en la estantería observaron foliado hasta la foja 73, pero que al consultarlo en sala sólo tenía 13 fojas.
“Eso para nosotras fue alerta y la confirmación de que los expedientes estaban siendo manipulados antes de llegar a la sala de consulta. Entonces empezamos una pelea interna para evidenciar a los ojos de los archivistas que había una manipulación y que eso constituía un delito federal. También era una parte importante porque estos expedientes tenían una clasificación distinta a la que constaba en los instrumentos de consulta (catálogos) que habíamos tenido al inicio en los primeros cuatro meses. Fue más o menos un mes el que estuvimos peleando por evidenciar la manipulación que había de los archivos hasta que ya no hubo nada que hacer.”
La narración de López Lujano coincidió con la denuncia pública que el MEH hizo en octubre de 2023 en su informe Las formas del silencio y su anexo La obstrucción a la verdad, donde se detallan las incidencias y eventualidades a las que se enfrentó el personal de investigación de este mecanismo, uno de los cinco que forman la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990 (CoVEH).
Luego de meses de enfrentar la obstrucción, el equipo en campo del MEH comenzó a polemizar con el mayor director del archivo sobre lo que cada parte entendía por derechos humanos.
“Ahí empezó la disputa. ¿Realmente qué avance puede haber en un archivo que está en manos de la institución represiva del Estado? Claramente no hay una discusión posible respecto de qué son los derechos humanos para nosotras y qué son los derechos humanos para ellos. Y, pues en realidad, no es que hubiera argumentos de su parte. La última respuesta a final de cuentas es: ‘El mando mayor no permite que les entreguemos los archivos’. Esa es la razón por la que no pudimos seguir consultando.”
Finalmente, invitó a reflexionar desde la teoría feminista sobre las implicaciones que esta tarea tuvo sobre sus personas y sus cuerpos, expuestos a una relación estrecha con documentos que conservan parte de la historia violenta del país: “Obviamente dejamos de lado la experiencia personal, que también es importante nombrar. Al final fueron cuerpos que fueron a pararse a ese archivo durante un año entero, que tuvieron una repercusión en muchos sentidos y como investigadoras tenemos que asumir, pensar y replantear en esa relación con los documentos, con el archivo y nuestra relación como historiadoras.”
Por su parte, el investigador Leonides Luna expuso que el eje de las complicaciones fue una apertura simulada que se concretó en la obstrucción desde el día uno que iniciaron sus trabajos el 4 de julio de 2022.
“Ahí empezaron los trabajos del Mecanismo que se van vinculando con las estrategias dilatorias y obstrucciones que iba teniendo Sedena. Uno de los principales obstáculos era que no estaban actualizados los instrumentos de consulta (catálogos). Al momento de empezar a buscar nos dimos cuenta que había series que al parecer se encontraban, pero al momento que iban los archivistas no las encontraban; series en las que había otro tipo de información.”
La exposición de hechos que compartió parte del equipo de investigación del MEH fue durante su participación en la mesa titulada “La función social de los archivos frente a las graves violaciones de Derechos Humanos”, una de las tres sesiones de las jornadas Los Archivos y su compromiso social: Retos y reflexiones. Las otras dos mesas estuvieron dedicadas a los temas “Archivos, memoria y mujeres” y el jueves 19 de septiembre cerró con la mesa 3: “La importancia de los archivos desde una perspectiva feminista”. El evento fue transmitido en la página de Facebook del AHUNAM.
El CNI no entregó todo lo que sustrajo
La transferencia documental que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hizo entre octubre de 2023 a junio de 2024 al Archivo General de la Nación (AGN) no corresponde a todos los documentos que el personal de esa agencia pudo haber sustraído durante más de una década. Así lo refirió el historiador Donnovan Romero Ángeles durante su participación en las jornadas.
En un comunicado del 13 de septiembre, el AGN informó que en ese lapso la institución encargada de las tareas de investigación en seguridad nacional, remitió un total de 495 cajas que contienen información que pudiera estar relacionada con violaciones graves a derechos humanos. Esto ocurrió por una orden presidencial luego de la denuncia pública que el MEH hizo en las tres entregas de su informe técnico sobre las condiciones en que sus investigadores ingresaron al fondo de la Dirección Federal de Seguridad. El AGN refirió que el contenido de estas cajas está en proceso de incorporación a ese fondo para su pronta puesta a consulta del público usuario.
Durante su ponencia, Romero Ángeles describió los hallazgos del MEH en el fondo DFS del Archivo General de la Nación (AGN). Como antecedente dijo que desde 2002, fecha en que el Centro Nacional de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen, hoy CNI) transfirió el fondo, estuvo bajo custodia y resguardo de personal de esa agencia de seguridad. Mostró cómo al momento en que tuvieron acceso al Índice Topográfico, de uso exclusivo del AGN, así como a los catálogos que el Cisen entregó de ese fondo, el equipo investigador del MEH comenzó a documentar que había expedientes, fojas y fichas en el estatus de “No localizados”.
Algunos de los materiales documentales faltantes eran las fichas que la entonces Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (Dgisen) elaboró sobre las actividades públicas de Manuel Clouthier del Rincón, candidato a la Presidencia de México por el Partido Acción Nacional (PAN) en 1988. Lo mismo ocurrió con las fichas dedicadas a los primeros años del Partido de la Revolución Democrática (PRD). “Esta información era importante para el MEH porque uno de los temas que se estaba trabajando eran las graves violaciones cometidas contra las disidencias partidarias. Dentro de esas, entre 1988 y 1990 hubo muchas graves violaciones que se cometieron en contra del Partido de la Revolución Democrática”.
“Hay que decir que el CNI ha seguido incumpliendo con la entrega de documentación sobre violaciones graves a los derechos humanos. Si bien hizo un traslado hace unos días de 495 cajas, que es muy importante y valiosa porque la documentación que registramos como desaparecida quizá se encuentre allí, lo cierto es que el CNI no ha compartido nada de información posterior a 1985. Es información que por ley debería haber trasladado. En 2020 debieron enviar la documentación del 86 al 90. En 2021, la información del 91 al 95; en 2022, del 96 a 2000 y en 2023 de 2001 a 2024.”
Sostuvo que el mandato legal de esta transferencia de documentos está en el Acuerdo Presidencial de 2019, el decreto por el que se creó la CoVEH y la Ley General de Archivos.
El 16 de agosto último los comisionados Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos A. Pérez Ricart presentaron su informe Fue el Estado. 1965-1990, sobre las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas en ese lapso de la historia de México y que han nombrado “Periodo de Violencia Política”, toda vez que las agresiones de los agentes del Estado se dirigieron también a otro tipo de víctimas, no sólo aquellas relacionadas con la llamada Guerra Sucia.
